Roger Heli Díaz Guillén.
La cultura en el marco de las responsabilidades de estado como bienes y servicios culturales ha sido un tema anual en redes sociales, prensa, mesas, foros, congresos y convenciones del que han derivado inconformidades de la sociedad civil sobre lo precario históricamente del presupuesto en esta materia, destacando voces que afirman “sin presupuesto no hay cultura”; siendo tema se interés público ya que la cultura es un derecho humano y bien colectivo que requiere de presupuestos justos y necesarios basados en indicadores y parámetros reales estructurales, infraestructurales, super estructurales y; requerimientos necesarios de intervención institucional y comunitaria.
Presupuestalmente los gobiernos de México desde el 2015 en que la cultura se atiende su dimensión a nivel de secretaría de estado, lo destinado ha quedado por debajo de lo que la ONU recomienda en la Carta Cultural Iberoamericana del 2006 de por lo menos disponer del 1% que representaría aproximadamente 90 mil millones de pesos en este 2024 donde se destinó 16 mil 754 millones que equivale al 0.19% del presupuesto nacional, siendo mayor el presupuesto asignado del 2023 que fue de 20 mil 838 millones de pesos; pero por lo menos mejor al otorgado en el 2018 que fue de 14 mil 267 millones de pesos; el 2019 que fue de 13, mil 158 millones de pesos; el 2020 que fue de 12 mil 9 millones de pesos, el 2021 que fue de 15 mil 236 millones de pesos y; los 15 mil 28 millones de pesos en el 2022.
La cultura se mantiene a partir de que forma parte del imaginario colectivo de colectivos sociales y se expresa en la vida diaria, donde la nación, estados, pueblos, comunidades y ejidos, que tiene una historia de saberes documentales, estructural arquitectónico, biocultura y expresiones vivas de la cultura, que son parámetros territoriales donde convergen sociedades con formas propias de expresión (estructural); donde el pensamiento, la razón, la vida y el orden es el motor (super estructura) que mueve a la estructura, lo ordena y lo norma. Estructura que es creadora de la infraestructura que el desarrollo humano y social nos ha heredado. En este orden, la cultura es tema horizontal en la vida pública que debemos atender en su integralidad, incorporando a la institucionalidad cultural la culturalidad comunitaria donde convergen agentes culturales; instituciones comunitarias, costumbres jurídicas; espacios y territorios y; expresiones materiales e inmateriales culturales.
Un problema emergente en este contexto presupuestal preocupante es el cómo resolver el hecho de partir de lo disponible pensando en lo posible, que es 0.78 centavos de peso por cada uno de los 131.1 millones habitantes en México al 2023 según la CONAPO, que obliga a atender prioridades de su integralidad; cuya respuesta se empieza a construir a partir de identificar las necesidades reales emergentes del capital social basado en el trabajo comunitario y la sociedad civil en su relación con los derechos humanos, derechos indígenas y afro mexicanos y derechos patrimoniales colectivos, que permitirá observar estructuras operativas-administrativas comunitarias alternas a la institucionalidad cultural donde se aplica la mayor parte del presupuesto.
La cultura en México no puede atenderse destinando 0.78 centavos por ciudadano y mucho menos destinando más de 50 centavos de estos para sostener la institucionalidad cultural, investigación, promoción y difusión de la cultura. Hoy son tiempos de cambio en que emerge una nueva visión y derechos de los componentes vivos de la cultura de donde subyace la necesidad de una nueva relación institucional, estructura y visión donde el INAH debe ser un órgano centralizado en la secretaria de cultura que atienda la cultura material histórica; que exista un área que atienda el patrimonio cultural natural y/o biocultural de los pueblos, ejidos y comunidades; un área para la atención de los patrimonios culturales; su identificación, interpretación, inventario, declaratoria patrimonial colectiva, ordenanza y gobernanza, organización y gestión para el desarrollo y sostenibilidad y; un área para la sostenibilidad de la costumbre jurídica relacionada con la cultura y sus expresiones.
La cultura es marco de la educación e indicador de bienestar social; fuente de saberes y expresiones humanas que no puede considerarse únicamente accesorio de discursos políticos, sino espacios de intervención ciudadana, política, social y comunitaria donde su contenido son bienes públicos y derechos colectivos que armonizan los órdenes naturales, social, normativo y jurídicos para el desarrollo humano y social.
La cultura es tema de humanismo y orden social donde la ciudadanía debe ponerla en el interés público y de gobiernos, llamando a su atención basado en la corresponsabilidad y fortalecimiento de los derechos colectivos que de la cultura se derivan; identificando los patrimonios culturales, inventarios y sus respectivas declaratorias como propiedad colectiva de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas y; pueblos culturales llamados pueblos mágicos; trabajando en proceso de protección de las expresiones culturales que extingan el plagio cultural; sustantivamente, fortaleciendo los instrumentos normativos comunitarios que sostienen las expresiones vivas de la cultura a partir de la ordenanza y gobernanza de los pueblos y comunidades.
Invertir un peso por mexicano y mexicana al año para atender la cultura no empobrece a México ni impacta a programas de bienestar social; debiéndose considerar la atención de la cultura como la plataforma ideológica para el cambio actitudinal y aptitudinal de la nueva ciudadanía que México necesita, cuyo trabajo e inversión abona a la parte transformadora que deben considerar los programas de bienestar social, que trascienda del estómago y la necesidad al desarrollo humano necesario para la transformación que se anuncia y esperamos los mexicanos.
Nuestro gobierno ha difundido en los últimos meses la grandeza cultural y liderazgo de México de la cultura en el mundo atrayendo eventos importantes internacionales como el MUNDIACULT, que moralmente debe asumirse como compromiso de mejorar la realidad presupuestal y omisión expuesta siempre y cuando se revalore a la cultura como área estratégica de intervención social para mejorar la vida pública de México.
