Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
El pasado 28 de mayo, ocho soldados de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) murieron tras la explosión de una mina terrestre cuando patrullaban la comunidad de El Santuario, municipio de Tocumbo, en los límites de Michoacán y Jalisco. Era parte de un operativo contra el CJNG.
Con éstos, suman ya 17 los militares muertos por minas o artefactos explosivos improvisados en poco más de un año, según cifras del propio Ejército mexicano. Es un hecho que el uso de explosivos, drones armados posiciona a los cárteles mexicanos más cerca de una fuerza terrorista que de una banda criminal. Aun así, el gobierno federal se resiste a dar el paso decisivo para reconocer a estos grupos como lo que ya parecen ser: organizaciones terroristas transnacionales.
Inteligencia militar cuenta con información suficiente para asegurar que el CJNG ha reclutado a exmilitares colombianos para fortalecer su peligrosidad. Son quienes diseñan y colocan explosivos en territorios bajo el dominio del cártel. No es un tema menor, se trata de una transferencia de conocimiento bélico que está elevando el costo humano y estratégico de los operativos militares. La colocación de minas en brechas rurales y terrenos de cultivo, permite controlar puntos elevados y limitar la movilidad del Ejército. Son tácticas bien estudiadas, similares a las empleadas por insurgencias en Medio Oriente.
Las autoridades mexicanas han respondido con recursos convencionales: vehículos blindados, despliegues tácticos, operativos por aire y tierra. Pero la realidad en el terreno exige inteligencia, adaptación tecnológica y un cambio profundo en la estrategia de seguridad.
¿Qué debería hacer el Ejército mexicano? Replantear la movilidad táctica: Las unidades que patrullan zonas de alto riesgo deben contar con vehículos diseñados específicamente para resistir explosivos improvisados, como lo hizo EU en Irak y Afganistán. Cambio el Hummer por vehículos Rhinos, con suspensiones reforzadas para mitigar explosiones. Los vehículos militares mexicanos no cumplen con estos estándares.
Las fuerzas armadas mexicanas están preparadas para operativos urbanos y rurales, pero enfrentan ahora una forma híbrida de guerra. El general Ricardo Trevilla sabe que se requiere de unidades élite, mejor adaptadas para el combate contra estructuras criminales con entrenamiento paramilitar y ya se estaría trabajando en ello.
Nuestro Ejército puede combatir con profesionalismo, pero tampoco puede ganar una guerra sin un marco legal actualizado.
El costo humano de esta guerra no declarada lo pagan, día con día, los soldados caídos, sus familias y las comunidades atrapadas entre minas, fuego cruzado y el silencio institucional. Cada explosión de mina es más que una tragedia: es un mensaje de que el enemigo ha cambiado, y que sigue avanzando mientras el Estado se queda atado a definiciones políticas que ya no corresponden con la realidad.
Reconocer que se enfrenta a un enemigo con estructura, capacidad bélica y estrategia no es una señal de debilidad, sino el primer paso para tomar decisiones de Estado. Lo contrario —seguir enterrando militares mientras se niega la naturaleza del conflicto— es irresponsable, inmoral y, cada vez más, insostenible.
A casi once años de la desaparición de los 43 normalistas, las promesas de justicia se vuelven a repetir una y otra vez. Han sido tantas como los obstáculos para no llegar a la verdad. La reciente noticia de que Rosendo Gómez Piedra, actual fiscal especial también podría ser removido, suma una página más al descrédito y la manipulación institucional.
La “verdad histórica” fabricada en el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca fue aceptada, y la llegada de López Obrador trajo consigo una promesa incumplida. Hoy, los expedientes están manoseados, las versiones fragmentadas y los actores clave liberados, pero se ofrece a los padres de los normalistas una vez más, la falsa ilusión de hallar a sus hijos vivos.
De Imaginaria. El Ejército mexicano y el Comando Norte del Ejército de EU, participarán en actividades de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 7 al 25 de julio. La presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, recibió la autorización del Senado.
