Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
El rumor corrió como pólvora el viernes muy temprano. Un mensaje en redes sociales del narrador deportivo, Andrés Vaca, bastó para que se diera prácticamente por hecho que el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial, dejaría de jugarse a las seis de la tarde y se adelantaría al mediodía. En cuestión de minutos la información se replicó en medios nacionales e internacionales y miles de aficionados comenzaron a ajustar sus planes, mientras otros se quejaban por el anuncio inesperado.
Pasaron las horas y la versión no fue desmentida. Ni la FIFA, ni la Federación Mexicana de Futbol, ni el comité organizador emitieron una aclaración. El silencio permitió que creciera la percepción de que el cambio ya estaba decidido y que únicamente faltaba el anuncio formal.
Esa impresión se fortaleció cuando el propio Javier Aguirre reaccionó públicamente. El técnico nacional lamentó la modificación porque, explicó, significaba perder alrededor de seis horas de preparación, alimentación, fisioterapia, descanso y trabajo táctico para sus jugadores. “Es una patada en el estómago”, dijo. Difícilmente un entrenador habría fijado esa postura si todo hubiera sido únicamente un rumor sin sustento.
Detrás de esa discusión existía una negociación real. De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, desde el jueves la FIFA analizaba modificar el horario junto con autoridades mexicanas, representantes del comité organizador, las selecciones involucradas y las televisoras que poseen los principales derechos de transmisión.
Sobre la mesa estaban varios factores. El primero era la seguridad. Apenas unos días antes, tras el partido de México, una estampida registrada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia dejó cuatro personas fallecidas y decenas de lesionados, después de que cientos de miles de aficionados se congregaran sobre Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo de la Selección. Las autoridades capitalinas consideraban que un partido concluido todavía con luz natural facilitaría los operativos de movilidad, desalojo y vigilancia.
También estaba el pronóstico meteorológico. Las previsiones anticipaban tormentas eléctricas y lluvias intensas para la tarde y noche del domingo, un escenario que ya había obligado a modificar actividades durante el torneo. Adelantar el encuentro reducía el riesgo de interrupciones y complicaciones logísticas tanto dentro como fuera del estadio.
Además había un incentivo comercial. Un partido al mediodía en México permitiría una mejor ventana de transmisión para Europa, particularmente para el mercado británico, donde el encuentro sería visto en horario estelar y no cerca de la medianoche. En un Mundial, los derechos de televisión y la audiencia en horario primetime representa cientos o miles de millones.
Todo parecía encaminado hacia el cambio; sin embargo, las fuentes aseguran que la publicación anticipada de la nueva hora alteró la decisión. La FIFA tenía previsto comunicar cualquier modificación mediante sus propios canales una vez concluidas las consultas con los equipos y las autoridades. La filtración convirtió una deliberación interna en un asunto público antes de tiempo.
Miles de aficionados ya habían comenzado a cuestionar cómo cambiaría la logística de boletos, transportes, hospedajes y actividades previamente programadas para un encuentro anunciado desde hace meses a las seis de la tarde. Las críticas crecieron en redes sociales y el tema se convirtió en tendencia sin que existiera una postura oficial que ordenara la conversación.
Durante varias horas, en la sede de la FIFA en Suiza, continuó la deliberación. Lo que inicialmente parecía una decisión prácticamente tomada terminó reabriéndose. Finalmente prevaleció la alternativa menos disruptiva. El organismo decidió mantener el horario original y confirmar que México e Inglaterra jugarán el domingo a las seis de la tarde.
Más allá del desenlace, la pregunta es quién controló realmente la información durante esas horas. Porque no se trató de una especulación cualquiera. Hubo un cuerpo técnico que pensó en modificar su planeación, autoridades que trabajaban sobre un escenario distinto y un anuncio que, con absoluta seguridad, daba por hecho el cambio que efectivamente estaba siendo negociado.
La FIFA suele presumir que administra el Mundial con precisión absoluta y que ninguna decisión relevante escapa a sus protocolos. El viernes, una filtración y el seguimiento de esa noticia alteró la agenda pública, obligó al organismo a replantear una determinación que parecía inminente y terminó exhibiendo que, incluso en el evento deportivo más importante del planeta, el manejo de la información puede resultar tan decisivo como lo que sucede dentro de la cancha.
Posdata 1
En medio de la fiebre mundialista, las empresas también comenzaron a disputar un torneo propio, el de la atención pública. Grupo Modelo dio uno de los movimientos comerciales más relevantes al convertirse, a partir del Apertura 2026, en el nuevo patrocinador principal de Tigres con su marca Corona, apenas unos días después de que Tecate pusiera fin a una relación de más de tres décadas con el club regiomontano. El relevo significa un cambio de marca en la camiseta de uno de los equipos con mayor valor comercial del futbol mexicano y una nueva batalla entre las dos grandes cerveceras por la exposición que ofrece la industria deportiva.
La competencia por capitalizar el Mundial también alcanzó a otras compañías. Cemex aprovechó la expectativa por el partido entre México e Inglaterra para lanzar una campaña de comunicación con un guiño al doble significado de la palabra “inglés”. En un comunicado difundido en redes sociales anunció que, en apoyo a la selección mexicana, dejaría de utilizar la expresión “cemento inglés” para referirse simplemente a “Cemex aquí y en Inglaterra”. La campaña, construida sobre un juego de palabras, buscó insertar a la empresa en la conversación pública sin recurrir a los tradicionales patrocinios deportivos.
El Mundial 2026 ha confirmado que el principal partido también se juega fuera de la cancha. Marcas de cerveza, cementeras, bancos, automotrices y empresas de consumo compiten por apropiarse de la conversación, conectar con millones de aficionados y fortalecer su posicionamiento.
Posdata 2
Por si algo le faltaba a la crisis que atraviesa el grupo político del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se asegura que el esquema de extorsión a empresas de telecomunicaciones operado desde el Ayuntamiento de Salvador Alvarado ya forma parte del expediente judicial que el Departamento de Justicia de Estados Unidos integra en torno al mandatario estatal. Incluso, según fuentes cercanas al caso, autoridades estadounidenses habrían solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre un asunto que comenzó como un conflicto municipal y hoy escala al plano internacional.
El escándalo salió a la luz la semana pasada, cuando empresas como Telmex, Megacable y Totalplay presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Ahí describen cómo funcionarios del primer círculo de la alcaldesa morenista Guadalupe López González, entre ellos José Ricardo Cruz Rocha, su director de Obras y Servicios Públicos e hijo de Elena Rocha Moya, hermana del gobernador, diseñaron un mecanismo para exigir pagos millonarios al considerar el cableado instalado en postes de la Comisión Federal de Electricidad como una supuesta obra en la vía pública.
Pero la presión no terminó ahí. La negativa de las empresas a ceder derivó en multas que ya superarían los mil 500 millones de pesos. Según la denuncia, por orden de López González, también se cortaron y retiraron tramos de infraestructura, un acto criminal y que, además, afectó a miles de usuarios. En paralelo, a través de un ‘asesor’ de la presidenta municipal, de nombre Pedro Molineros Urías, habrían ofrecido reducir entre 60 y 70 por ciento las sanciones a cambio de pagos extraordinarios al Ayuntamiento.
El asunto ya rebasó las fronteras de Sinaloa. El diputado federal Mario Zamora Gastélum pidió la intervención de la Fiscalía General de la República y calificó el esquema como un «cobro de piso institucional». Mientras el gobierno municipal intenta sostener su versión con base a mentiras, nos aseguran que la preocupación ya no está sólo en México, sino también en Washington.
Posdata 3
La adjudicación de un contrato de hasta 207.9 millones de pesos por parte del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS volvió a poner bajo revisión a Sincronía Médica Aplicada (SIMA), una empresa que en lo que va de 2025 ha obtenido contratos por más de mil millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional. El acuerdo, para prestar el Servicio Médico Integral de Hemodinamia y Radiología Intervencionista entre julio y septiembre de 2026, se otorgó después de que el Instituto desechó la propuesta de Tecnología Médica Diart, la más económica del concurso, por supuestos incumplimientos técnicos y documentales que la empresa niega, al asegurar que cumplía con todos los requisitos establecidos en la licitación.
Los cuestionamientos van más allá de este procedimiento. Información obtenida por este espacio revela que en la licitación de 2025 para exactamente el mismo servicio, el Órgano Interno de Control determinó que el fallo debía reponerse tras una inconformidad presentada por un participante. Sin embargo, esa resolución no habría sido cumplida por el IMSS. Posteriormente, la licitación correspondiente al periodo enero-abril de 2026 fue declarada desierta y el servicio terminó adjudicándose de manera directa a Diseño y Desarrollo Médico, otra empresa que ha concentrado contratos relevantes con el Instituto encabezado por Zoé Robledo.
El crecimiento de SIMA como contratista del sector público también llama la atención. Sólo este año obtuvo de la Sedena contratos por alrededor de 1,005 millones de pesos para suministrar insumos, instrumental, apoyo técnico y servicios de hemodinamia, angiología, cirugía vascular, radiología e imagenología en hospitales militares. En esos procedimientos también hubo inconformidades de competidores, quienes denunciaron criterios de evaluación poco transparentes y decisiones que, aseguran, favorecieron sistemáticamente a la misma empresa.
El historial de la compañía tampoco está exento de antecedentes. En 2020, la entonces Secretaría de la Función Pública investigó compras de emergencia realizadas durante la pandemia de Covid-19, entre ellas la adquisición por parte del ISSSTE de cien equipos de rayos X vendidos por SIMA a un precio de 3.2 millones de pesos por unidad, cuando la propia autoridad estimó que su valor de mercado era hasta cuatro veces menor. A pesar de esos señalamientos y de las impugnaciones que siguen acumulándose en distintas licitaciones, la empresa continúa ampliando su presencia en dos de las instituciones públicas con mayor presupuesto destinado a servicios de salud.
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@MarioMal
