En el cruce del camino
Fernando Castellanos Cal y Mayor
El 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos se dirigió al Congreso en sesión conjunta —es decir, con senadores y representantes reunidos en el mismo pleno— para pronunciar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión. Se trata de una práctica constitucional que funciona como balance anual de gobierno y definición de prioridades nacionales. Más que un trámite político, es un momento en el que el presidente fija el rumbo del país ante los tres poderes y, en buena medida, ante el mundo.
El Estado de la Unión puede entenderse, para el lector mexicano, como el equivalente funcional del informe de gobierno. La diferencia es institucional. En Estados Unidos el mensaje se emite ante el Congreso dentro de la lógica de contrapesos y con oposición presente; en México, históricamente, ha sido un acto del Ejecutivo hacia la nación. La comparación ayuda a ubicarnos, aunque los sistemas sean distintos y los tonos también.
Al escuchar y leer el discurso de Donald Trump este año, queda claro que Estados Unidos sigue moviéndose hacia una lógica más centrada en su interés nacional inmediato. No es un viraje súbito ni improvisado; es la consolidación de una tendencia. La idea de fondo es sencilla: la apertura global es válida en la medida en que fortalezca primero a la economía y a la seguridad estadounidenses.
Conviene reconocer que esta postura tiene fundamentos domésticos comprensibles. La globalización generó prosperidad agregada, pero también deslocalización industrial, desigualdad regional y dependencia de cadenas externas. Para amplios sectores estadounidenses, recuperar manufactura, energía y autonomía productiva no es ideología; es seguridad económica. En ese sentido, el enfoque soberanista de Trump conecta con una demanda política real dentro de su país.
También es cierto que reforzar producción interna y relocalizar industrias estratégicas puede fortalecer resiliencia nacional. Las disrupciones globales recientes —desde la pandemia hasta las tensiones geopolíticas— evidenciaron que la eficiencia sin redundancia puede volverse vulnerabilidad. Desde esa óptica, el giro hacia autosuficiencia relativa y control de sectores críticos tiene lógica estratégica.
Ahora bien, el soberanismo económico también trae costos. Los aranceles amplios pueden proteger sectores, pero encarecen insumos y generan fricciones comerciales. La ampliación del margen presidencial en política económica puede dar rapidez decisoria, pero tensiona equilibrios institucionales. No son objeciones ideológicas; son tensiones inevitables en cualquier estrategia de repliegue selectivo.
Estados Unidos no está retirándose del mundo. Está redefiniendo su relación con él. La globalización no desaparece; se subordina al interés nacional. Es un desplazamiento desde el liderazgo normativo hacia una lógica más transaccional. Ese cambio de reglas es, quizá, el dato más relevante del discurso.
Hubo además un elemento que, leído con atención, dice mucho sobre la agenda estadounidense: la reiterada mención a México en distintos pasajes del mensaje. No fueron referencias protocolarias ni marginales. La frecuencia y el contexto en que apareció México muestran que, en la visión estratégica expuesta por Washington, la relación bilateral se ubica simultáneamente en el plano económico, migratorio y de seguridad. Cuando un país es citado varias veces en un Estado de la Unión, es porque ocupa un lugar central en la conversación estratégica estadounidense.
Para México, este enfoque abre oportunidades y exigencias al mismo tiempo. En el lado positivo, la relocalización industrial puede consolidar al país como plataforma manufacturera clave de América del Norte. El nearshoring responde a una necesidad estructural de Estados Unidos: producir más cerca y con socios confiables. México tiene ventajas evidentes —proximidad, tratado vigente, integración productiva— que pueden traducirse en inversión y empleo si se aprovechan con inteligencia.
Este proceso no es coyuntural. Responde a una reorganización económica más amplia en la que Estados Unidos busca reducir dependencias externas críticas. En ese contexto, México ofrece condiciones que pocos países pueden replicar: cercanía geográfica, interconexión industrial y complementariedad productiva. Desde esta perspectiva, el soberanismo estadounidense puede traducirse, paradójicamente, en mayor regionalización económica norteamericana.
Pero la reiteración de México en el discurso también revela otra dimensión que conviene mirar con realismo. Cuando un país aparece de forma recurrente en la narrativa estratégica de otro, suele ser porque ocupa simultáneamente el papel de socio necesario y de preocupación estructural. En la relación con México, la dimensión de seguridad fronteriza y estabilidad regional sigue formando parte de la percepción estratégica estadounidense, aun dentro de un marco de cooperación económica profunda.
En la nueva lógica norteamericana, seguridad y economía regional se entrelazan. La cooperación productiva convive con exigencias en temas sensibles. La integración económica no elimina percepciones de riesgo; coexiste con ellas. Entender esa dualidad es esencial para evitar lecturas simplistas de la relación bilateral.
Aquí es donde México necesita mayor claridad estratégica. No basta con reaccionar a Washington ni confiar en inercias del tratado comercial. México debe articular con mayor precisión su propio interés nacional frente al nuevo paradigma estadounidense. Y eso pasa, sobre todo, por decisiones internas.
En la lógica actual de Estados Unidos, la confianza estratégica será determinante. Quien ofrezca certeza jurídica, seguridad logística y estabilidad regulatoria atraerá inversión. Quien no, quedará desplazado dentro de la misma región. La competencia no será entre México y Estados Unidos, sino entre México y otros posibles socios de Estados Unidos.
Por ello, el país debería plantearse con mayor firmeza tres prioridades. Primero, consolidar Estado de derecho y seguridad interna como condiciones económicas, no sólo sociales. Segundo, invertir en infraestructura energética y logística que permita absorber relocalización industrial. Tercero, proyectar una política exterior pragmática que combine cooperación con definición clara de intereses propios.
Desde una lectura estratégica de la relación bilateral, el hecho de que México haya sido mencionado reiteradamente en el Estado de la Unión confirma su posición central en el rediseño regional que Estados Unidos está impulsando. La cuestión no es si México está en la agenda estadounidense —claramente lo está—, sino en qué términos y con qué capacidad propia de incidencia.
El Estado de la Unión de 2026 no anuncia ruptura con el mundo, sino una recalibración estadounidense hacia mayor autocentrismo estratégico. Ese giro puede fortalecer a América del Norte si se gestiona con inteligencia regional. Pero también puede profundizar asimetrías si México no fortalece su propia base institucional.
Estados Unidos está privilegiando su interés nacional. México necesita hacer lo propio con igual claridad, capacidad institucional y visión de largo plazo.
Ahí es donde verdaderamente se encuentra el cruce del camino.
