Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
Hay algo profundamente más perturbador que la furia ciega de una multitud dispuesta a quitarle la vida a un ser humano acusado de cometer un delito: la alarmante naturalidad con la que una sociedad comienza a aceptar que semejante barbarie constituye, de algún modo, una forma legítima de impartir justicia. Cuando el castigo físico se convierte en un repugnante espectáculo colectivo y los golpes callejeros sustituyen a los códigos y los tribunales, no solamente se extingue la vida de quien cae en las garras de sus verdugos, sino que se desploma por completo la autoridad moral, institucional y política del Estado.
El reciente y atroz linchamiento registrado en el municipio chiapaneco de Ostuacán –donde una turba enardecida arrebató a dos detenidos de las instalaciones municipales para terminar asesinando a uno de ellos– constituye una expresión particularmente siniestra de este fenómeno. Es un hecho indiscutible que ambos sujetos se encontraban señalados por su presunta participación en un doble feminicidio, un crimen de una abyecta gravedad; sin embargo, por indignante que resulte la imputación, en una sociedad sujeta al imperio de la ley a nadie le asiste el derecho de suplantar la investigación judicial con una ejecución multitudinaria.
El caso adquiere una dimensión todavía más intolerable porque las víctimas del asalto tumultuario se encontraban bajo la custodia formal de las autoridades. Ya no estamos hablando meramente de una población civil desconfiada de sus jueces, sino de una muchedumbre que desafía frontalmente al poder público y logra arrebatarle el monopolio legítimo de la fuerza.
En la geografía de México, los linchamientos han dejado de constituir episodios de excepción para metamorfosearse en manifestaciones recurrentes de una fractura social profunda. Mientras organizaciones como Causa en Común han documentado centenares de casos a lo largo del país, en Chiapas el horror se ha repetido con crudeza en latitudes tan diversas como Ocosingo, Villaflores y ahora Ostuacán.
Detrás de estas estampas de salvajismo convergen patologías institucionales y sociales que rebasan con creces el ámbito de la criminalidad común. El primer factor es la profunda y corrosiva desconfianza en la justicia formal. Cuando el ciudadano común asume que denunciar un ilícito ante el ministerio público equivale a alimentar una «puerta giratoria» de impunidad, brota de inmediato la tentación reaccionaria de erigir tribunales vecinales. No obstante, sería un error convertir esa explicación sociológica en una justificación moral. La desconfianza puede ayudar a comprender la conducta de una multitud, nunca a legitimar que se torture, se queme o se asesine a una persona cuya culpabilidad ni siquiera ha sido demostrada.
La segunda dimensión radica en la mutación de la turba en una supuesta autoridad de facto. En amplias regiones, la presión colectiva doblega a policías municipales, intimida a los mandos y ejecuta sentencias al margen de toda legalidad. Conviene, por lo demás, rechazar las simplificaciones racistas que pretenden atribuir estos hechos a los usos y costumbres de los pueblos originarios; los sistemas normativos indígenas poseen un andamiaje histórico y constitucional propio, pero ninguna autonomía puede confundirse con una licencia para el homicidio, máxime cuando los linchamientos también proliferan en colonias urbanas donde la turba actúa bajo idénticos impulsos correctivos.
El tercer flanco crítico es la ineludible responsabilidad del Estado. Si un detenido bajo custodia oficial es arrancado de sus instalaciones y masacrado, el aparato de gobierno está obligado a rendir cuentas sobre las omisiones, negligencias o complicidades de sus mandos. La obligación protectora de las instituciones jamás prescribe, ni siquiera cuando el prisionero carga sobre sus hombros la sospecha del peor de los crímenes. Es precisamente frente a los delitos que mayor indignación social provocan donde el Estado debe demostrar que es capaz de actuar con firmeza inquebrantable sin renunciar un solo ápice a la legalidad republicana.
Finalmente, emerge la interrogante más incómoda de todas: ¿qué sucede después con los ejecutores? La crónica periodística suele cerrar el ciclo informativo con el anuncio protocolario de una «carpeta de investigación», pero casi nunca revela cuántos agresores fueron procesados y condenados. La opacidad institucional y la dilución de culpas entre cientos de partícipes convierten a la multitud en una coartada perfecta para la impunidad colectiva.
El desafío político que esto impone al Estado es monumental. Ninguna política de seguridad centrada exclusivamente en patrullajes o cifras optimistas de incidencia delictiva resolverá una crisis donde la gobernabilidad se mide por la capacidad de impedir que comunidades enteras operen como verdugos sumarios.
La verdadera tragedia de los linchamientos no reside únicamente en que una sociedad decida comportarse como jauría, sino en que el Estado termine resignándose a fungir como un espectador pasivo de su propia sustitución. Y cuando una comunidad asume que matar a golpes entre muchos es menos condenable que hacerlo en solitario, la pregunta fundamental que queda flotando en el aire ya no es quién cometió el crimen original, sino quién tendrá el valor político de impedir que la barbarie vuelva a repetirse.
