El regalo de reyes. La función pública
Carlos Matute González
En toda sociedad moderna, hay un grupo de individuos miembros de ésta, que son relativamente pocos, que se distinguen del resto en razón a que poseen una inclinación a contribuir con su trabajo personal a las causas colectivas, una vocación de función pública, que los impulsa a dedicar su vida al ejercicio de las tareas gubernamentales en forma subordinada al poder político y la ley. Cuando esto sucede es un regalo de reyes que se debe renovar permanentemente cada año.
A este núcleo de personas se les llama funcionarios o servidores públicos, que se preparan en las más diversas disciplinas y se incorporan al trabajo en todo tipo de actividades que van del ejercicio de la autoridad (poder de policía, procuración y administración de justicia o milicia, entre otros) hasta la prestación de servicios de salud, educación, asistencia social y una infinidad de actividades de contacto directo con la población, en los tres niveles de gobierno, entre los que se establecen infinidad de relaciones entre entes públicos y privados, en una red institucionalizada en lo Federal (nacional), entidad federativa (local) y municipal-demarcación territorial (micro-local).
El signo distintivo de estas personas es que tienen una condición jurídica distinta al ciudadano común, sometida al derecho público y debieran tener la convicción de que ese estatus especial los compromete con los fines más altos de la sociedad y que están obligados a contribuir a que la función estatal de imponer un orden democrático y justo se ajuste a los valores fundamentales de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Los servidores públicos desarrollan una actividad técnica-instrumental permanente y continuada con la finalidad de que las entidades públicas gubernamentales o no gubernamentales en las que laboran cumplan con las atribuciones que el orden jurídico les otorga con base en un mandato constitucional que los constriñe a llevar a cabo una actuación dentro de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Los servidores públicos de carrera, ya sea formal o informal, en cualquier nivel, operativo o de mando, constituyen un cuerpo que busca, en menor o mayor medida, la profesionalización como medio para cumplir con su función de aportar en la consecución del interés público.
La función pública, desde la reforma constitucional del 1982 del Título IV de las Responsabilidades de los servidores públicos, se extiende a cualquier persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y los órganos que gocen de autonomía constitucional sin importar la naturaleza “modesta” de las atribuciones que lleve a cabo conforme al perfil de puestos o las obligaciones que la normatividad le asigne. Destaco que no se incluye al Poder Judicial de la Federación en esta extensión de los alcances del concepto. En terminología más precisa es correcto afirmar que los servidores públicos operativos o de mando deben cumplir con un régimen especial de derecho público.
La función pública es un concepto jurídico-administrativo amplio, que se regula desde diversos enfoques y propósitos y se desarrolla a través de políticas públicas, que son las estrategias de la acción del gobierno en cuyo diseño deben participar la sociedad y los grupos sociales a quienes van dirigidas.
La profesionalización es un medio para mejorar la efectividad de los gestores de lo público -gubernamentales y no gubernamentales- y es una estrategia que permite que las organizaciones hagan uso óptimo de las capacidades y talentos de las personas que la integran y, en ese sentido, es una política pública que pretende que exista un modelo de gestión de recursos humanos que considere la planeación de necesidades del personal, el reclutamiento, la selección, los mecanismos de desarrollo, compensación, retención y separación de los servidores públicos.
En ese sentido, la función pública es más que el servicio público entendido como la atribución del Estado para conseguir el interés general, más que la responsabilidad administrativa, más que la actividad del Estado, más que el puro ejercicio del poder y es más que la regulación de las políticas públicas.
La función pública es el revestimiento jurídico que legitima al ejercicio del poder concedido al gobierno, los jueces, los legisladores y los órganos que gozan de autonomía y que en un Estado constitucional de derecho no se limita a la aplicación de la Ley, sino que incorpora los principios derivados de la democracia y la libertad en sus múltiples vertientes.
Que el regalo de reyes del 2022 sea una función pública más comprometida y reconocida por sus dirigentes, quienes requieren de su apoyo para llevar a cabo sus proyectos políticos y que ésta profundice en sus procesos de profesionalización y en la selección de los mejores, no sólo los leales, para cumplir con las encomiendas establecidas en la Constitución.
