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La protección social frente a las próximas pandemias

La protección social frente a las próximas pandemias

 

Pablo Yanes

“Los seres humanos no aprendemos necesariamente de los fracasos. No toda caída es el precedente de una subida. Las crisis solo enseñan a quien estaba en disposición de aprender y mucho me temo que nuestras sociedades, pese a las repetidas advertencias que nos ha hecho la historia en este siglo XXI, tan salpicado por diversas crisis (…), han mostrado una gran pereza para entender qué enseñanzas nos daba cada una de ellas y abordar la correspondiente modificación institucional.”

Daniel Innenarity, Pandemocracia

 

Puede parecer prematuro hablar de próximas pandemias cuando no ha finalizado la inmensa crisis sanitaria, social y económica que ha acarreado COVID-19. No lo es. Una de las primeras enseñanzas que nos deja esta pandemia es que se trató de un hecho inédito, pero no único.

Hubo muchas señales en los años precedentes de que se estaban creando las condiciones para el estallido de una pandemia (A1H1, SARS, MERS), pero a escala global no se tomaron las previsiones debidas. Tendieron a considerársele en el mejor de los casos como alertas preocupantes pero confinadas a brotes aislados y transitorios que pudieron ser controlados. Lo que parece evidente es que COVID-19 no será la última pandemia y que, desde ahora, requerimos hacer un balance de los huecos, vacíos, desigualdades y déficits que esta pandemia ha revelado para enfrentar en mejores condiciones las próximas pandemias, sobre todo desde la perspectiva del bienestar, la protección social y los derechos humanos.

Cada vez es más claro que el estilo de desarrollo dominante ha generado condiciones estructurales propicias para el surgimiento de pandemias, en particular de origen zoonótico. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud ha advertido y documentado la correlación y relaciones de causalidad entre destrucción de bosques tropicales, alteración de ecosistemas, calentamiento global, tráfico ilegal de especies y mercados silvestres de animales con brotes epidémicos y nuevas patologías y, por el otro lado, también se encuentra ampliamente documentado el vínculo entre un modelo de producción de proteínas animales (aviarias, porcinas, vacunas, principalmente) basado en agro-negocios de gran escala con animales confinados, prácticamente inmovilizados y sujetos a consumo intensivo de antibióticos con el creciente riesgo de epidemias de origen zoonótico como lo han sido las llamadas gripes aviar o porcina. O para ponerlo en los términos de Rob Wallece, grandes granjas producen grandes gripes.

Si la pandemia era inevitable no lo era la magnitud del sufrimiento humano que ha acarreado. El costo de haber enfrentado la pandemia en contextos de alta precarización laboral, fuertes limitaciones en acceso a los derechos sociales y debilitamiento del multilateralismo es resultado de decisiones de política tomadas en las décadas precedentes y de su profundo impacto tanto en el régimen de acumulación como en el régimen de bienestar. Tiene razón Ignacio Ramonet cuando afirma que COVID-19 es un hecho social total. (Ramonet, 2020)

Empecemos por explicitar, visibilizar y cuantificar el costo de no hacer, las implicaciones de no haber hecho. El déficit de bienestar de nuestras sociedades ha pasado una factura muy alta. Esto es, necesitamos poner de relieve cuántas de las dificultades, dolor, padecimientos y muertes evitables que se han vivido en estos años trágicos fueron casi el resultado previsible de regímenes de bienestar insuficientes, jerarquizados y con muchos rasgos de exclusión, mercantilización y feminización.

Probablemente en materia social una de las paradojas (e injusticias sociales) más crudas de la pandemia es la contradicción entre los trabajos esenciales llevados a cabo por trabajadores y trabajadoras precarizados. En los meses más duros de la pandemia, la reproducción social ha descansado, o más bien se ha recargado, en trabajadores sanitarios mal remunerados y con condiciones laborales muy lejanas a los principios del trabajo decente, en recogedores de basura sin las mínimas condiciones de protección y garantías laborales, en repartidores a domicilio contratados en empresas plataforma sin reconocimiento de su condición de trabajadores y los derechos correspondientes, por poner algunos ejemplos.

Pero también ha recaído y volveré a ello más adelante, en el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado de las mujeres. Así, en las situaciones límite de la pandemia, son los trabajos precarizados o invisibilizados los que han mantenido a flote el funcionamiento básico de las sociedades. Dura lección para el futuro inmediato: los trabajos esenciales no pueden ni deben seguir siendo precarios. Por ahí debiera empezar la urgente necesidad de desprecarizar el mundo del trabajo en su conjunto en nuestra región.

La pandemia era inevitable, pero no lo era la magnitud del daño social y el sufrimiento infligido. La región ha enfrentado la pandemia en condiciones adversas, con sistemas de protección social insuficientes y limitados, con un sector salud debilitado, con alta prevalencia de desnutrición, malnutrición y comorbilidades, con una altísima inseguridad económica, viviendas inadecuadas, fallas en el acceso a servicios públicos de agua y energía, fuerte brecha digital y prácticamente inexistente (con algunas excepciones) de sistemas de cuidados. El impacto social de la pandemia puede leerse también, por ello, como un inventario de omisiones.

En este marco, es un buen momento para hacer un recuento de muchas de las debilidades que la pandemia ha exhibido sin recato y que nos permitirían hacer ejercicios contrafactuales de utilidad para el rediseño de los regímenes de bienestar en la región.

Por ejemplo, cuánto del dolor, sufrimiento y muertes en estos años terribles hubieran podido evitarse de haberse contado con un sistema de salud público robusto, adecuadamente financiado, universal, con una atención primaria potente, suficientes médicas, enfermeros, trabajadores sanitarios, con instalaciones adecuadas, con capacidad de producción de medicamentos y vacunas, por ejemplo.

Cómo hubiera permitido una renta básica o un ingreso garantizado que las medidas de distanciamiento social y confinamiento tuvieran viabilidad y pudieran efectivamente sostenerse en el tiempo o, cómo la existencia de un sistema de cuidados hubiera podido aliviar el altísimo costo en tiempo e inserción laboral que la pandemia ha representado para las mujeres.

O qué hubiera sucedido si las políticas de vivienda se hubieran llevado a cabo en una lógica distinta a la de la hiperconcentración de viviendas cada vez más pequeñas en lugares cada vez más distantes que hacían del mandato central de quedarse en casa algo cada vez más difícil de cumplir.

También vale pensar en cómo el cierre de la brecha de acceso digital (sobre todo en banda ancha) hubiera permitido que el aprendizaje a distancia no estuviera marcado por desigualdades tan grandes y en donde el tele-trabajo fuera una opción para un mayor número de trabajadores y actividades.

Los déficits en materia de cooperación internacional, multilateralismo e integración regional han sido evidentes y costosos. En momentos en que la acción coordinada de los Estados y países era indispensable para el control de la pandemia se dispararon las respuestas nacionalistas y excluyentes, la acaparación de insumos, medicamentos y vacunas; el vacunacionalismo al que se ha referido el Secretario General de las Naciones Unidas ha sido la tónica dominante que ha puesto de relieve, una vez más, las profundas asimetrías y relaciones de poder en la gobernanza internacional.

Pocos hechos tan globales como la pandemia y pocos tan carentes, al mismo tiempo, de una colaboración global y una autoridad sanitaria mundial. Por ello, la respuesta a la pandemia puede ser leída también como un fracaso del tipo de globalización predominante hasta ahora. Y de la necesidad, por ende, de reconstruir la cooperación internacional, pero sobre todo de construir un nuevo andamiaje de las relaciones internacionales y de la gobernanza mundial. Otra globalización es posible, pero, sobre todo, necesaria. Y si me apuran, indispensable.

El nacionalismo sanitario es una mala respuesta a una pandemia, global por definición. Pensar que es posible controlar la epidemia en un solo país o en un grupo de países mientras sigue expandiéndose en el resto del mundo es una ilusión peligrosa. O se controla en el mundo entero o no puede asegurarse su control en los países más ricos y poderosos. La pandemia, como fenómeno global, pone de manifiesto las desigualdades y asimetrías entre países y regiones, pero también las interdependencias entre ellos. Sin colaboración y acción concertada no habrá una solución definitiva y estable. En la capacidad o la incapacidad de cooperar nos jugamos no solo el futuro, también el presente inmediato.

Como lo resume Adela Cortina en el título de su reciente libro Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia:

“En principio el coronavirus ha puesto de nuevo sobre el tapete la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas y de los países, la constatación de que no somos autosuficientes, sino interdependientes en el nivel local y en el global” (Cortina, 2021: 8)

También lo ha destacado Daniel Innerarity:

“El desconcierto ante la crisis pone de manifiesto que no estamos suficientemente preparados para gestionar problemas complejos (…y más adelante precisa) Nuestros instrumentos de gobierno están diseñados para gestionar epidemias y no pandemias, en tanto que son instituciones locales y no globales. (Innerarity 2021: pos 140-149)

Para afrontar en mejores condiciones la presente pandemia, y prepararnos para las próximas, hay que realizar un balance de las omisiones y debilidades que en materia de cooperación internacional hemos atestiguado, de sus costos y plantear frente a ello una ruta para su superación en los tiempos más cortos posibles.

La CEPAL ha planteado la urgencia de la recuperación, pero no de cualquier recuperación, sino de una que sea transformadora, igualitaria y sostenible. Hay que ir más allá de la lógica de la reconstrucción y atreverse a pensar un futuro distinto que se haga cargo de las lecciones que nos está arrojando la pandemia.

Hay que llenar con rapidez y audacia los enormes agujeros de la protección social y en general del régimen de bienestar en la región. Es la hora de las políticas sociales universalistas que no solo garanticen el acceso al goce de los derechos sociales de toda la población, sino que tengan una dimensión preventiva frente a la nueva estructura de riesgos y desafíos que la pandemia solo ha evidenciado y profundizado.

 

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