Alejandro Culebro
El municipio en México es el eslabón más vulnerable del federalismo. La falta de capacidades técnicas, la dependencia de recursos federales, la mínima capacidad recaudatoria, la debilidad administrativa y catastral, la corrupción y a la falta de profesionalización de los servidores públicos entre otros factores, hacen que la fragilidad municipal no solo sea consecuencia de la falta de recursos, sino también de la ausencia de un modelo de gestión eficaz para ejecutarlos.
El municipio es el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el gobierno. Es el responsable de los servicios que utilizamos a diario: agua, recolección de residuos, alumbrado, parques, calles, etc. Su fragilidad estructural no solo se ha acentuado por la ausencia de servidores públicos capaces técnica y políticamente; se ha profundizado por el mal manejo de sus finanzas y la penetración del crimen organizado, que ha encontrado en el municipio una fuente de poder, complicidad y financiamiento.
Aquí algunos datos reveladores;
A nivel nacional, las transferencias del gobierno federal representan el 73.1% de los recursos municipales,1 mientras que los ingresos propios apenas conformaron el resto. La recaudación predial —facultad municipal— representa apenas el 0.2% del PIB, frente a una media internacional del 2.0%.2 La capacidad recaudatoria propia es notablemente baja: la recaudación tributaria municipal en México equivale a apenas 1.6% del PIB, una cifra 1.9 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, según la OCDE (2025).3 La concentración es brutal: más del 50% de toda la recaudación predial nacional se concentra en apenas el 1% de los municipios; unos 26 municipios recaudan más que los otros dos mil cuatrocientos juntos.4
Si la media nacional de dependencia municipal a los recursos federales rondó el 73%, Chiapas se ubica en el extremo superior. La recaudación local de los municipios chiapanecos es muy baja debido a que el 75% de la población ocupada está en la informalidad,5 también a causa de la dispersión rural y a los bajos valores catastrales, lo que convierte a las participaciones federales en la principal fuente de ingresos. Chiapas es, además, beneficiario estructural del Fondo de Fomento Municipal por su posición al fondo del ranking económico nacional.
En materia de predial, Los municipios de Chiapas se sitúan sistemáticamente en el último lugar nacional. Junto con Yucatán, Tabasco, Campeche y Zacatecas, tiene la menor recaudación predial como proporción del PIB estatal y está entre las 10 entidades con menor recaudación por habitante.6 Esto crea un círculo vicioso: la recaudación del predial determina parcialmente ciertas participaciones federales de gran incidencia, como el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Quien recauda menos, también recibe relativamente menos por fórmula. Según el acuerdo de la SHCP publicado en el DOF, los 124 municipios chiapanecos reciben en conjunto un total anual proyectado que ronda los 40 mil millones de pesos para 2026 entre todos los fondos de ambos ramos.7 De ese monto, menos del 10% proviene de recaudación propia: Chiapas recibe poco más del 90% de sus ingresos totales de la Federación.
La debilidad del municipio chiapaneco no se reduce a tener poco dinero. Es, sobre todo, una incapacidad para administrarlo bien: planear con base en evidencia, ejecutar con controles y alinear el gasto a las políticas públicas estatales y federales.
Por ello, hay que resaltar que el Gobernador Eduardo Ramírez ha instruido una política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, y ha diseñado una estrategia de apoyo a los municipios olvidados históricamente. Conoce las entrañas del quehacer municipal y ha enfrentado de forma contundente la complicidad entre autoridades municipales y crimen organizado. Sabe que el progreso de Chiapas pasa inevitablemente por el desarrollo
municipal. Justo ahí, en el municipio, es donde se refuerzan, distorsionan o erosionan los esfuerzos y resultados del gobierno estatal.
Sigamos con el contexto; La estructura de ingresos define las reglas del juego. En Chiapas, el FAISMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) representó aproximadamente el 47.5% de los ingresos municipales en 2025, la proporción más alta del país, seguida de Guerrero (39.7%) y Oaxaca (38.6%); en contraste, en Baja California fue de apenas 3.7%.8 Es decir, casi la mitad del presupuesto municipal chiapaneco está legalmente atado a un solo fin.
Ese fin es estricto. Los recursos del FAISMUN deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y en localidades de alto o muy alto rezago social, atendiendo prioritariamente las carencias identificadas en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social que emite la Secretaría de Bienestar federal. Aquí está el primer punto de fractura: existe un instrumento de planeación obligatorio que, en la práctica, muchos ayuntamientos ignoran; improvisan el gasto y ejecutan con base en la conveniencia personal o política, en lugar de hacerlo con base en diagnósticos técnicos y sociales.
Los presidentes municipales deben aprovechar esta genuina coordinación Estado-municipios que promueve y gestiona el gobernador, para alinear sus prioridades y lograr que la normatividad municipal sea consistente con la legislación estatal.
Un ejemplo para alinear estas prioridades podría ser la homologación de la clasificación de propiedades y los factores del valor catastral, para lograr un mejor desempeño recaudatorio. Un modelo de catastro estatal centralizado tiene sentido especial para los municipios chiapanecos pequeños, sin capacidad técnica propia.
El catastro centralizado no es solo una herramienta fiscal; es un instrumento de blindaje institucional. Al sacar la valuación y el cobro de la órbita discrecional del ayuntamiento pequeño y digitalizar el padrón, se reduce el espacio para la corrupción, el clientelismo y la negociación bajo presión criminal. Un sistema georreferenciado y auditable centralmente es mucho más difícil de manipular que un padrón en papel custodiado por una tesorería municipal sin controles. Existen modelos, como el de Quintana Roo, de adhesión voluntaria con incentivos y sin imposición.9
Si bien es cierto que los municipios en Chiapas requerirán siempre más recursos, también es importante hacer un alto en el camino y alejarnos de la excusa de todos los presidentes municipales: “no tengo dinero”. El problema no es el monto, sino la gestión y ejecución de los recursos. El anuncio hecho por el Gobernador Eduardo Ramírez de invertir 2,694 mdp en los 12 municipios con más rezago del Estado10 es un gran acierto y, sin duda, una valiosa apuesta a la inversión y no al gasto discrecional e improvisado. Es decir: inversión focalizada, segmentada y, sobre todo, supervisada por el gobierno del Estado. Una estrategia diferenciada según las necesidades de cada región y sectores de marginación.
Poniendo el énfasis en la sectorización es muy oportuno voltear a ver a los municipios de Chiapas que se encuentran en los índices con menor marginación.
En cinco años (2021-2025), los cuatro municipios con menor marginación de Chiapas recibieron en conjunto cerca de 43,000 millones de pesos en transferencias federales. Tuxtla Gutiérrez acumuló unos 16,450 mdp; Tapachula, 13,160 mdp; San Cristóbal de las Casas, 8,225 mdp; y Comitán, 5,170 mdp aproximadamente.11 Pero la recaudación de ingresos propios de estos municipios se estima en torno al 10 a 15% de su ingreso total, porcentaje que sigue siendo muy bajo respecto a los indicadores deseables y posibles en municipios con estas características.
En contraste, el gobierno de Chiapas, en su propia Ley de Ingresos 2026, fija como meta incrementar en 14% anual la recaudación de ingresos propios respecto al promedio del año anterior.12 Los municipios en Chiapas no pueden permanecer estáticos y erráticos. No pueden ir a contracorriente del avance estatal. El gobierno del Estado ha puesto las condiciones de seguridad e inversión necesarias para que los municipios alineen sus incentivos y recursos a los servicios públicos de calidad, desarrollen capacidades técnicas para recaudar mejor y, sobre todo, garanticen transparencia y eficiencia en la ejecución de su presupuesto.
El reverso de esa moneda son los municipios con mayor marginación. Cuatro de los ayuntamientos indígenas y rurales más grandes del estado —Ocosingo, Chilón, Las Margaritas y Chamula, que suman cerca de 588 mil habitantes— recibieron en conjunto del orden de 17,000 millones de pesos en transferencias federales entre 2021 y 2025; tan solo Ocosingo recibió 1,200 mdp en 2024.13 En términos per cápita reciben en el mismo rango que los municipios urbanos —y más en los casos de mayor pobreza extrema—, entre unos 5,400 y 8,000 pesos por habitante al año, porque la fórmula del FAISMUN pondera precisamente la marginación. La diferencia decisiva está del otro lado del balance: mientras los municipios urbanos al menos generan entre el 10 y el 15% de sus ingresos, en estos la recaudación propia es estadísticamente irrelevante —catastros en papel o inexistentes y sin base económica formal—, de modo que dependen de la Federación en cerca del 100%.
Los municipios en Chiapas reciben más recursos federales per cápita que municipios con mayor desarrollo del país —por su pobreza y marginación— y aun así el monto resulta insuficiente para construir capacidad de gestión gubernamental a nivel local. La fórmula compensa el ingreso, pero no la debilidad institucional ni el costo de gobernar territorios dispersos, rurales e indígenas.
El recorrido por las finanzas municipales de Chiapas desemboca en una sola idea: el municipio chiapaneco no es débil porque reciba poco, sino porque no ha desarrollado la capacidad de convertir lo que recibe en acciones efectivas. Recibe miles de millones año tras año —los cuatro municipios de menor marginación sumaron cerca de 43,000 mdp en un lustro— y aun así no logra traducir ese flujo en servicios de calidad, en políticas exitosas de proximidad, ni en desarrollo tecnológico que se traduzca en progreso institucional y social.
Un municipio que no sabe cuánto vale su suelo, que no cobra lo que puede y que ejecuta el gasto sin controles es un municipio que pierde el verdadero sentido administrativo de sus obligaciones constitucionales.
Apuntes finales…
Las transferencias federales como único ingreso rompen el contrato fiscal por sus dos extremos: el gobierno que se financia sin cobrar no tiene incentivo para perseguir al que no paga ni para desarrollar capacidad recaudatoria, y el ciudadano que no paga —o paga muy poco— tampoco tiene por qué exigir, porque no se siente dueño del gasto. Recaudar más y mejor reactiva esa relación, pero solo bajo una condición: que el contribuyente pueda evaluar si lo que paga se traduce en lo que recibe. Si se recauda más y el aumento no se siente en la calle ni en el servicio, el pago se experimenta como extracción pura y no genera rendición de cuentas, sino resistencia fiscal. La bisagra es la rendición de cuentas: cuando el impuesto es visible y el gasto es trazable, el pago genera escrutinio, el escrutinio presión y la presión mejor gobierno; cuando no lo son, solo alimenta el rechazo. Por eso el problema de fondo no es solo cuánto se recauda, sino si lo recaudado es visible y evaluable, porque solo cuando el ciudadano puede medir que lo que paga se traduce en lo que recibe, el cobro deja de ser extracción y se convierte en contrato.14
Pero la conclusión no es fatalista. El diagnóstico apunta también a la salida, y esa salida es construible. Profesionalizar las tesorerías, blindar el catastro sacándolo de la órbita discrecional del ayuntamiento, ajustar el gasto a diagnósticos técnicos y mantener una revisión de los recursos en tiempo real.
La pregunta de fondo, entonces, deja de ser cuánto dinero más necesita el municipio y pasa a ser cuánta capacidad institucional está dispuesto a construir. Porque mientras el municipio siga siendo el eslabón más frágil del federalismo, ningún monto será suficiente y ninguna estrategia estatal estará del todo a salvo. Fortalecer al municipio —hacerlo capaz de recaudar, planear y ejecutar— no es un tecnicismo administrativo: es la condición para que Chiapas recupere, desde su célula más básica, el control de su propio territorio.
Hoy existen condiciones inmejorables, tenemos a un gobernador que conoce mejor que nadie las condiciones de cada uno de los municipios en Chiapas y precisamente por eso, los presidentes municipales tendrán que demostrar que si quieren ser parte de la nueva era tendrán que fotografiarse menos, prepararse más y trabajar mejor.
