Isidro H. Cisneros
El intenso debate sobre el papel que debe desempeñar la oposición política representada en la coalición “Va por México”, es relevante porque involucra el futuro de nuestra democratización. Las elecciones de Estado que se preparan para los procesos de Coahuila y del Estado de México en 2023 y para las presidenciales de 2024, obligan a la oposición a reflexionar sobre las estrategias necesarias para incorporar a los ciudadanos en un proyecto que hasta ahora los ha dejado al margen. Frecuentemente se afirma que un régimen es democrático cuando sus ciudadanos pueden formular libremente sus preferencias, asociarse, expresarse y sufragar sin limitaciones. Cuando votan expresan su simpatía o rechazo respecto de las diferentes alternativas que compiten por el apoyo popular. Incluso, la democracia es más robusta cuando mayor es el número de ciudadanos críticos que expresan pacíficamente su disenso. Por otra parte, cuando la oposición se diluye, se debilita el esquema democrático de pesos y contrapesos. El proceso que sigue un régimen político para escuchar y reconocer a sus opositores constituye el principal indicador que permite distinguir entre un régimen democrático y otro autoritario. Sin oposiciones la democracia se extingue.
La oposición proyecta el derecho ciudadano de disputar el poder político para incidir en la toma de decisiones. En los regímenes no democráticos, como afirmaba el politólogo español Juan Linz, la oposición al gobierno no puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos, ni enfrentarlo en elecciones libres e imparciales. En estos sistemas la oposición tiene un desempeño más difícil, menos espacio, así como mayores frustraciones y por lo tanto, está obligada a presentarse como una alternativa anti-sistema. Por el contrario, en una democracia consensual se permite que la oposición desarrolle espacios políticos compartidos. Mantener una oposición por la oposición misma como proponen algunos partidos, proyecta la idea de una fuerza política ineficaz cuyo fin único es permanecer siempre como una oposición, es decir, como una fuerza que no pretende involucrarse ni en la acción del gobierno, ni en las problemáticas nacionales.
El bloque opositor debe incorporar a nuevas fuerzas y protagonistas políticos. El conjunto de organizaciones que comparten los principios democráticos deben agruparse, incluso manteniendo sus diferencias y comportamientos políticos. Una oposición vigente se refiere al derecho inalienable que tienen las minorías para disputar la hegemonía a la mayoría, promoviendo una participación organizada que busca ejercer su influencia sobre el gobierno. Históricamente en nuestro país las oposiciones de izquierda y derecha se mantuvieron separadas en los márgenes del sistema político, pero hoy esas mismas oposiciones han dejado de lado sus viejas divergencias para constituirse en un bloque más pragmático que programático en defensa de nuestro orden democrático, gravemente afectado por los esquemas populistas y clientelares que nulifican la presencia ciudadana.
Los diferentes partidos no han desempeñado siempre las funciones que se les reconocen actualmente. En cuanto instituciones políticas han tenido que construir su legitimidad y luchar contra las elites tradicionales o las burocracias civiles y militares. Sus roles más significativos han sido la estructuración del voto en cuanto máquinas electorales y la integración de los ciudadanos en la participación política. El escenario actual se caracteriza porque el partido oficial está en condiciones de establecer un monopolio político permanente, frente al cual los partidos de oposición asumen que solo generando una gran alianza política se podrían formar nuevas mayorías. La coalición opositora es necesaria, aunque se puedan producir alternativas heterogéneas y por lo mismo inestables. Así las cosas, se insiste en que solamente una oposición abierta a los ciudadanos -quienes actualmente no se encuentran representados en la contienda política- puede garantizar el reequilibrio democrático que México requiere.
