Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
En Chiapas, la falta de lluvias ya no puede leerse únicamente como un problema meteorológico o agrícola, porque empieza a golpear la economía de miles de familias rurales y, con ello, a incubar un conflicto que puede adquirir dimensión social y política si la respuesta institucional resulta insuficiente, tardía o desigual.
La señal más preocupante está en la velocidad del deterioro. Entre finales de junio y finales de julio, la proporción del valor agrícola chiapaneco expuesta a condiciones de sequía pasó de alrededor de 5.6 a 31 por ciento. Esto no significa que una tercera parte de la producción se haya perdido, pero sí revela que una porción importante del campo quedó sometida, en muy poco tiempo, a condiciones que comprometen rendimientos, ingresos y posibilidades de recuperación.
El problema adquiere mayor gravedad por la propia estructura económica y social de Chiapas. Aquí el maíz no es solamente un producto que se vende en el mercado. Para miles de familias representa alimento, ingreso, semilla para el siguiente ciclo y una forma elemental de seguridad frente a la pobreza. Más de la mitad de la superficie agrícola sembrada del estado está dedicada a ese cultivo, al que se suman frijol, café, plátano, caña, cacao y una actividad ganadera que también depende de lluvias suficientes para mantener pastizales y disponibilidad de agua.
Cuando la sequía golpea esa economía no provoca únicamente una cosecha menor. El campesino pierde una parte del maíz que esperaba vender, pero también el que pensaba consumir; debe comprar alimentos que antes producía justo cuando dispone de menos recursos para hacerlo. Si además tiene ganado, necesita gastar más en alimento porque los potreros se deterioran. Y si se endeudó para adquirir semillas, fertilizantes o insumos, la deuda permanece aunque la cosecha desaparezca.
Ahí comienza una cadena que puede extenderse mucho más allá de la parcela. Una mala temporada puede obligar a vender animales, empeñar herramientas, contratar nuevos créditos, suspender estudios, reducir gastos médicos o abandonar temporalmente la comunidad para buscar trabajo. Si la familia pierde también el capital necesario para volver a sembrar, el daño deja de pertenecer a un solo ciclo agrícola y comienza a comprometer el siguiente.
Los reportes que llegan desde distintas regiones muestran que ese escenario ya no es teórico. En Costa, Soconusco y Sierra, organizaciones campesinas han estimado afectaciones en decenas de miles de hectáreas de maíz, soya, plátano, caña y potreros. En la Frailesca, una de las principales zonas productoras de maíz del estado, agricultores han advertido daños considerables y en algunas parcelas las plantas que ya no alcanzarán un rendimiento normal están siendo aprovechadas como forraje. El campo intenta rescatar lo que puede antes de asumir definitivamente las pérdidas.
Sin embargo, la parte políticamente más delicada apenas comienza. El gobierno estatal ha informado que existe cobertura de seguros agrícolas y ganaderos para atender este tipo de afectaciones. Si ese mecanismo funciona con rapidez, transparencia y cobertura suficiente, puede convertirse en un instrumento eficaz de contención económica y social. Pero si los apoyos se retrasan, resultan insuficientes o aparecen sospechas de discrecionalidad, el mismo instrumento puede terminar alimentando el conflicto.
Ningún gobierno puede ser responsable de que no llueva, pero sí puede ser juzgado por la forma en que responde cuando la lluvia falta. Esa diferencia será decisiva en los próximos meses. Si los productores perciben que las instituciones reaccionaron con eficacia, la sequía seguirá siendo fundamentalmente una emergencia agropecuaria; si descubren retrasos, exclusiones o favoritismos, el problema comenzará a convertirse en una crisis de confianza.
En este contexto, el verdadero peligro no consiste únicamente en que se produzca menos maíz o que aumente el costo de mantener el ganado. Lo políticamente explosivo aparece cuando una familia pierde simultáneamente cosecha, ingreso y capacidad para volver a sembrar, mientras observa que la respuesta pública depende de padrones, trámites y decisiones administrativas que no siempre resultan claras.
El calendario electoral agrega presión. En enero comenzará formalmente el proceso local de 2027 y en junio Chiapas elegirá ayuntamientos y diputaciones. Para entonces, la sequía de 2026 habrá dejado de ser noticia meteorológica y se habrá convertido en memoria concreta para miles de productores.
Esa memoria puede terminar expresándose en las urnas, pero antes puede hacerlo en las calles. No hace falta imaginar escenarios extremos. La inconformidad rural suele comenzar con carreteras bloqueadas, edificios públicos ocupados, marchas, plantones, presión sobre autoridades municipales y disputas alrededor de los padrones de beneficiarios.
Ahí reside el riesgo que el gobierno debería observar con mayor atención. La sequía puede enfrentarse con seguros, apoyos emergentes, créditos, semillas, alimento para ganado y mecanismos transparentes de compensación. El resentimiento acumulado, en cambio, resulta mucho más difícil de administrar.
El desafío para el gobierno de Chiapas es impedir que la falta de lluvia termine convenciendo a miles de campesinos de que, además de perder su cosecha, fueron abandonados por las instituciones.
Porque si esa percepción se extiende, la sequía habrá dejado de ser únicamente un problema del campo y comenzará a producir sus propias tormentas políticas.
