Isidro H. Cisneros
La militarización de la sociedad impulsada por la 4T con el apoyo ciego de un puñado de partidos políticos decadentes, tendrá consecuencias directas sobre la frágil democratización que apenas asomaba en nuestro país. Este miércoles se votará en el Senado la reforma al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforma nuestra Constitución Política en materia de Guardia Nacional, que permitirá al Presidente de la República: “disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública” y que mantendrá al ejército en las calles hasta el año 2028. De aprobarse estas reformas, no solo se asistirá al declive final de la alianza opositora incapaz de mantener su unidad y coherencia política, sino que también se pondrá en duda la viabilidad de un sistema democrático para México.
Diversos estudios de política comparada ilustran que cuando los militares se incorporan al gobierno se configura un sistema autoritario. En estos regímenes los militares, o un sector de las fuerzas armadas, o un grupo de oficiales, o incluso solo los oficiales de mayor graduación, constituyen uno de los actores políticos más relevantes del gobierno. De esta forma, surgen regímenes híbridos caracterizados por una intervención decisiva de las fuerzas castrenses en la orientación política del país que resulta lesiva para la legalidad vigente. La experiencia internacional en la conformación de gobiernos con fuerte presencia militar arroja evidencia de que se lesiona la legalidad institucional, lo cual no solo hace referencia a la fractura de los ordenamientos constitucionales, sino que también, se refiere al establecimiento “de facto” de una nueva juridicidad por encima de la constitucional.
Este intervencionismo político militar aparece en circunstancias de inestabilidad o ingobernabilidad y cuando existe una crisis de hegemonía, es decir, cuando resulta evidente la imposibilidad del grupo en el poder para proyectar su control sobre la sociedad en términos consensuales. Esta insuficiencia hegemónica resulta de la incapacidad para imponer su proyecto a la sociedad de forma perdurable. De esta ausencia de consenso derivan dos modalidades de intervención militar en la política: la forma dictatorial que es típica de la intromisión directa de los militares en el conjunto de las funciones estatales, y la intervención moderadora que aparece cuando los militares intervienen ocasionalmente para “corregir” los excesos de las intrusiones populistas en el proceso político consideradas “desbocadas” por parte de los sectores dominantes y del propio ejército.
Esta crisis hegemónica configura un autoritarismo populista a través del cual las élites gobernantes buscan mantener su control sobre la sociedad. Se demuestra así, la teoría formulada por el politólogo Juan Linz quien establece que un régimen autoritario se caracteriza por un pluralismo político limitado, no responsable y sin ideología clara, cuyo líder ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero bastante predecibles. Además, los resultados del método bélico en materia de seguridad pública han sido desastrosos aumentando las violaciones a los derechos humanos, los homicidios, las desapariciones forzadas, la tortura, así como las ejecuciones extrajudiciales.
Los integrantes del Senado que se ausenten de la sesión del 21 de septiembre, que se abstengan o que voten a favor de la militarización mexicana serán políticamente responsables del rumbo que en el futuro inmediato tomará el país. Será la demostración inequívoca de que un cambio político no necesariamente acontece en sentido progresivo, sino que también puede dirigirse a fracturar el sistema democrático, y será también, la constatación de que nuestra vieja clase política concluyó su ciclo histórico. Urge un nuevo frente opositor en favor de la democracia civil y pluralista, que contraste al populismo y que sea capaz de regresar al ejército a sus cuarteles.
