Laura Oliver
Escrito antes del anuncio de que el gobierno iba a convertir 50.000 viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en viviendas sociales (más vale tarde que nunca), este artículo denuncia que (en este caso, y al menos hasta este momento) el Estado interviene en la economía, pero… no siempre para beneficiar a los ciudadanos sino al sector financiero inmobiliario. Pura doctrina neoliberal.
Con la quiebra del Silicon Valley Bank y el rescate del banco Credit Suisse resuena inevitablemente el eco de la crisis financiera de 2008-2012. Aunque ahora aquellos años de recesión parezcan lejanos y olvidados del debate público, la realidad es que sus consecuencias están todavía muy presentes. De aquella crisis nos quedaron unas pocas cajas de ahorro con limitaciones a su crecimiento, muchas fusiones y concentraciones bancarias, una caída de la riqueza de las familias españolas por debajo del 12% y una entidad llamada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo de SAREB o nombre de pila “el Banco Malo”, destinada a limpiar los balances de las entidades de crédito y bancos españoles, en 2022 nacionalizada y con la que aún hoy lidiamos, a la que vamos a destinar este artículo.
Trazando someramente el desarrollo que nos condujo a la crisis de 2008-2012 podríamos empezar diciendo que el progresivo declive de los movimientos obreros, especialmente deteriorados desde la década de los 90, supuso una significativa pérdida del poder político de los trabajadores que repercutió en la contención salarial. A la larga, los bajos salarios desencadenaron otro problema: el desajuste fruto de la diferencia entre lo que los trabajadores ganaban y podían gastar. Esta barrera se vio suplida con la expansión del crédito, con la aparición de las tarjetas de crédito y la facilidad para el endeudamiento. Por poner un ejemplo: la deuda familiar promedio en 1980 para una familia estadounidense era de 40.000 dólares, pero se elevó hasta los 140.000 dólares en 2010.
La extensión y facilidad de acceso al crédito se multiplicó también para impulsar la economía de Estados Unidos después del estallido de la burbuja de las puntocom a principios de la década de los dos mil. Poco más de dos años después, la Reserva Federal Americana, que sirve de modelo monetario al Banco Central Europeo, bajaba los tipos de interés a los que prestaba el dinero, pasando del 6,5% al 1%. Esto redujo considerablemente los márgenes de beneficio de los mercados de crédito. Los bancos, para aumentar las ganancias, empezaron a conceder préstamos y créditos con más riesgo, lo que les permitía aumentar los tipos de interés de la devolución, unos tipos que se establecían generalmente como variables. El bajo margen de beneficio se suplió así con la multiplicación de las operaciones con riesgo.
Los créditos con más riesgo fueron las hipotecas concedidas a trabajadores poco solventes. Las hipotecas se concedían por un importe superior al valor de la propiedad porque se asumía que el precio del inmueble se revalorizaría con el tiempo. Estas fueron las conocidas como “hipotecas subprime” o “hipotecas basura”. A su vez, estos bancos tenían que cumplir con los acuerdos de Basilea, que exige a los bancos tener un determinado porcentaje de su activo en capital, es decir, en dinero legal, en líquido. Los bancos estadounidenses, para cumplir con el requisito exigido, fraccionaron y empaquetaron las hipotecas con una valoración de riesgo que no se correspondía con la que realmente era, para venderlas como productos financieros a otras entidades. Estos fueron los conocidos Mortgage Backed Securities (MBS). Estos bancos se fueron deshaciendo de esos activos tóxicos (activos con mucha probabilidad de no recuperar su valor) mediante su venta a otros bancos, entidades, fondos, etc. Así esos bancos recibían liquidez para poder cumplir con las normas de Basilea, mientras iban extendiendo la semilla de la crisis a entidades de ambos lados del Atlántico.
Los bancos y cajas de ahorro españoles (y europeos) no sólo habían adquirido estos productos financieros tóxicos, sino que también durante los años de bonanza importaron el modelo crediticio norteamericano. En los acuerdos europeos para la financiación del rescate bancario se describe que “España experimentó un largo período de fuerte crecimiento basado, en parte, en el auge de la demanda interna basada en el crédito. Los bajos tipos de interés reales desencadenaron la acumulación de grandes desequilibrios internos y externos, así como la creación de una burbuja inmobiliaria”. Es decir, que los bancos españoles también acumularon “grandes reservas de activos problemáticos”. Entonces, la crisis puso de manifiesto que el crecimiento económico de los años precedentes fue a costa de aumentar la deuda privada, que llegó a representar hasta un 200% del PIB español. La crisis en el caso español afectó principalmente al sector inmobiliario, a la financiación de los créditos al promotor y tuvo un impacto especialmente fuerte sobre las cajas de ahorro por su modelo de crecimiento rápido.
Cuando en 2006 los tipos de interés de la FED aumentaron se provocó la insolvencia de muchos de los trabajadores que habían adquirido estas hipotecas a tipo variable. Las entidades crediticias empezaron a tambalearse, y el resto es historia. El pánico se extendió como la pólvora. Las entidades dejaron de fiarse de los activos en los balances de otras entidades y dejaron de prestarse dinero por no tener clara la solvencia del banco al que prestaban. Así, una crisis inmobiliaria se convirtió rápidamente en una crisis financiera y bancaria que tardó pocos meses en azotar con la misma virulencia a España, a pesar de las reticencias del gobierno de la época a aceptarlo. El quid de la cuestión en España era que estos activos tóxicos estaban presentes en los balances de los bancos y cajas de ahorro y no contabilizaban el riesgo a no recuperar su valor, o bien directamente no figuraban como activos. Y en adelante lo que sigue es la triste historia del pueblo español pagando los desmadres del capital financiero y de la banca “española”.
La SAREB nació como la entidad a la que traspasar estos activos tóxicos, especialmente diseñada para limpiar las entidades españolas que quedaron en pie y las que se fusionaron, en un plazo de quince años, debiendo ser disuelta en 2027. La SAREB se creó como una entidad privada, participada sólo en un 45% por el ente público llamado Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y en el 55% restante por capital privado. Este equilibrio de capital permitía al Estado, funcionando en la SAREB a través del FROB, no incluir en las cuentas públicas las deudas derivadas de la emisión de bonos propios de la sociedad que usaba como instrumento para financiarse y adquirir los activos tóxicos, a pesar de que las deudas eran íntegramente avaladas por el Estado. Permitió, además, que las viviendas, locales, suelos y créditos fueran gestionados al margen de los requisitos de transparencia de la Ley de Contratos del Sector Público, con lo que rastrear dónde han ido a parar todos esos activos vendidos se dificulta, a pesar de que abundan los escándalos de ventas a fondos buitre que, con los años, además, han adquirido un contrato de gestión con la SAREB. Deudas avaladas por el Estado, gestión privada.
Esta entidad llegó a adquirir cerca de 200.000 activos procedentes de 9 bancos y cajas de ahorro (BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco y Banco Gallego, BMN, Liberbank, Caja3 y CEISS) valorados en 50.781 millones de euros. De estos, el 77% de los activos eran préstamos y créditos al promotor (activos financieros) y el restante 23% eran viviendas, terrenos, edificios y solares (activos inmobiliarios). Su método de financiación fue mediante la emisión de bonos propios de la entidad garantizados por el Estado. En total la SAREB emitió bonos por valor de 51.000 millones de euros. La emisión de bonos es uno de los instrumentos de financiación que tienen las empresas, cuyo objetivo principal es adquirir liquidez en el mercado con la que llevar a cabo su objeto social, con el obvio condicionante de la devolución con intereses. La particularidad de la SAREB fue que, incluso mientras se regía por disposiciones del derecho privado, el aval que garantizaba que la deuda de los bonos se devolvería era del Estado. De tal forma, la SAREB ha sido el instrumento mediante el cual 9 bancos y cajas de ahorro traspasaron al Estado el riesgo en el cobro de sus activos tóxicos y adquirieron a cambio activos por igual valor con un riesgo prácticamente inexistente de no ser cobrado.
A fecha del 2019 se había amortizado el 31% de las emisiones de bonos, un total de 15.000 millones de euros, quedando pendientes de devolver los 35.400 millones restantes. Ante la previsión emitida por la propia SAREB de que no sea capaz de devolver el importe de los bonos a los inversores con la venta de los activos que le quedan, y ante la evidencia de que la deuda, al estar garantizada por el Estado, será pagada con dinero público, la Comisión Europea, mediante carta vía EUROSTAT, obligó a reclasificar las deudas pendientes de la SAREB como parte del sector de las administraciones públicas a través del RDL 1/2022. Por consiguiente, el importe de la deuda pública un día antes y un día después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley (RDL) que oficialmente nacionaliza sus deudas, se incrementó en un 3,05% y el déficit público en un 0,88% en un solo día. Así se materializa mediante normativa lo que era una realidad diseñada para ser escondida de las cuentas públicas. Este RDL, más que una modificación sustancial del cargo y garantía de la deuda que estaba claro desde el principio, lo que supuso fue una modificación de la estructura del accionariado y de la junta de gobierno para ajustarla al interés del principal avalista: el Estado. El equilibrio de participación público-privado se modificó, adquiriendo el FROB el 50,14 %. Ahora la pregunta sería: ¿quiénes son los titulares actuales de los bonos cuya deuda ha incrementado en el 3,05% (que equivale a 35.000 millones de euros) nuestra deuda pública? La respuesta es que esta información no es de dominio público.
El equilibrio de capital inicial respondió a la voluntad ejecutiva y legislativa de retrasar o esconder al máximo la evidente realidad de que el coste de la financiación de la adquisición de los activos tóxicos iba a ir en detrimento de uno de los principios de actuación de la SAREB, la minimización del coste para el contribuyente, que ha preconizado por activa y por pasiva toda la normativa relativa a los principios que guían la actuación de la entidad. Y todo esto teniendo en el gobierno a un partido cuya principal consigna de los años en que su credibilidad aún no estaba por los suelos, era precisamente que los bancos devolvieran a las arcas públicas su rescate encubierto, y en cambio, de su mano hemos acabado nacionalizando sus pérdidas otra vez.
