II PARTE
Rubén M. Lo Vuolo
…Además, se calcula que el 50% más pobre del mundo es responsable a través de su consumo de sólo del 10% de las emisiones globales, mientras que el 10 % más rico representa el 47% (Chancel y Mohren 2025). Las emisiones per cápita de una persona perteneciente al 1% más rico a nivel mundial son 75 veces mayores que las de una persona del 50% más pobre. Como esa mitad más pobre de la población mundial posee solo el 3% de la riqueza global, no tiene recursos propios para cubrirse de los daños, soporta la mayoría de las pérdidas relativas de ingresos, sufre los impactos de desplazamientos, el deterioro de viviendas y salud, etc. En contraste, el 10 % más rico posee el 74% de la riqueza global y sigue acumulando recursos para aliviar los impactos dañosos de la crisis socio-ecológica que los reconoce como principales responsables. Pese a ello, los ricos del mundo continúan decidiendo la trayectoria de la mayoría de las inversiones contaminantes que generan gran parte de sus ganancias.
El rechazo de estos grupos opulentos y sus cómplices gubernamentales a asumir pérdidas y cambiar su patrón de consumo es la principal causa del retraso en políticas para mitigar y adaptarse a la crisis socio-ecológica. Esto, pese a que sus potenciales pérdidas son proporcionalmente pequeñas en comparación con su riqueza total: se estima que en Estados Unidos el valor agregado de los activos que perderían valor por el cambio de matriz energética representa apenas el 0,4% de la riqueza neta del 10% más rico (Chancel y Mohren 2025).
Esta conducta codiciosa es más grave porque, a nivel mundial, se verifica un crecimiento de la participación en la riqueza total del sector privado. Para cerrar este cerco sobre los Estados y la mayoría de la población, se imponen costos muy elevados en relación con litigios que se deberán afrontar si se abandonan los contratos firmados para continuar con actividades contaminantes. El señalado RIGI en Argentina es un ejemplo de estas prácticas chantajistas que no sólo otorgan beneficios a privados en el presente, sino que obligan a los Estados a soportar inexorables costos económicos y sociales futuros por las cláusulas salvaguarda de los intereses de las corporaciones privadas.
Frente a este descalabro potenciado por el ascenso de gobiernos con ambiciones imperialistas y bélicas que niegan la crisis socio-ambiental, se sigue confundiendo a la opinión pública señalando que estas actividades son necesarias para el crecimiento y argumentando que el problema no es tan grave y hay tiempo para encontrar soluciones “técnicas”. No es así: ya se han transgredido seis de las nueve fronteras planetarias identificadas para evaluar la evolución de la crisis socio-ecológica (Richardson et al. 2023), por lo cual es urgente aplicar medidas drásticas para frenar la aceleración de todas las variables que llevan inexorablemente a una catástrofe de desconocidas consecuencias.
Por lo señalado, y más allá del lógico pesimismo, se impone una movilización que presione a los gobiernos y los obligue a tomar urgentes medidas que coloquen en el centro de la estrategia la relación entre desigualdad distributiva y régimen económico y social contaminante. Así, es urgente prohibir inmediatamente todas las inversiones en combustibles fósiles y otras actividades contaminantes. En lugar de subsidiar actividades contaminantes, hay que penalizar fiscalmente el contenido de carbono de todos los activos, ya sean físicos o financieros, y derivar recursos a otras actividades propias de la transición energética (Chancel y Mohren 2025). La tributación sobre activos contaminantes es incluso más justa que la que penaliza el consumo, porque la mayoría de los consumidores carecen de capacidad de decisión, información o alternativas asequibles que permitan modificar sus patrones de consumo En cambio, los propietarios de activos contaminantes pueden decidir invertir en otros activos su descomunal riqueza y de ese modo influir positivamente en la ya desesperante carrera para frenar la degradación ambiental.
Se trata de forzar el cambio de régimen económico y social. Para ello, también hay que imponer salvaguardias legales para proteger a las generaciones futuras del latrocinio que significan los costos públicos de los potenciales litigios por abandonar esas actividades contaminantes. En su reemplazo, se requiere un amplio programa para la construcción de nueva infraestructura en el sentido que reclama la transición energética: estas son las inversiones social y económicamente rentables hacia futuro.
Son muchas las medidas urgentes que complementan lo señalado y que vienen siendo propuestas desde distintas organizaciones y estudios que vinculan la actividad humana contaminante, la desigualdad distributiva y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Lamentablemente, no solo en Argentina sino prácticamente en todo el mundo, las elites gobernantes van por otro camino. Así, se sigue subsidiando actividades contaminantes para beneficio de unos pocos y en contra de la prosperidad de la mayoría de las generaciones presentes y futuras, mientras se recortan gastos sociales y cualquier promoción a actividades no contaminantes.
Argentina no es sólo un ejemplo de las consecuencias económicas y sociales de los crecientes experimentos de la extrema derecha política. También se ha vuelto un escenario dramático para entender hacia donde van las elites gobernantes y el modo en que están condicionando la vida presente y futuro.
Esta situación no deja otro camino: hay que sublevarse desde abajo contra la irracionalidad y codicia de quienes están arriba, para obligar a un cambio de este régimen económico y social contaminante. Sublevarse contra quienes se apropian de recursos comunes y amenazan la vida en nuestras sociedades ya no es una opción: es una necesidad imperiosa dada la irracionalidad y la codicia de las elites dirigentes.
