Eduardo Ruiz-Healy
El Índice de Estado de Derecho 2022 elaborado por la ONG World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP) mide el estado de derecho en 140 países y puede verse en worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
Los países mejor clasificados en el índice son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos.
Estado de derecho es, para el WJP, “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”.
La ONG advierte que su deterioro debe causar preocupación en todos los países porque puede tener una serie de consecuencias negativas, entre ellas: Aumento de la delincuencia y la violencia, disminución del crecimiento económico, acceso reducido a la justicia, aumento del malestar social y erosión de la confianza en el gobierno
El Índice mide el estado de derecho en ocho áreas: restricciones al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal.
Estos son algunos de los hallazgos clave del Índice 2022: 1: El estado de derecho ha disminuido a nivel mundial por sexto año consecutivo; 2. El deterioro del estado de derecho es más pronunciado en los países afectados por conflictos y fragilidad; 3. El declive del estado de derecho es evidente en países con altos niveles de corrupción y desigualdad; 4. El declive del estado de derecho es una amenaza para los derechos humanos, el desarrollo económico y la estabilidad social.
Para el WJP, varios factores han contribuido al debilitamiento del estado de derecho, entre ellos: 1. El auge del populismo y el nacionalismo; 2. La erosión de la confianza en las instituciones; 3. La mayor polarización de las sociedades; 4. La creciente amenaza de la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia transnacional
México ocupó el puesto 115 de 140 países en el Índice, abajo del 113 en 2021, y en cada una de ocho áreas medidas ocupó los siguientes lugares: 102 en restricciones al poder del gobierno, 134 en ausencia de corrupción, 44 en gobierno abierto, 91 en derechos fundamentales, 130 orden y seguridad, 104 en aplicación de regulaciones, 131 en justicia civil y 128 en justicia penal.
Los resultados para nuestro país reflejan una indiscutible realidad: quien quiera puede violar lo que ordenan la Constitución y las leyes, la mayoría de las veces con absoluta impunidad.
El WJP recomienda al gobierno mexicano diversas medidas para mejorar el estado de derecho en el país. Entre ellas: 1. Fortalecer los controles y equilibrios sobre el poder del gobierno; 2. Adoptar medidas enérgicas contra la corrupción; 3. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno; 4. Proteger los derechos fundamentales; 5. Reducir la delincuencia y la violencia; 6. Hacer cumplir las regulaciones de manera más efectiva; 7. Lograr que los sistemas de justicia civil y penal sean más justos y eficientes.
Estas medidas las podría haber tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no quiso, pudo o supo cómo hacerlo en esta era de la 4T. Le tocará ahora esa tarea a quien lo suceda en el cargo.
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