Julio Romaní Cortés
Se avecinan vientos de cambio profundos para México, por ello, hoy día es obligado reflexionar sobre el significado de la justicia e injusticia en nuestro país, especialmente en Chiapas donde la injusticia social, ambiental, económica y de diversa índole, parece haber sentado sus reales, como un endemismo difícil de erradicar.
El concepto de justicia e injusticia no es algo nuevo en las sociedades, desde hace más de dos mil años ha significado una idea de profundas reflexiones y debates entre grandes pensadores y filósofos, cuyos razonamientos para fortuna nuestra y de las nuevas generaciones, aún se encuentran en textos y tratados a los que se puede acceder a través del internet.
Si bien, un hecho, una acción o un acontecimiento puede ser considerado como un acto de justicia para un individuo o un amplio sector de la sociedad, para otros podrá significar un acto de profunda injusticia, ejemplos de lo anterior no faltan en la vida cotidiana, en la política, ni en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Lo importante es saber quién califica o define la justicia, la respuesta no es sencilla, el asunto relativo a la justicia se complejiza aún más en sociedades extensas y diversas como la nuestra. La justicia si bien es un ideal al que se aspira como individuo y como sociedad, este debe ser un hecho funcional no solo una abstracción ideal.
Sin embargo, para que la justicia sea un hecho funcional, hay que transitar necesariamente por la abstracción del ideal de la justicia, ya que si no se tiene claridad respecto a lo que es justo de lo que es injusto difícilmente se podrá transitar hacia hechos funcionales sobre la aplicación de la justicia, y la aspiración sobre la misma, tan solo será una utopía perdida en el horizonte de las aspiraciones de la ciudadanía.
La historia ha demostrado que quienes ocupan y han conservado el poder usan herramientas mundanas y pragmáticas, incluidas las relacionadas a la impartición de justicia, esto no debe asustarnos ni escandalizarnos, sino comprender cómo funciona el gobierno en la vida real, o sea ver con claridad cómo de hecho suceden las cosas en la realidad y no cómo nos gustaría que fueran, o sea, ser asépticos en el análisis de como suceden las cosas, y en su caso como ciudadanos proponer modificaciones sustanciales que redunden en una mejoría en el ejercicio del poder y la impartición de la justicia.
Cierro aquí mi reflexión con respecto a la justicia e injusticia señalando que ambos hechos siempre han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, y los chiapanecos no somos la excepción, la justicia y la injusticia son caras de la misma moneda que siempre están presentes en la historia de nuestro Estado, y en la balanza esta parece inclinarse más hacia la segunda.
Hasta aquí mi humilde razonamiento sobre el concepto de justica, pasaré ahora a razonar, desde mi opinión, sobre si es necesario o no reformar el sistema judicial que hasta el día de hoy impera en nuestro país. Para lo cual me hago las siguientes preguntas: ¿de dónde proviene la autoridad del gobernante? ¿Cómo se conforman las leyes?
El momento histórico que hoy vivimos en la sociedad mexicana con relación al ejercicio del sufragio en la elección de sus gobernantes, así como la conformación de las diversas leyes que le dan forma al cuerpo jurídico, que regulan la mayor parte de nuestros actos, no se logró de la noche a la mañana.
Todo ello, proviene de diversas batallas que la sociedad mexicana ha librado a lo largo de su historia tales como la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana etcétera, que dieron luz a un contrato social, donde las disimiles capas que conforman nuestra sociedad se reunieron y debatieron a lo largo de diversos momentos de nuestra historia para tomar acuerdos que nos permitieran vivir en paz, y que ese contrato social que hoy llamamos Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos fuera una realidad.
Es evidente que los pactos se conforman por los individuos, y en el caso del pacto social la idea fundamental de los acuerdos, tienen una intencionalidad simple: se renuncia a ciertos derechos particularmente el derecho a la defensa propia, es decir ejercer la violencia y hacer justicia por mi propia mano, delegando esto a que lo haga el gobierno, y a cambio yo y el resto de los ciudadanos obtenemos seguridad, esto garantiza que ninguno de nosotros nos vamos a atacar y si tenemos algún problema o algún conflicto, tendremos que ir con la autoridad para que esta tome la decisión de quién está en lo correcto y cómo impartirá justicia.
Hoy día, una vez más en la historia de nuestra nación, el pacto social (La Constitución) se vuelve a someter al escrutinio de los expertos y de la sociedad en su conjunto, a través de sus representantes, para hacer modificaciones profundas que sin duda impactarán, para bien o para mal, no sólo a las actuales generaciones sino a las que aún están por nacer.
Están en la mira cambios constitucionales relacionadas con el Poder Judicial de la Federación, que poco se ha modificado. Cierto que modificar y reformar el Poder Judicial traerá consecuencias e impactos significativos para toda la nación, especialmente en lo relacionado a la impartición de justicia que los ciudadanos esperamos, y que por los resultados dados a conocer a través de diversos medios, así como por el propio Poder Judicial, es notorio que a la ciudadanía se le queda a deber mucho, con respecto al costo que pagamos a través del erario público por una justicia que no se ve o se ve poco, en especial para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
