Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
La promoción e impulso a la libertad de expresión cultural, innovación y el rescate de la identidad cultural con el ingrediente comercial observado en tiempos de transición de gobierno están marcando el rumbo del interés social y gubernamental por atender a la cultura basados en los derechos culturales dispuestos por la ley en la materia del año 2017; el cual concede libremente la disposición de los patrimonios culturales colectivos de pueblos y comunidades a partir del derecho manifiesto de la identidad cultural que el ciudadano elija, bajo la consideración que el estado y nación se asumen constitucionalmente dueños de estos patrimonios colectivos considerado propiedad de interés público.
El uso comercial de los patrimonios culturales de los pueblos inicia en su vinculación con la política turística donde se promueve el comercio de esparcimiento en espacios territoriales con contenido cultural, generando derrama económica comercial de la población; continuando este proceso con el tema del plagio cultural de empresas como cervecería que hiso uso comercial de la imagen del Parachico que es patrimonio mundial inmaterial y de los Voladores de Papantla que demandaron a la empresa; además de la industria de la moda internacional que se ha apropiado del patrimonio textil y bordado indígena; sin dejar de comentar el mercado digital donde vemos que se comercializa mascaras tradicionales de pueblos de México alterando su identidad y causando daño moral y económico a los dueños colectivos de patrimonios culturales afectados como el pueblo cultural Chiapa de Corzo y la comunidad indígena de Aguacatenango del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, entre otros.
La industria cultural irregular a iniciado su ampliación con la intervención ciudadana que en últimos tiempos ha despertado mucho interés, observándose en Chiapas que muchos ciudadanos y ciudadanas sin regulación alguna están haciendo uso del video en redes sociales y aplicaciones digitales para exponer información tergiversada y poco sustentada relacionado con el patrimonio cultural; apropiándose de las expresiones culturales comercializando su transmisión y sostenibilidad mediante cursos y compra-venta de expresiones culturales en redes sociales; que nos llevan al dilema de que sin afectar libertades resulta necesario buscar puntos de equilibrio entre los derechos individuales culturales reconocidos en el año 2017 y los derechos culturales patrimoniales como propiedad colectiva de pueblos culturales, pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas reconocidos en el año 2022.
En este dilema expuesto cabe preguntarnos ¿Qué implicaciones tiene el que a los pueblos indígenas y afro mexicanos se les reconozca como sujetos de derecho público relacionado con la tierra, territorio y cultura?, siendo sustantivo abonar que a diferencia de la lucha por la tierra en Brasil, Colombia, Perú; en México el derecho sobre la tierra de estos pueblos y comunidades esta amparada como propiedad social en las modalidades de ejido y comunidad cuya forma de propiedad esta representada por un comisariado y un consejo de vigilancia; desconociendo las formas de representación de pueblos el marco legal agrario y la categoría jurídica de territorios, patrimonio cultural y natural.
El reconocimiento de la personalidad jurídica de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas trae aparejado no la propiedad de la tierra sino la definición de territorios y sus alcances jurídicos que consideren los derechos sobre los componentes como el patrimonio cultural y natural y el orden comunitario expresado en formas de ordenanza y gobernanza comunitaria. Es decir, el hecho que los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas se asuman como sujetos de derecho implica reconocer un nivel más de organización de formas de organización, gobierno y territorio que regule en armonía con el derecho nacional e internacional los patrimonios culturales y naturales colectivos.
La industria cultural es un tema que debe regular el derecho nacional y estatal como actos de protección a los derechos humanos colectivos. El daño moral y económico es evidente y creciente. Es una prioridad social y gubernamental su atención.
