Laura Oliver
No es solo que se hayan nacionalizado las pérdidas y deudas de la SAREB heredadas de los bancos y cajas de ahorro antes mencionados, es que, además, se le han suprimido vía decreto todos los posibles frenos legislativos comunes a la bancarrota de una sociedad mercantil. Así, la normativa de la SAREB establece que no le sean de aplicación los artículos 327 y 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, ambos artículos destinados a regular el caso de pérdidas cualificadas en una sociedad anónima. La supresión ad hoc de la aplicación de estos dos artículos responde al conocimiento previo de que la SAREB incurriría en su causa y su inaplicación supone vía libre para la asunción de pérdidas por un importe mayor que el cubierto por la cifra de capital social inicial (303 millones de euros), pérdidas que, a la fecha prevista de su cierre, estarán garantizadas por el contribuyente.
La entidad tiene su fecha de cierre prevista para 2027, aunque no se descarta que pueda aplazarse. Pero la SAREB, para ir adelantando temores, ya ha advertido en sus informes anuales que no prevé recuperar el valor de los activos que adquirió con su venta. Y es que la historia de la emisión de los bonos de 2012 y 2013 para financiarse y adquirir los activos está plagada de polémicas y sobrecostes que repercuten hoy en nuestra deuda pública. Solo para apuntar unas pocas: la emisión de bonos se realizó inicialmente con interés variable a los siguientes 9 años, pero ante la errónea previsión de posibles variaciones bruscas en el Euribor en los años siguientes, se cambió el esquema de pago por un tipo fijo que resultó muy superior a las fluctuaciones del Euribor, calculando un coste extra en intereses de 3.000 millones de euros. Otra polémica fue la determinación del precio de los activos a adquirir, que se encargó al Banco de España en base a las estimaciones del consultor externo (Oliver Wyman), que debía calcular los descuentos aplicables a los activos. Finalmente, los activos se adquirieron con un descuento promedio del 50%, es decir, con una rebaja de la mitad. Pero, según la Comisión Europea, fueron unos precios muy superiores a los que se hubieran adquirido dichos activos en el mercado: en las estimaciones de la UE, la SAREB debería haber adquirido dichos activos con un descuento promedio del 75%. Según Bruselas, 18.000 millones de euros de los 51.0000 millones en emisiones fueron fruto de una valoración superior al precio de mercado. El objetivo que se escondía detrás de esta sobrevaloración era no incrementar las pérdidas de las entidades crediticias y bancarias, pérdidas inversamente proporcionales al coste que en el futuro iba a tener para los españoles. Y de resultas, los bonos que tuvo que emitir la SAREB fueron más elevados, con el deleite de los bonistas.
Las polémicas de la SAREB se extienden también al precio de venta de los activos, porque su precio se fijó por un promedio por categorías (hipotecas, créditos al promotor, vivienda, local, etc.). Es decir, que se vendieron sin atender al valor individual del activo, sino a su promedio. Esta valoración tiene sentido a la hora de simplificar el trabajo, pero su enajenación por precio promedio produjo grandes desequilibrios contables en la entidad. Así, la SAREB se vanagloriaba en 2014 de vender activos por encima de su plan de ventas, pero lo que ocurría era que estaba vendiendo los mejores activos por el precio promedio, y por tanto, vendiéndolos a un precio infravalorado. Cuando los mejores activos se enajenaron, a las cuentas de la SAREB le quedaron los activos peores sobrevalorados. Esta circunstancia requirió en 2015 que la SAREB hiciera una revaloración de los activos que le quedaban, lo que implicaba asumir pérdidas resultantes de las minusvalías de los activos. Pero gracias a la creación de una normativa contable ad hoc se le permitía ocultar sus pérdidas y trasladarlas de las cuentas de pérdidas y ganancias al patrimonio neto de la sociedad. Fue una medida pensada para que, cuando se observasen las cuentas de pérdidas de las entidades bancarias, éstas no saliesen tan deterioradas de cara a la imagen pública. Con ello también se evitó que los accionistas (por aquel entonces mayoría privada) hicieran las ampliaciones de capital que hacían falta para mantener las condiciones ordinarias de viabilidad de la entidad y poder repartir beneficio. Pero con los años, la SAREB ha ido adquiriendo muchos activos nuevos fruto de ejecuciones judiciales de préstamos y créditos al promotor, con lo que la cartera inmobiliaria ha seguido aumentando.
La estructura de gestión de los activos y pasivos de la sociedad también dio que hablar. Se hizo mediante la creación de una gestora, llamada Fondo de Activos Bancarios [FAB], jurídicamente diseñada para que se le transfirieran exclusivamente los activos y pasivos que adquiría SAREB y cuyo principal objetivo es la desinversión de deuda en forma de bono que emitió la SAREB para financiarse en el plazo previsto de 15 años desde su nacimiento. Este FAB ha estado gestionado directamente por cuatro grandes gestores con contrato hasta 2021, Haya Real State (propiedad del fondo Cerberus Capital Management, estadounidense), Altamira (propiedad del grupo italiano doValue), Solvia (filial promotora de Sabadell, vendida al fondo sueco Intrum justitia), Servihabitat (inmobiliaria de Caixabank vendida al fondo estadounidense Lone Star), encargados de enajenar los bienes de la SAREB, ahora sí, cumpliendo uno de los principios de la entidad: “minimizar las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de su actuación”, lo que significa que los precios de venta de la SAREB no presionen el mercado a la baja, no vaya a ser que se dé un respiro a las constantes presiones de burbuja inmobiliaria que viven algunas regiones de España.
La última adjudicación de gestión ha sido todavía más polémica si cabe. En 2022 se adjudicó la gestión de la cartera de 25.000 millones de euros en activos a la filial española del gigante de la inversión inmobiliaria estadounidense BlackStone (que, por cierto, años antes había adquirido vivienda de la SAREB) y a Hipoges (del grupo KKR, también estadounidense), ambos popularmente conocidos por sus prácticas abusivas en el mercado inmobiliario, también predicable de las anteriores gestoras de la SAREB. Y cabe recordar que, para la fecha de esta adjudicación, la entidad ya se había nacionalizado, aunque su gestión ha seguido dejándose en manos privadas. Ante esto, toca el pertinente lavado de cara político: se anuncia a bombo y platillo el criterio del valor social en la estrategia de gestión de las viviendas de la SAREB y se negocia con ayuntamientos y comunidades autónomas para ceder vivienda. Actualmente hay 2.704 viviendas sociales cedidas. Lo que supone un 1,35% del total de los activos adquiridos durante la crisis, un lavado de cara al que le ha faltado limpiar porquería. De hecho, no fue hasta 2019 que se realizó la primera venta de una vivienda a una administración pública (al ayuntamiento de Badalona) con fines sociales. Unos fines sociales que, por cierto, para la cesión de vivienda siempre tuvieron fecha de caducidad. La cesión de las viviendas se realizaba por pocos años para mejorar la imagen pública del “banco malo”, porque unos años después desahuciaban a familias que vivían en viviendas adquiridas con el aval del estado.
Y es que la SAREB era y es la oportunidad perfecta de modificar el esquema de propiedad del sector inmobiliario ampliando la propiedad estatal y poniéndola al servicio de los trabajadores, de des-tensionar los precios de alquiler de las viviendas, y conseguir una inmobiliaria pública solvente y sólida a largo plazo. Pero no, porque esto choca frontalmente con el fin con el que fue creada: sanear el sector financiero en un plazo de 15 años, impactando lo mínimo en el mercado, es decir, manteniendo los precios de mercado que ya rozan en algunos lugares los precios de la burbuja con la que empezamos en esta rueda. Ha sido un ejercicio de “cambiar algo para que nada cambie”. Choca también frontalmente con los designios que el Gobierno (indistintamente liderado por el PP y el PSOE) tiene reservado al banco malo, para más gloria del sector financiero y bajo cuyos mandatos se han llevado a cabo las desdichas de la entidad y del pueblo español.
La SAREB, en sus últimas modificaciones estratégicas de ventas ha apostado sin tapujos por la especulación, resumida en el mantra de “comprar barato, vender caro”. El nuevo plan consiste en ejecutar los créditos al promotor para obtener así la titularidad de la propiedad, reformada y/o acabar la construcción y vender; es apostar por revalorizar los activos malos. Esta estrategia también afecta a los activos inmobiliarios, algunos de los cuales habían sido previamente cedidos en alquiler social. La cuestión fundamental es que, en ambas estrategias de desinversión, la llevada a cabo durante la infravaloración y la llevada a cabo durante la revaloración de los activos, la SAREB no ha hecho un cálculo correcto y ajustado del valor de sus activos, que tenga en cuenta el coste social de la crisis y en ambas ocasiones se ha primado la ejecución comercial privada y el pelotazo inmobiliario, siguiendo con el único principio que ha cumplido la entidad:” impactar lo mínimo en el mercado”.
Pero que no me malinterpreten, en principio no habría nada objetable en que la SAREB intente cumplir el fin de desinversión sin recurrir al aval de la deuda; no obstante, la cuestión aquí es la oportunidad perdida que supone para España el haber dejado el beneficio de su gestión y administración a fondos buitre e inversores, en lugar de haber primado una estrategia de distensión del mercado inmobiliario y poner los activos al servicio de los trabajadores, que permita recuperar parte de los frutos de su trabajo mediante la apropiación pública de los beneficios. Y es que ambos fines no tendrían por qué ser excluyentes si las coyunturas políticas y geopolíticas permitieran a España tener soberanía y primar sus intereses por encima de los intereses del sector financiero e inmobiliario. Pero la realidad es que los activos tóxicos de los años 2012 y 2013 que casi llevan a España entera a la quiebra se han vuelto suculentos caramelos para buitres que nunca se cansan de esperar la oportunidad para sacar rédito de coyunturas críticas.
La conclusión de lo que implica la SAREB entendida dentro de la dinámica que la originó es que es el ejemplo perfecto de la estructura de dominación de unos estados sobre otros, y de una clase sobre otra. De cómo se trasladan y afectan las pérdidas de las entidades financieras internacionales estadounidenses al ámbito español mediante los créditos y productos financieros adquiridos en los mercados globales por parte de entidades nacionales. Y cómo se trasladan al contribuyente con la mediación del Estado cuando incurren en situaciones de insolvencia que afectan al sistema, por orden de la Unión Europea. Es un ejemplo claro de cómo funciona el nexo Estado-finanzas como instrumento de dominación de clase y la más patente evidencia de las patrañas teóricas del neoliberalismo cuyas prácticas sobreviven gracias al escandaloso apoyo y sustento del estado y del sector público a las ruinas que va dejando tras de sí el capital financiero.
