I PARTE
Rubén M. Lo Vuolo
La cumbre climática o COP 30, se acaba de realizar en la ciudad brasilera de Belém, en medio de tensiones geopolíticas y urgencias para frenar la aceleración de la crisis socio-ecológica de la que el cambio climático es su expresión más visible. Luego de tres cumbres en países productores y comercializadores de petróleo (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján), Belém era un símbolo que auguraba compromisos fuertes en políticas de mitigación y adaptación a la crisis socio-ecológica colocando a la selva amazónica y a América Latina como foco de atención de los gobiernos.
América Latina es una de las regiones donde más crecieron la temperatura y los fenómenos hidro-meteorológicos extremos. Las tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor, y sus efectos derivados, representaron “el 93% de todos los desastres ocurridos” en la región entre 1998 y 2020, período en el que los fenómenos climáticos y geofísicos “se cobraron 312 000 vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas” (OMM 2021). Los grupos más afectados son los niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65, en especial debido a las más intensas y frecuentes olas de calor (Hartinger 2023). Desde el año 2000, el número estimado de muertes relacionadas con el calor aumentó sostenidamente entre las personas mayores de 65 años en casi todos los países. Brasil, la Argentina, Colombia y Venezuela fueron los países latinoamericanos más afectados. América Latina también es la región que registra el más alto número de personas asesinadas por sus actividades en defensa del medio ambiente.
América Latina no solo sufre por las emisiones de carbono de ciertas industrias, sino también por deforestación, minería a cielo abierto, contaminación de reservas acuíferas, extracción de gas con métodos no convencionales, agotamiento de suelos por uso de agroquímicos. Estos procesos que transforman recursos naturales colectivos para beneficio de minorías opulentas, ya amenazan la disponibilidad de agua, el futuro abastecimiento energético, la salud y la inseguridad de la población, al tiempo que aumentan la probabilidad de eventos catastróficos. Asimismo, aceleran el aumento de la temperatura en el planeta.
Pese a estas y otras evidencias contundentes, la COP 30 finalizó sin compromisos para ir eliminando las actividades de extracción de combustibles fósiles y desmantelando las infraestructuras vinculadas a las mismas. Tampoco hubo compromisos para la promoción de actividades alternativas que son imprescindibles para la transición energética. Una vez más se comprobó que el destino de la humanidad y del planeta está en manos de elites gobernantes y grupos de poder privado dispuestos a desestabilizar la vida en la Tierra para continuar ganando dinero.
El propio Brasil da cuenta de ello. A pocos días de terminada la cumbre, el Parlamento brasilero rechazó la mayoría de los vetos que el presidente Lula había aplicado a la llamada “Ley de Devastación”. Estos vetos colocaban trabas a la acción de empresas contaminantes mediante el pedido de licencias ambientales, incluyendo la construcción de la autopista BR-319 entre Manaos y Porto Velho, lo cual previsiblemente acelerará la destrucción de la selva amazónica y el avance del crimen organizado. Esto pese a las catástrofes ambientales ya verificadas, como el colapso en 2015 de la represa de Fundão, en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, lo cual provocó el vertido de más de 40 millones de metros cúbicos de desechos mineros contaminando la cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico, provocando 19 muertes comprobadas y más de 600 desalojados.
Las acciones del actual gobierno argentino son otro ejemplo de esta connivencia de elites política y económicas, en tanto se empeña en promover todo tipo de actividades contaminantes, desde el aplaudido proyecto Vaca Muerta de gas no convencional, hasta
minería a cielo abierto, aumento de la degradación de suelos productivos por uso de fertilizantes tóxicos, etc. Así, el gobierno argentino lanzó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en julio de 2024 con la anuencia de legisladores y gobernadores provinciales de distintos partidos políticos. Este régimen especial de promoción establece beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años para proyectos de elevado monto en áreas de minería, hidrocarburos, infraestructura, foresto-industria, turismo, etc. Actualmente se agregó la presión para derogar la ley de glaciares y abrir todo el territorio nacional al extractivismo contaminante en todas sus variantes.
No se trata solo del gobierno nacional sino también de gobiernos provinciales; no es solo el oficialismo sino también la oposición abraza este rumbo. Así recientemente la legislatura de la Provincia de Mendoza aprobó el proyecto San Jorge Cobre, con el voto positivo de la mayoría de las bancadas. De este modo, se abre la puerta a la explotación a cielo abierto de este mineral en el valle de Uspallata. Además, se aprobó el permiso para la exploración de 27 proyectos en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II, habilitando así un protocolo para actuar en ambientes periglaciares. Estos proyectos afectan directamente la cuenca acuífera más importante de la Provincia de Mendoza, debido al previsible drenaje ácido de las futuras escombreras y otros daños. La medida desató protestas ciudadanas en defensa del agua y la integridad territorial que fueron y son violentamente reprimidas por orden del poder político.
Argentina muestra que, luego de la COP 30 y en el contexto de crecientes confrontaciones geopolíticas y caída del precio del petróleo, continuará la complicidad entre gobiernos y corporaciones para promover la extracción de combustibles fósiles, ampliar la red de gasoductos y otras infraestructuras de larga vida útil, cuya amortización no será factible porque el eco-sistema no lo puede resistir. Según el Global Energy Monitor, más de 200 proyectos nuevos o ampliados de petróleo y gas y más de 850 minas de carbón están en desarrollo o han recibido aprobación en el mundo. Además, en 2023 existían 825 refinerías y se prevé que la capacidad total de las unidades de destilación de crudo aumente en 15% para 2027. Los daños de estas infraestructuras persistirán mucho después de su eventual abandono, debido a fugas de metano y otras consecuencias dañosas. De hecho, el desmantelamiento de estas infraestructuras y su posible reconversión no está previsto en los proyectos que se siguen aprobando.
Todo lo anterior refuerza incentivos perversos que estimulan la continuidad de actividades que aceleran y profundizan la crisis socio-ecológica. En la última década, los combustibles fósiles fueron responsables del 86% de las emisiones de dióxido de carbono y las minas de carbón arrasan terrenos, contaminan las vías fluviales con drenaje ácido y liberan polvo y partículas nocivas para la vida. Así, no debe extrañar que las evidencias científicas indiquen que prácticamente ya se agotó la posibilidad de alcanzar el objetivo de 1,5°C de temperatura planetaria por encima de la registrada en épocas pre-industriales: a la velocidad que se extraían y quemaban combustibles fósiles en 2022, se estimaba que en solo nueve años más se agotaría ese margen (Malm y Carlton 2024).
Estos procesos destructivos de la vida en beneficio de los grupos más opulentos, se vinculan directamente con la creciente desigualdad económica y social: las responsabilidades, los costos y beneficios de la crisis socio-ecológica se distribuyen de manera desigual tanto entre países como dentro de ellos. De inicio, cabe señalar que la mayoría de los activos de empresas contaminantes están en manos de inversores privados en países de la OCDE, con intereses y socios en países periféricos donde realizan gran parte de sus actividades. Se estima que el 89% de la población mundial que está expuesta a inundaciones vive en países de ingresos bajos y medios…
