EL HIPSTERBÓREO
Luis Fernando Bolaños Gordillo
En el mundo digital la cultura de la cancelación se visibiliza como el rechazo tajante hacia actos hechos en el presente o del pasado que incitan a la burla, la intolerancia, el odio o el acoso; expone comportamientos indebidos, declaraciones inmorales, discursos políticamente incorrectos, expresiones ofensivas o la transgresión de los principios universales de convivencia.
Esta forma de poder comenzó hace más de una década denunciando a marcas reconocidas, artistas famosos, dirigentes políticos o líderes religiosos; su intención era retirarlos de las redes sociodigitales y los espacios laborales. Ese fue el marco para convertir al mundo digital en una tribuna global donde se denuncia y enjuicia supralegalmente a este tipo de acciones.
¿Hasta qué punto esas denuncias son auténticas sin intereses de por medio o, por el contrario, son pretextos para linchar en las redes a personas incómodas para lo política o socialmente correcto? Es difícil distinguir si estamos ante una lucha verdadera contra las injusticias o de posturas conservadoras cubiertas por los temas promovidos por el posmodernismo.
La notoriedad de políticos, influencers, líderes sociales, periodistas, pastores, artistas, etc., ha cimentado una superioridad moral con la capacidad de señalar cuándo se está dañando moral o psicológicamente a ciertos grupos o colectividades; las acusaciones atraen la atención de miles de seguidores que linchan sin dar el derecho de réplica.
Las redes sociodigitales son un tribunal paralelo al sistema de justicia, ahí se ventilan casos que no recibieron atención jurídica como comentarios mal intencionados, chistes, videos o memes clasistas, racistas, homofóbicos, pigmentocráticos o aporofóbicos; la sociedad es juez, fiscal, defensora de oficio o testiga del devenir de un espectáculo.
La doble moral que prevalece en ese mundo tragicómico limita los derechos a ser escuchado y el de presunción de inocencia; nuestro sistema jurídico fue rebasado, hay una frontera muy delgada entre la exigencia de justicia y el linchamiento mediático. En México no hay un marco legal que contemple a profundidad estos actos donde es la sociedad la que da el castigo y no un juez.
La cultura de la cancelación no tiene límites, en ocasiones los linchamientos son desproporcionados y esto debería ser analizado jurídicamente; hay personas que perdieron su trabajo, prestigio y relaciones sociales. La sentencia supralegal es una expulsión acompañada de estigmas que nunca podrán borrarse. Todo lo que se sube a internet no desaparecerá nunca.
Generalmente las personas denunciadas no son escuchadas, sus argumentos no son tenidos en cuenta y son señalados de ser ofensivos, inaceptables, insensibles e inhumanos. Los acusadores radicalizan sus discursos y esto en su conjunto limita la réplica y el debate sobre lo sucedido. Las denuncias también incitan al odio y a la intolerancia, lo que puede desembocar en actos de violencia.
En otro aspecto, el espectáculo hace de esta cultura una prolongación de los reallity shows de la última década del siglo pasado, porque generalmente se toman como pretextos chistes ofensivos, memes, videos o actos personales calificados como nocivos; la parte tragicómica es también una limitante para que la parte acusada presente sus argumentos.
En dicho espectáculo el tono político de las acusaciones puede disfrazarse con acusaciones de racismo u homofobia, pero el devenir de éstas es el que genera las contraposiciones -en ocasiones irracionales- entre los usuarios de las redes sociodigitales; la tragicomedia está por encima de un sistema que no ha puesto en categoría de ley los claroscuros ya señalados.
Acusar y silenciar a un individuo y exaltar a la gente en su contra es muestra del poder que otorgan las redes sociodigitales y ahí confluyen los estigmas, usos, costumbres, doble moral y todo tipo de contradicciones humanas. Ese mundo es el espacio para acusar y desprestigiar a los que son incómodos para el sistema. Por este motivo es urgente legislar al respecto.
En síntesis, la cultura de la cancelación al ser una expresión no institucionalizada tiene muchos matices que impide su debida regulación. Sus repercusiones no siempre son positivas, ya que hay instancias que han sido destrozadas; deben tomarse medidas como concientizar a los usuarios de las redes sociodigitales y analizar desde diferentes disciplinas lo que ya adquirió la categoría de forma de control.
