Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
La propuesta presidencial para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensifique la supervisión sobre sindicatos, gobiernos estatales y municipios no crea nuevos impuestos ni elimina exenciones; busca comprobar si quienes ya tienen obligaciones fiscales realmente las cumplen.
La diferencia es políticamente relevante. Durante años, el debate tributario mexicano se concentró en cuánto cobra el Estado. Ahora la pregunta se desplaza hacia quién retiene, quién entera, quién reporta y quién ha podido transitar por zonas de fiscalización débil gracias a su peso político, corporativo o territorial.
El caso de los municipios permite entender el alcance. Un ayuntamiento puede descontar el Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores y, sin embargo, retrasar o incumplir su entero al SAT. El empleado ya pagó; el dinero salió de su salario, pero si no llega al fisco, el problema deja de ser una simple deficiencia administrativa. A ello se suman nóminas mal timbradas, comprobaciones incompletas y adeudos que sobreviven a los alcaldes y terminan convertidos en herencia para la siguiente administración.
Por eso resulta improbable que gobernadores y presidentes municipales se opongan abiertamente. Nadie quiere aparecer defendiendo el derecho a no ser auditado. La resistencia será más sofisticada y se expresará en nombre del federalismo, la autonomía financiera, la gradualidad y la seguridad jurídica.
Los gobernadores opositores tendrán además un argumento políticamente rentable: advertir que una auditoría fiscal puede convertirse en mecanismo de presión desde el centro. Los oficialistas probablemente respaldarán públicamente la medida, aunque es previsible que busquen reglas de regularización, plazos y criterios que eviten incendios en sus propios municipios.
Con los sindicatos el conflicto será todavía más delicado. Una fiscalización efectiva puede reducir espacios de opacidad, pero también revive una vieja discusión mexicana: dónde termina la vigilancia legítima del Estado y dónde comienza la intromisión en la autonomía sindical.
El punto decisivo no será, entonces, si el SAT puede revisar obligaciones fiscales, sino cómo seleccionará a quienes revise. Una auditoría sustentada en indicadores objetivos de riesgo puede presentarse como política de transparencia; sin embargo, una fiscalización concentrada en un sindicato incómodo, un alcalde opositor o un gobernador enfrentado con Palacio Nacional sería interpretada inmediatamente como castigo político.
Ahí está una de las debilidades potenciales de la propuesta. Mientras mayor discrecionalidad conserve la autoridad para determinar objetivos y profundidad de las revisiones, mayor será la sospecha de utilización política. Por eso la eficacia del programa dependerá tanto de las facultades concedidas al SAT como de la transparencia de sus criterios.
En el Congreso, el problema principal tampoco parece ser el número de votos. Morena y sus aliados cuentan con fuerza suficiente para aprobar legislación ordinaria. La negociación comenzará cuando alcaldes, gobernadores y dirigentes sindicales descubran cómo podría afectarles personalmente la nueva vigilancia fiscal.
Entonces aparecerán los intentos por introducir candados, programas de autocorrección, límites a las revisiones y garantías de respeto a la autonomía sindical y al federalismo. La reforma enfrentará así una paradoja: si queda demasiado acotada, puede terminar como gesto político; si conserva dientes suficientes, afectará intereses con capacidad real de presión.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que México puede aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, siempre que combata evasión, elusión y privilegios. Pero esa promesa obliga a llevar la fiscalización más allá de empresarios y factureras.
Si el objetivo es cobrar mejor lo que ya existe, también habrá que revisar a gobiernos, municipios y sindicatos.
Ese es el punto políticamente incómodo de la propuesta. Perseguir al evasor abstracto siempre produce consensos. La verdadera prueba comienza cuando el SAT toca la puerta de quienes, además de obligaciones fiscales, tienen poder.
