Eduardo Ruiz-Healy
Entre enero y julio de este año, los ingresos del fisco sumaron 3.407 billones de pesos, 1% menos en términos reales que en el mismo periodo de 2025 y 95,900 millones por debajo de lo programado. El ISR disminuyó alrededor de 6% real y quedó en 1.778 billones; el IVA aumentó 9.9% y el IEPS 2%. El problema no fue el consumo, sino la menor recaudación sobre los ingresos.
Hacienda atribuyó la disminución del ISR a menores pagos por las declaraciones anuales empresariales y los pagos provisionales. Eso no prueba que haya aumentado la evasión. Una empresa puede pagar menos porque vendió menos, redujo sus utilidades, invirtió, dedujo intereses o aplicó pérdidas fiscales. También puede usar facturas falsas, pero la autoridad debe comprobarlo. Confundir una menor contribución con un delito permite presentar como evasores a quienes aplicaron la ley.
Para 2027, el gobierno quiere elevar la recaudación tributaria a 6.264 billones de pesos, 5.9% más en términos reales que el cierre estimado para 2026, sin crear impuestos ni aumentar tasas. Para lograrlo, propone limitar las deducciones y el uso de pérdidas de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal. También plantea reducir de 30 a 20% el límite para deducir intereses netos. Lo diferido podría aprovecharse en 20 ejercicios, pero el impuesto tendría que pagarse antes.
¿Por qué quiere el gobierno aplicar restricciones generales si el objetivo son las factureras? Porque limitar una deducción recauda más rápido que investigar una operación simulada. Para sancionar una factura falsa, el SAT debe identificar a sus participantes, demostrar que el producto o servicio nunca existió y sostener su acusación ante tribunales. El límite operaría sin acreditar que cada deducción diferida fue simulada. Hasta una empresa con gastos reales y documentados tendría que diferir una parte.
Una empresa con ingresos de 100 millones y deducciones legítimas de 98 millones tiene una utilidad fiscal de dos millones y paga 600,000 pesos de ISR. Con la propuesta solo podría deducir 96.67 millones y pagaría aproximadamente 999,000 pesos: 399,000 más, aunque no haya comprado una factura falsa. Algunas empresas podrían posponer inversiones, trasladar costos a sus precios, contratar menos trabajadores o recurrir a más crédito.
Las empresas con ingresos de hasta 50 millones de pesos quedarían fuera de estos límites, pero no de la fiscalización ordinaria. Podrían enfrentar revisiones y mayores costos contables si algún proveedor fuera señalado por realizar operaciones simuladas. Para conservar la deducción tendrían que acreditar que recibieron el bien o servicio. También podrían resentir que empresas grandes redujeran compras o ampliaran sus plazos de pago. Este umbral las excluye del mecanismo, no de sus posibles consecuencias.
Combatir factureras e impedir que grandes contribuyentes inventen gastos o pérdidas es indispensable. Pero la caída del ISR no prueba que todas las deducciones sean abusivas. Hacienda debe informar cuánto espera recuperar de operaciones simuladas, cuánto obtendrá al diferir gastos legítimos y cuántos casos denunciados terminan en condena. Recaudar mejor exige perseguir al evasor sin convertir al contribuyente legal en sospechoso automático.
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