Eduardo Ruiz-Healy
Signos Vitales es una ONG que entre sus principales objetivos está “la recolección de información fidedigna e independiente sobre las variables claves de nuestra vida económica, política y sociocultural para diagnosticar, con un buen grado de certeza, el estado en que se encuentra el país”.
Hace unos días difundió su reporte titulado «El Estado Mexicano a Revisión», el cual presenta “un análisis detallado sobre los distintos poderes públicos y sociales”, examina el papel desempeñado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y evalúa a los partidos políticos, órganos constitucionalmente autónomos (OCA) y la sociedad civil organizada. Puede leerse en signosvitalesmexico.org.mx
En el resumen ejecutivo de dicho reporte, se llega a una conclusión alarmante: la fuerte concentración de poder en manos del ejecutivo federal, que parecía haberse “revertido en décadas anteriores”, aunado a la ineficiencia en la procuración de justicia, pone en peligro nuestro sistema democrático de contrapesos. Además, la nueva mayoría en el Congreso, conformada por MORENA y sus aliados, “le ha restado autonomía y capacidad representativa”, debilitando su función de control y representación. Nos encontramos “ante una subordinación casi total del grupo parlamentario mayoritario frente al presidente de la república”, y desde 2021 los grupos opositores han dedicado sus esfuerzos “a bloquear las iniciativas constitucionales” presentadas por AMLO.
El informe también aborda la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos, que se perciben como “poco representativos y corruptos”. Resulta preocupante que, a pesar de contar con un marco legal que “los fortalece como institutos políticos de interés público y les otorga enormes prerrogativas mediante recursos presupuestales públicos y acceso a medios de comunicación”, sigan manteniendo niveles mínimos de confianza.
Cuando se analiza el Poder Judicial, el reporte no escatima críticas y señala que éste “ha dejado un déficit de eficiencia y confianza casi total. En el laberinto de la justicia, no son solo los jueces, magistrados y ministros quienes tienen responsabilidad por los enormes niveles de impunidad. Está claro que las fiscalías y ministerios públicos juegan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, pero no se puede deslindar de la responsabilidad a los impartidores de justicia. Toda la cadena de procuración, administración y aplicación de justicia ha mantenido niveles de impunidad cercanos al cien por ciento, sin importar qué partido o persona gobierne el país”.
Este reporte revela la cruda realidad del Estado Mexicano. La concentración de poder, la ineficiencia en la justicia y la desconfianza hacia los partidos políticos son solo algunos de los problemas que enfrentamos como sociedad. Es fundamental que los ciudadanos y las instituciones reflexionemos sobre estos hallazgos y busquemos soluciones concretas para fortalecer nuestra democracia y garantizar un sistema de justicia eficiente y confiable.
Para lograrlo necesitamos líderes comprometidos y ciudadanos activos que exijan cambios reales.
¿Qué opinan sobre esto las cuatro corcholatas de AMLO que actualmente recorren al país? ¿Qué proponen para mejorar tan crítica situación?
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