Juanjo Picó
* Exenciones fiscales a la Iglesia. Caso del IBI. Los Acuerdos y leyes derivadas permiten que la Iglesia disfrute de una exención generalizada de todas las figuras impositivas (a excepción del IVA, ICIO y algún otro caso menor), sin que exista una justificación razonable para tamaño privilegio. Caso especialmente grave es la exención del IBI sobre prácticamente todos los bienes de propiedad de la Iglesia -y que son muchísimos al ser la mayor inmobiliaria privada de España-. Peor aún de aquellos que incluso obtiene rendimiento económico por tenerlos alquilados a terceros ya que ello podría contravenir las ayudas de Estado prohibidas por la normativa comunitaria. El Gobierno sigue sin cuestionar y resolver esta situación de privilegio que no tiene sentido alguno y afecta gravemente a las arcas de los municipios afectados y a los litigios judiciales que se cursen.
* Privilegios multiconfesionales. El Gobierno ha impulsado una reforma legislativa para que todas las confesiones minoritarias con notorio arraigo tengan los mismos privilegios de exención fiscal que la Iglesia católica. Un “café para todos” con el argumento falaz de que con ello se avanza en la laicidad y la igualdad democrática, cuando en realidad lo que supone es un claro retroceso en la laicidad en favor de una “multiconfesionalidad” de privilegios y una coartada para los que disfruta la Iglesia. Los privilegios no se combaten extendiéndolos sino suprimiéndolos. El mundo al revés.
* Confesionalismo en la enseñanza. En esta legislatura se han promulgado la Ley de educación LOMLOE y la Ley de universidades LOSU. Ambas mantienen, por mor de los Acuerdos, una regulación de la presencia confesional en los planes de estudio. La LOMLOE establece el marco estatal educativo no universitario, aunque su regulación queda abierta al albur de las competencias educativas autonómicas. Mantiene la asignatura doctrinal de religión católica en el currículo, si bien es positivo que no compute -sería un despropósito en sentido estricto- ni que tampoco exista una asignatura espejo -también razonable-. Pero no ha habido voluntad alguna de reducir la carga confesional en la escuela llevando esta asignatura fuera del horario escolar, acotar el papel de los profesores de religión, o establecer un control real que evite la proliferación de actividades y simbología confesional en los centros. Nada de esto se ha querido incluir en la Ley y que habría supuesto avances significativos para los derechos del menor, su libertad de conciencia y el no adoctrinamiento. La presencia de la religión confesional en la escuela es fuente de discordancias y litigios. Situación análoga ocurre con la Ley de universidades LOSU al permitir disciplinas y actividades confesionales o anticientíficas en los planes de estudios.
* Privatización de la enseñanza. La LOMLOE y la LOSU siguen sin tener como prioridad una escuela y universidad pública y laica, de calidad, inclusiva y de carácter universal. En su lugar se facilita la proliferación de centros privados, mayoritariamente pertenecientes a entidades confesionales, ayudados con subvenciones, cesión de suelo público y beneficios fiscales en detrimento de los centros públicos. La enseñanza concertada supone un claro componente de segregación social, ideológica y económica. La LOMLOE no ha establecido medida alguna para la paulatina supresión de los centros concertados y su integración en la red pública, suprimiendo la financiación con fondos públicos de los centros privados con ideario propio. Por el contrario, su creciente implantación está en manos de las leyes y políticas educativas de competencia autonómica. Ni tampoco establece controles efectivos para evitar las cuotas “voluntarias” que las familias se ven obligadas a abonar en los centros concertados. La LOMLOE y la LOSU han sido una ocasión perdida para poder avanzar hacia una educación pública y laica respetuosa con la libertad de conciencia y la laicidad.
* Neutralidad confesional institucional. Capítulo especial es la rutina y comodidad que existe, con especial incidencia a nivel municipal, en pasar por alto la reiterada vulneración de la aconfesionalidad constitucional y la neutralidad confesional exigible a las instituciones y cargos públicos. Nada se ha legislado a este respecto a través de un Reglamento de Laicidad o similar que respete ambos principios en relación con la simbología, la presencia civil en actos religiosos y viceversa, conmemoraciones y honores civiles, etc. La invasión confesional que a menudo sucede en eventos especiales o en los medios públicos de comunicación, es de todo punto inadmisible para la laicidad del Estado. A pesar del tiempo transcurrido sigue estando indeterminado en cómo se traduce en la práctica el mandato del art 16.3 CE sobre la aconfesionalidad constitucional, dando lugar a que cada fuerza política, corporación, institución o cargo público actúe según y cuando le parezca, sin que la reiterada vulneración de la aconfesionalidad sea motivo de crítica o sanción.
* Libertad de expresión. Nada se ha avanzado tampoco para garantizar la Libertad de Expresión como elemento fundamental en las sociedades democráticas. No tiene sentido alguno que el Código Penal mantenga el art. 525 con el delito la “ofensa a los sentimientos religiosos”, figura ancestral de privilegio confesional y de tipificación indeterminada, que se convierte más bien en instrumento utilizado por sectores conservadores y fundamentalistas para amedrentar la libertad de expresión y conseguir, con apoyo de alguna judicatura, sentencias condenatorias en casos de manifestaciones artísticas de todo tipo o de simple ejercicio de libertad de expresión u opinión. Al igual que ocurre con otros tipos legales por ofensas a “la Corona”. O las limitaciones y medidas claramente represivas y sin control judicial incluidas en la denominada Ley Mordaza respecto al derecho de expresión y manifestación. Tampoco en este aspecto ha habido avance alguno.
Los puntos mencionados suponen un importante “debe” de esta legislatura al seguir sin resolver, ni siquiera haberles dado cauce, los asuntos reseñados, cuando no por los retrocesos u omisiones.
Por todo ello, Europa Laica valora esta legislatura como fallida en relación con la laicidad del Estado, denunciando,
* El acomodo y la ausencia de voluntad política del Gobierno y de las fuerzas de apoyo de investidura para, una vez más, ignorar, no considerar prioritario o pasar de puntillas en dar respuesta a estos temas. Van ya 45 años desde la Constitución, y ya toca.
* Los incumplimientos de las reivindicaciones partidarias que quedan abandonadas en el programa electoral y, más allá, en el programa de gobierno e investidura, a diferencia de cuando se está en la oposición. Un comportamiento engañoso y frustrante, peor cuando es de las fuerzas políticas progresistas.
* Y, sobre todo, una legislatura fallida porque habiendo existido una mayoría parlamentaria suficiente para poder avanzar en este terreno no se ha avanzado en los temas laicistas de calado. Ni en los que son de competencia legislativa estatal ni tampoco por parte de esas mismas fuerzas en el marco competencial municipal y autonómico.
Europa Laica sigue reivindicando el derecho de la Libertad de Conciencia y la Laicidad del Estado como objetivo que nos anima como asociación, reclamándolo a través de iniciativas de acción política institucional, activismo social y con pedagogía y difusión de lo que ello significa. Seguiremos en este empeño con independencia de cuál sea el color del Gobierno de turno. Porque estos principios no entienden de colores políticos ya que son inherentes a la democracia y la modernidad a la vez que necesarios para una convivencia democrática en una sociedad que es diversa. Una exigencia que será mucho mayor si existe una mayoría parlamentaria de progreso como resultado de las elecciones del 23-J.
