Eduardo Ruiz-Healy
El 19 de junio de 2024, ante el CCE, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo: “Nuestro objetivo es que el déficit en 2025 sea de máximo 3.5% del PIB”. Aseguró también que no aumentaría los impuestos. También prometió conservar los programas sociales y disminuir considerablemente la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno sin cobrar más ni reducir esos apoyos.
Cinco meses después, en el Paquete Económico 2025, la meta aumentó de 3.5 a 3.9% del PIB. Según la cifra revisada que Hacienda presenta ahora, el déficit terminó en 4.9%. Fue menor al 5.9% de 2024, pero quedó lejos de lo prometido. Para este año se fijó en 4.1% y Hacienda calcula que se cumplirá. Faltan casi cuatro meses para saberlo.
Para 2027 se propone bajarlo a 3.9%. Es el porcentaje que debía alcanzarse en 2025 y supera el 3.5% que los Precriterios de abril anticipaban para 2027. Si se cumplen las estimaciones oficiales, la reducción será de apenas dos décimas del PIB. Habrá un avance, pero no el suficiente para afirmar que las finanzas públicas están saneadas.
Una gran parte del presupuesto está comprometida. Hay que pagar pensiones, intereses de la deuda, participaciones a estados y municipios, sueldos y servicios indispensables. También deben financiarse los programas sociales que el gobierno no puede reducir. A eso se añaden los recursos que requiere Pemex, que no genera lo suficiente para resolver sus problemas. Si no aumentan los impuestos ni se revisan esos gastos, quedan pocas partidas para reducir el déficit.
Una de ellas es la inversión pública, que en 2027 disminuirá 12.3% real. Recortarla permite gastar menos de inmediato, pero tiene consecuencias. Menos inversión en infraestructura reduce las posibilidades de aumentar la productividad. Sin mayor productividad, la economía crece poco, se generan pocos empleos formales y la recaudación aumenta lentamente. Se intenta corregir el déficit reduciendo uno de los gastos que podrían generar más ingresos en el futuro.
Pemex dificulta más el ajuste. El Ramo 18 Energía recibirá unos 182,000 millones de pesos menos, pero la petrolera podrá contratar alrededor de 255,000 millones de deuda neta. El gobierno federal también podrá refinanciar obligaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad dentro del límite aprobado. El apoyo directo disminuye, pero las necesidades financieras reaparecen bajo otra forma.
El problema acumulado se observa en la deuda pública. Hacienda calcula que aumentará de 54.7% del PIB en 2026 a 55% en 2027 y llegará a unos 21.85 billones de pesos. La Iniciativa de Ley de Ingresos explica parte del aumento: de los 10.64 billones que podrá ejercer el gobierno, 1.48 billones procederán de financiamientos. Aunque el déficit disminuya dos décimas, la deuda seguirá creciendo como porcentaje de la economía.
La presidenta Sheinbaum tiene razón al buscar una reducción gradual que no afecte programas esenciales ni provoque una contracción económica. También deberá reconocerse el 4.1% previsto para 2026 si finalmente se alcanza. Pero reducir el déficit exige más que modificar las metas cada año. Mantener todos los compromisos, seguir financiando a Pemex, recortar la inversión y no aumentar los impuestos no es una solución que pueda sostenerse durante mucho tiempo.
Twitter: @ruizhealy
ruizhealytimes.com
