Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
El Senado aprobó la Ley de Ingresos de 2027 y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Los cambios al ISR que acompañan al paquete representan un golpe fiscal para agencias automotrices, distribuidores de alimentos y medicamentos, supermercados y tiendas departamentales, que podrían pagar más impuestos sin ganar más. Aunque se aprobó una reserva para exceptuar determinadas operaciones automotrices y actividades del sector gasolinero, su alcance fue limitado y dejó fuera a esos comercios.
Según estimaciones de la industria automotriz, alrededor de mil agencias, es decir un tercio de los cerca de tres mil asociados a la AMDA, estarían en riesgo de quiebra. Sus márgenes de utilidad se ubican entre 1% y 3%, por lo que un aumento del impuesto puede absorber buena parte del dinero que les queda después de pagar sus costos.
Una agencia puede facturar millones porque vende vehículos de alto valor, pero debe pagar las unidades, los créditos para mantener inventarios, los salarios y otros gastos. Lo mismo ocurre con distribuidores y comercios que necesitan vender grandes volúmenes para obtener una ganancia pequeña.
Por ejemplo, a una empresa que vende 100 millones de pesos y gasta 98 millones para operar le quedan dos millones antes de impuestos. Suponiendo que todos esos costos sean deducibles y sin otros ajustes fiscales, pagaría 600 mil pesos de ISR. Con el tope de 96.67% de sus ingresos, sólo podría descontar 96.67 millones. El impuesto subiría a 999 mil pesos, prácticamente la mitad de su ganancia. Pagaría 399 mil pesos adicionales por el mismo negocio.
El mecanismo comprende a determinadas empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal. La tasa general del ISR permanece en 30%, pero se aplica sobre una cantidad mayor. Para un negocio con márgenes reducidos, ese pago adicional resta recursos para comprar mercancía, renovar equipo o abrir sucursales.
El origen de esta disputa lo revelé aquí el 3 de septiembre, antes de la entrega del Paquete Económico al Congreso. En la columna “Hacienda, Slim y la batalla por los 300 mil mdp” adelanté que la dependencia a cargo de Édgar Amador preparaba restricciones a las deducciones para aumentar la recaudación. Desde los primeros borradores hubo resistencia empresarial por las consecuencias para operaciones legítimas.
Como publiqué entonces, Carlos Slim y Francisco Cervantes participaron en las conversaciones. El argumento era que un límite general podía afectar inversiones y negocios cuyos gastos elevados responden a su actividad. Slim conoce ese funcionamiento a través de Sanborns y Sears, donde una parte importante de los ingresos sirve para pagar mercancías y sostener la operación comercial.
Para Hacienda, los recursos son muy necesarios. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, estimó entre 130 mil y 140 mil millones de pesos adicionales por las medidas de control de las deducciones empresariales. Esa cifra corresponde a este mecanismo; los 300 mil millones que adelanté en septiembre formaban parte de una búsqueda más amplia de ingresos.
La dependencia sostiene que busca frenar abusos en el uso de deducciones y pérdidas fiscales que reducen la cantidad sobre la cual se paga ISR. El gobierno necesita fortalecer sus ingresos y reducir el déficit sin aumentar las tasas generales de los principales impuestos. El CCE ha respaldado el combate a la evasión, pero pide distinguir a quienes ocultan ganancias de quienes realmente obtienen rendimientos pequeños.
Las excepciones incorporadas en el Senado tienen un alcance limitado. En el caso automotriz, comprenden operaciones bajo autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación, con una salvedad para ingresos por ventas de mercancías en territorio nacional. También se incluyó a permisionarios dedicados al expendio, distribución o comercialización de gasolina y diésel.
La excepción automotriz corresponde a la industria terminal respecto de mercancías en depósito fiscal destinadas a exportación. Distribuidores de abarrotes, farmacéuticos, vehículos y tiendas departamentales permanecen fuera de esa protección.
Se prevé que las conversaciones con Hacienda continúen. Los empresarios esperan un decreto de apoyo fiscal para actividades que acrediten márgenes reducidos. El gobierno analiza la situación por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Posdata 1
A propósito de impuestos, el Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Medina Mora, propuso una reforma fiscal integral para 2028, aunque por el momento es más importante sacar adelante una negociación para eliminar o ajustar los límites a las deducciones que contempla el Paquete Económico 2027. En entrevista con EL CEO, el dirigente advirtió que la medida podría provocar pérdidas e incluso cierres entre empresas mayoristas.
La iniciativa de cambios al ISR implica a empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. El problema, explicó Medina Mora, está en aquellas cuyos costos de venta absorben entre 90% y 95% de sus ingresos. Es el caso de distribuidores de abarrotes, electrónica, tecnología, medicamentos y combustibles: el margen restante debe cubrir gastos, utilidades e impuestos. Reducir sus deducciones comprometería esa operación.
Para 2028, el CCE plantea conciliar las necesidades de recaudación con la inversión privada. Todavía estaría a tiempo el gobierno de Sheinbaum de promover una reforma fiscal estructural.
Posdata 2
La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre una iniciativa para reducir el uso de efectivo, pero dejó a Hacienda la definición de los sectores que estarían obligados a aceptar exclusivamente pagos digitales. Esa facultad concentra ahora los cuestionamientos a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Los abogados Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu advierten que determinar las actividades sujetas a esa obligación corresponde al Congreso y que delegarlo en una autoridad administrativa podría contravenir la Constitución.
Ambos señalan una posible restricción a la libertad de comercio. Los negocios tendrían que esperar las disposiciones de Hacienda y de las autoridades sectoriales para conocer el alcance de sus obligaciones.
Para las pequeñas empresas, además, está el costo. Luis Antonio Andrade León, del Colegio de la Contaduría Pública de México, advirtió que las misceláneas y otros comercios con márgenes reducidos tendrían que absorber gastos de adaptación y comisiones por cobros electrónicos. La propuesta facilitaría la fiscalización del SAT, y para los establecimientos implicaría presupuestar nuevos costos de operación.
Posdata 3
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos difícilmente traerán una reducción rápida de los aranceles al acero, aluminio y automóviles. Ebrard expuso que la razón es que esos gravámenes ya representan ingresos importantes para el gobierno estadounidense.
Las negociaciones continúan, aunque de momento no hay fecha para un acuerdo. Ebrard informó que la semana pasada dedicó varios días a reuniones sobre la agenda comercial bilateral y reconoció diferencias respecto de algunas propuestas de México. También reportó avances, aunque sin precisar qué concesiones podrían obtenerse. Sigue en vilo, la firma de renovación del T-MEC, pero cuando eso finalmente suceda, el titular de Economía tendrá más libertad para pensar en otros asuntos, como su camino hacia el 2030.
Posdata 4
Las 10 consejerías del INE acordaron por unanimidad que Blanca Yassahara Cruz García ocupe provisionalmente la presidencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Cruz llegó al Consejo General en abril, después de encabezar el instituto electoral de Puebla. Su nombramiento permite conducir al organismo mientras la Cámara de Diputados elige a quien concluirá el periodo de Taddei, previsto hasta 2032.
El consejero Arturo Manuel Chávez López aportó un dato que merece seguimiento. Aseguró que durante los seis meses que dirigió Talleres Gráficos de México detectó y denunció irregularidades, y que la Auditoría Superior de la Federación tiene al menos tres investigaciones abiertas. Describió un mecanismo denominado “capacidades ampliadas”, mediante el cual los contratos se asignaban a Talleres Gráficos, pero los trabajos los realizaban otras empresas. Es decir que todos sabían de las presuntas tranzas de Guadalupe Taddei y su red, pero no pasó nada.
En San Lázaro, los seis grupos parlamentarios aprobaron citar al contralor del INE, Víctor Hugo Carvente. El Órgano Interno de Control mantiene 16 expedientes de investigación, 11 relacionados con contrataciones públicas durante la gestión de Taddei. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que la renuncia de Taddei no la exime de posibles responsabilidades y Carvente deberá explicar el avance de las pesquisas ante los diputados.
@MarioMal
