Fiscalía General y el Ministerio Púbico en Chiapas

Fiscalía General y el Ministerio Púbico en Chiapas

Por la Conciencia

Dr. Roger Heli Díaz Guillén

  • Transformación con sentido social basado en la confianza, eficacia y eficiencia

Hoy son tiempos de cambios en Chiapas basado en la recuperación de la seguridad y consecuentemente confianza ciudadana a su gobierno e instituciones; que como ya destacamos en artículo anterior hoy observamos el crecimiento de denuncias de delitos que históricamente desde el 2018 traían un decremento significativo, no porque dejaran de existir delitos sino por la falta de confianza; hablando estos datos de la recuperación de la confianza ciudadana en el gobierno, que dejan a las instituciones responsables de atención en la responsabilidad de dar resultados transformándose y adecuándose al trabajo con humanismo y resultados que ordena la política pública.

En esta idea, partimos del reconocimiento que la apatía, la corrupción, negligencia, falta de valores y principios aplicados en el actuar; falta de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, han llevado al diagnóstico existente de la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados que representan más del 94%; el alto índice de Registros de atención que no concluyen en Carpetas de Investigación; el bajo índice de Carpetas de investigación que logran judicializarse y; el alto índice de Carpetas judicializadas en juicios con sentencias adversas a las pretensiones del derecho protegido; a los que se suman tiempos excesivos de respuesta y atención que no son normados institucionalmente.

Esta realidad debe llevar en sentido autocrítico a que el diagnostico necesariamente de partir su atención de los que ejercen el ministerio público, para razonar los escenarios de debilidad y amenazas con el que desarrollan su actividad, delimitando e identificando las acciones necearías para fortalecer el escenario de fortaleza del equipo y de sus integrantes en el plano de sus responsabilidades, en la búsqueda de la eficacia y eficiencia; donde necesariamente debe considerar un modelo único de estructura operativa básica que rompa con lo heterogéneo de la integración actual de las fiscalías en el territorio estatal; identificar la falta de un sistema informático digital que establezca tramos de control, tiempos y formas de atención de asuntos por materia del derecho y acciones básicas del servicio; que permita no acumular rezagos de atención y facilite un proceso operático subsecuente de: atención-justicia alternativa jurisdicción. en casos-investigación-judicialización.

Lo anterior es posible si la búsqueda de medición de resultados se vincula con un programa integral de capacitación y formación especializada y al servicio profesional de carrera de los fiscales del ministerio público como mecanismo de estímulo y parámetro de evaluación, así como a las disposiciones de la ley y reglamentos; haciendo necesario el trabajar en el fortalecimiento del marco jurídico y normativo de la fiscalía general conformando un equipo de trabajo integrado por juristas y/o conocedores del derecho y ejercicio de la procuración de justicia; que propongan reformas o adiciones a la Ley orgánica de la fiscalía de Chiapas y su reglamento basados en el diagnostico resultado de un primer trabajo con fiscales del ministerio público ya expuesto mediante una jornada de talleres participativos-reflexivos; así como en la perspectiva de control y seguimiento de los asuntos de la fiscalía mediante un sistema informático digital.

En la perspectiva expuesta es sugerente revisar en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado lo relativo a las facultades de los fiscales del ministerio público precisados en el artículo quinto, vinculando su responsabilidad a la justicia alternativa en asuntos específicos de delitos y al reporte informático de la actividad diaria o temporal, vinculado el trabajo al servicio profesional de carrera considerado en los articulo 23 al 47 de la citada ley; así como los artículos 12, 13 y 14 relacionados con las facultades fiscalía general; entre otros no menos importantes. Es decir, la idea central es eficientar los servicios a partir de regular formas, tiempos, seguimiento y evaluación al quehacer en las fiscalías del Estado; homologando las estructuras operativas básicas y cargos en idea de composición mínima necesaria: Fiscal de Distrito; administrador, enlace informático, Fiscales del Ministerio Público; Ministerio público de Investigación; asistentes técnicos de investigación; ministerio público de judicialización y representación legal; asistente jurídico de judicialización; enlace de servicios periciales y Policía Ministerial. La perspectiva expuesta de fortalecimiento del ministerio público como institución de servicio social de orden público y estado de derecho, hace necesario destacar la importancia de revisar y reformar la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Chiapas que originalmente en el 2012 consideró al ministerio público en trece ocasiones en su articulado y; después de la reforma del 2012 únicamente se menciona en tres ocasiones, excluyéndolo de los mecanismos alternativos de justicia, al ser exclusivos asuntos que devengan de órganos jurisdiccionales y no de los fiscales del ministerio público; lo que resulta entender que el ministerio público es concebido como “la inquisición” o el “justiciero”, dejando observar el humanismo necesario en la procuración de justicia cuando la reparación del daño es materia de la solución de controversias en vías alternas no jurisdiccionales; descartando la ley en la materia de la intervención del ministerio público en asuntos que pueden conciliarse o resolverse mediante el dialogo, la razón y el entendimiento de las partes y no propiamente mediante la judicialización. En conclusión, consideramos que la recuperación de la confianza ciudadana en los primeros siete meses del 2025 en Chiapas es una ventana de oportunidad para la procuración de justicia, que tiene la responsabilidad moral y política de dar resultados con eficiencia y eficacia en este gobierno que concluye el 2030; teniendo enfrente una maquinaria operativa que debe redireccionar su actuación a partir de un ejercicio crítico y estrategia de intervención integral sobre lo que ya se aportaron “ideas generadoras” que necesariamente deberá considerar y resolver las siguientes preguntas generadoras: ¿Cómo recuperar y fortalecer la confianza ciudadana bajando el índice de “cifra negra”?; ¿Cómo atender con eficiencia y eficacia las denuncias recibidas?; ¿Cómo controlar, medir y evaluar la atención de denuncias?; ¿Cómo aplicar una reingeniería administrativa a los proceso de atención? y; ¿Qué fortalecer en el marco jurídico sobre el quehacer de las fiscalías del ministerio público, evaluando el presupuesto necesario

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *