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Una legislatura fallida para la laicidad del Estado (I PARTE)

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Juanjo Picó

El presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, analiza la legislatura que ha culminado y marca sus prioridades para las reivindicaciones laicistas tras el 23J

El 23 de julio ha terminado formalmente la legislatura del Gobierno de coalición PSOE-UP que arrancó su andadura a finales de 2019. Han sido cuatro años de importantes avances en materias sociales legisladas por iniciativa del Gobierno o de otros grupos políticos que han podido prosperar por la mayoría parlamentaria progresista que se formó en la investidura y que, con sus lógicas diferencias, se ha mantenido unida en las principales decisiones frente a una derecha política renuente y conservadora, cuando no contraria, a los avances en derechos políticos y sociales.

Un Gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que tiene en su “haber” hitos importantes en relación con la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, que Europa Laica reconoce, se congratula y felicitó públicamente en su momento. Como más relevantes,

* Ley de Eutanasia. Promulgar una Ley de Eutanasia y la ampliación del ejercicio del aborto han sido dos derechos inequívocos para el ejercicio de la libertad de conciencia de las personas. Más allá de que esta Ley requiera de aspectos de mejora para garantizar su ejercicio de una forma más ágil y efectiva, la realidad es que supone un avance cierto y muy importante a la vez que pone de manifiesto que cuando existe voluntad política, aun en temas tan sensibles, es posible avanzar en derechos para todos.

* Conmemoraciones laicas. Por primera vez en democracia se celebró la toma de posesión del Presidente del Gobierno y los ministros ante la Constitución, y no con el crucifijo y la Biblia. También el acto civil de contenido exclusivamente laico del funeral de Estado por las víctimas del Covid. Como así debe ser y sin que ello comportara ningún problema de convivencia.

* Suprimir la exención del ICIO. Una medida positiva, aunque sea nimia en lo económico. Lo nefasto de la misma ha sido el falaz discurso al alimón de que ello es una “renuncia” por parte de la Iglesia cuando la realidad es que venía obligada por la legislación comunitaria; además de que ello solo ha sido factible después del “asenso” de la Santa Sede. Ambas coletillas son muestra de la inaceptable cesión de soberanía de lo civil gubernamental frente a lo religioso que suponen los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede.

Junto a las anteriores medidas legislativas, otras hay en el “haber” gubernamental como las del reconocimiento de la identidad de género y orientación afectivo-sexuales; la exhumación del dictador del mausoleo del Valle de Cuelga muros y la Ley de Memoria Democrática para dar respuesta a una afrenta histórica y reconocimiento de quienes fueron reprimidos, hasta con su vida, por sus ideas y lucha por una España en democracia y libertad. Una Ley necesaria y positiva, aunque sigan quedando flecos en su aplicación como pasar por alto denunciar el papel cómplice de la Iglesia católica durante la guerra civil y la dictadura.

Poniendo en positivo estos avances en el “haber” de la legislatura, que no desdeñamos, tenemos que constatar y denunciar el clamorosamente grave incumplimiento de los dos puntos que figuraban explícitos en el propio Programa de Gobierno de Coalición.

Punto 5.11.- “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.”

* Bienes inmatriculados. No solo no se ha cumplido lo que textualmente se indicaba, sino que el Gobierno ha actuado justo en sentido contrario, dando por buenas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica que, de facto, ha sido reconocida como propietaria de más de 100.000 bienes inmatriculados, la mayor parte de ellos pertenecientes a bienes seculares culturales histórico-artísticos.

El Gobierno hizo público un listado de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 hasta el 2015, fin del privilegio eclesial. Lo que podía haber sido un importante paso de transparencia e inicio de resolución, quedó en solo un atisbo y un fraude. El propio listado es incompleto al omitir cantidad de bienes en ese periodo, algunos de forma inexplicable, además de no proporcionar datos suficientes que permitan la identificación de los bienes afectados. La virtualidad de ese listado devino en nula para dar una solución de Estado a un problema que es de Estado, además de dejar en el limbo los bienes inmatriculados con anterioridad, desde 1946 hasta 1998. Este listado no ha sido más que una cortina de humo de lo que se tenía acordado en mesa de camilla con la Conferencia Episcopal de dar por cerrado este tema, con tan solo la obvia corrección de errores. El Gobierno ha dado por bueno este enorme expolio de lo público en beneficio de la Iglesia católica, mirando para otro lado, incumpliendo su propio compromiso. Una cesión gubernamental contraria a la defensa de lo público que calificamos de vergonzosa. Revertir esta situación, de trascendencia histórica en nuestro país, es una reivindicación pendiente y muy significativa en el “debe” de esta legislatura que acaba.

Punto 5.5.- “Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.”

Nada se ha hecho. Ni se ha promulgado esta Ley ni se han articulado medidas normativas que garanticen la laicidad y neutralidad del Estado. El Gobierno ha incumplido de forma flagrante este punto tan importante y necesario. La pervivencia de rutinas, formas y legalidades de marcado carácter y privilegio confesional, como si perduraran del nacional-catolicismo, conculcan estos principios. Es ya hora de resolverlos de una vez, más aun cuando su existencia no se corresponde con el elevado grado de secularización social existente en nuestro país y con el de las sociedades modernas y democráticamente avanzadas. Una situación que habría quedado resuelta de haber promulgado la Ley comprometida siempre que su contenido resolviera de forma adecuada los temas implicados. Pero también, en su defecto, tampoco se han acometido de forma particular cada uno de los temas relacionados por falta de la necesaria voluntad política, como otro “debe” de esta legislatura.

* Ley de Libertad de Conciencia y Laicidad del Estado. Tema pendiente, donde el contenido de una verdadera Ley debe regular el marco general que garantice el ejercicio efectivo de estos dos principios, que van de la mano, tal como vienen mandatados por normativas internacionales y por el Art. 16 CE. Por una parte, el ejercicio del derecho de libertad de conciencia para cualquier tipo de convicción, no solo religiosa -y, por tanto, derogando la actual Ley de Libertad Religiosa, superándola-. Por otra, articular el mandato constitucional de aconfesionalidad estatal en lo que implica de separación Iglesia-Estado y de neutralidad estatal. Su promulgación en base a un firme contenido progresista debería haber supuesto un importante impulso en favor de estos dos principios inexcusables para una convivencia democrática. Europa Laica dispone de una propuesta integral y articulada para una Ley de Libertad de Conciencia y Laicidad del Estado.

* Derogación de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede. Estos Acuerdos son el elemento fundacional de los actuales privilegios económicos, fiscales, educativos y otros que disfruta la Iglesia católica, si bien su desarrollo se encuentra ahormado en las leyes que les dan cuerpo y que, de forma acorde, deben igualmente ser derogadas o modificadas (Ley del IRPF, Ley de Mecenazgo, Leyes de Educación, …). De forma análoga hay que derogar los acuerdos legislativos de 1992 con las confesiones minoritarias. Esta es una reivindicación que de siempre figuraba en los programas partidarios de progreso además de que incluso fue aprobada por mayoría en sede parlamentaria en la legislatura anterior, estando PSOE y UP en la oposición, pero que ha sido olvidada una vez en el Gobierno. Asunta claramente pendiente, necesario e inexcusable.

* Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia. El Gobierno ha ignorado las críticas y recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de 2020 en relación con el control y transparencia de la Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia católica, incluida la incompatibilidad con las ayudas de Estado que puede suponer la financiación de TRECE TV con cargo a esta Asignación. El Tribunal llamaba igualmente la atención gubernamental sobre la indeterminación económica que figura en el Acuerdo con la Santa Sede sobre que el Estado debía colaborar al “adecuado sostenimiento” de la Iglesia, así como con el compromiso flagrantemente incumplido por la Iglesia de autofinanciarse. Nada de ello se ha hecho. La iglesia sigue sin autofinanciarse y la Asignación Tributaria sigue detrayendo dinero público sin el control y transparencia debidos.

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