Cafetómano.
Bernardo Figueroa
En la geografía simbólica de Los Altos de Chiapas, donde la palabra se pronuncia con el peso de la historia y el compromiso se mide en hechos, el municipio de Huixtán fue el escenario elegido para presentar la convocatoria del Programa Nacional de Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública bajo un título que no admite ambigüedades. Hacia un México sin Corrupción. El acto, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y por el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reunió a presidentas y presidentes municipales de todo el estado frente a un mensaje que trasciende la retórica de los discursos protocolarios y se inserta en una lógica de gobierno que ha hecho de la aplicación de la ley su columna vertebral.
La convocatoria presentada en Huixtán representa una herramienta de formación técnica orientada a fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales en el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de las obligaciones administrativas y la reducción de errores que, en el pasado, derivaron en observaciones, subejercicios y, en los casos más graves, en desvíos de recursos. La coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, que encabeza José Antonio Aguilar Meza, se sustenta en un convenio de colaboración que contempla acciones de fiscalización, capacitación y asesoría permanente a los ayuntamientos. Ese respaldo institucional ofrece un acompañamiento real para que los municipios cumplan con sus responsabilidades, aunque el mensaje central del encuentro fue inequívoco en su exigencia. La capacitación entrega herramientas para cumplir, pero la responsabilidad sobre el uso correcto de cada peso público permanece intacta en la órbita de cada gobierno municipal y de cada servidor público que firma una orden de pago o autoriza una obra.
HUIXTÁN MARCA LA RUTA HACIA UN MÉXICO SIN CORRUPCIÓN
El gobernador Eduardo Ramírez ha construido un discurso y una práctica de gobierno que colocan la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de la administración estatal. Su afirmación de que el servicio público es entrega, vocación y pasión no se agota en la arenga motivacional dirigida a los presidentes municipales reunidos en Huixtán. Se complementa con una política de cero tolerancia que ha derivado en hechos concretos y verificables. En Chiapas, la impunidad que durante sexenios operó como un pacto tácito entre el poder y quienes lo ejercían para beneficio propio ha comenzado a resquebrajarse. La administración humanista que encabeza Ramírez Aguilar suma más de quinientos funcionarios públicos detenidos, una cifra que incluye a alcaldes en funciones, tesoreros, secretarios del ayuntamiento, síndicos y expresidentes municipales, todos señalados por delitos que van desde el abuso de autoridad y la extorsión hasta la usurpación de funciones, los hechos de corrupción y los presuntos nexos con el crimen organizado. Estas detenciones no constituyen un dato aislado ni un exabrupto de la coyuntura. Representan la manifestación más visible de un cambio de régimen en el que la ley dejó de ser un adorno discursivo para convertirse en un instrumento de consecuencias reales.
La contundencia de las cifras obliga a detenerse en su significado. Durante décadas, la corrupción municipal en Chiapas operó con una impunidad que se transmitía de administración en administración y que encontraba en la falta de voluntad política de los gobernantes en turno su principal garantía de continuidad. La detención de presidentes municipales en funciones, como ocurrió con los ediles de Frontera Comalapa, Bella Vista, Cintalapa y Suchiapa, rompió un tabú que parecía inquebrantable en la política chiapaneca. La Fiscalía General del Estado, bajo la conducción de José Luis Llaven Abarca, ha sostenido que no existirá consideración ni sanción tenue para quien ocupe un cargo público y que el tráfico de influencias no será un salvoconducto para evadir la rendición de cuentas.
LA PREVENCIÓN COMO ESCUDO Y LA LEY COMO CONSECUENCIA
Esa es la razón por la que el programa presentado en Huixtán adquiere una relevancia que va más allá de la capacitación técnica. La administración de Eduardo Ramírez ha entendido que la fiscalización superior y la hacienda pública municipal constituyen el terreno donde se libra una de las batallas más decisivas contra la corrupción. Un municipio que no sabe ejercer su presupuesto, que no comprende sus obligaciones en materia de cuenta pública o que no distingue entre el interés colectivo y el beneficio personal está condenado a repetir los ciclos de opacidad y saqueo que lastraron el desarrollo de Chiapas durante generaciones. La formación de servidoras y servidores públicos municipales ataca el problema desde su raíz. Dota a los gobiernos locales de las capacidades técnicas mínimas para que el gasto público se ejerza con eficiencia, para que las auditorías no encuentren un terreno fértil en la improvisación y para que la rendición de cuentas sea una práctica cotidiana y no una concesión graciosa.
El convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas se inscribe en esa lógica preventiva. La experiencia acumulada por la federación en la fiscalización de recursos federalizados transferidos a los estados y municipios constituye un acervo técnico que, bien aprovechado, puede evitar que los ayuntamientos incurran en las irregularidades que después se convierten en expedientes judiciales. La asesoría y la capacitación no sustituyen la responsabilidad de los funcionarios municipales, pero sí reducen el margen de error y elevan el costo reputacional e institucional de las conductas indebidas. Quien recibe formación para manejar la hacienda pública municipal y aun así decide desviar recursos o simular contratos no puede alegar ignorancia. La prevención y la sanción son dos caras de una misma moneda y el gobierno de Chiapas ha decidido utilizar ambas con la misma determinación.
Desde el café: El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en las oficinas de Presidencia a la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, con quien sostuvo una reunión de trabajo para abordar temas de interés institucional… Ángel Torres acompañó al gobernador Eduardo Ramírez en la presentación de la convocatoria del Programa Nacional de Formación de Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública: Hacia un México sin Corrupción, señalando que desde Tuxtla seguirá trabajando de la mano de la presidenta y del gobernador, con responsabilidad, honestidad y compromiso con las y los tuxtlecos… La titular de la Secretaría de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, sostuvo una reunión de trabajo con Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado; Jesús Oropeza, subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación de la Secretaría de Gobierno y Mediación, así como con representantes del Sindicato de Volqueteros de Chilón y el alcalde de este municipio, Mario Hernández Aguilar, para dar continuidad al diálogo permanente y avanzar en el proyecto estratégico de la carretera Palenque-Ocosingo… Tras revelarse en una investigación periodística que poseía participación accionaria en The Woods Bar, empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red del cártel de Sinaloa, Lysette Lameiro Camacho renunció a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP). Ahora sí, le quitaron la crema a la fresa.
Para terminar: “No se puede ejercer el poder sin responsabilidad; el primero sin la segunda es tiranía”. Lo dijo Theodore Roosevelt.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
