Letras Desnudas
Mario Caballero
Maritoña: ¡más mugre!
Hablábamos ayer de que uno de los mayores benefactores de Maritoña Calderón Mérida ha sido José Antonio Aguilar Bodegas, quien es su padrino político y el personaje con el que ha hecho importantes negocios en el ramo del outsourcing, una modalidad empresarial utilizada específicamente para la evasión fiscal.
Pero en el momento en que el priista es obligado a huir tras ser perseguido por la Interpol por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado, Maritoña comenzó a sostener relaciones comerciales con otras personas que manejaban influencias en el sector público. Uno de ellos fue el médico Óscar Cuesta Vázquez, socio tesorero del Centro Médico Metropolitano del Sureste, S.A. de C.V.
Cuesta no es un profesional de la salud limpio de escándalos. Tras los casi 15 años que en que ha ostentado el liderazgo del sindicato del Isstech ha sido acusado de diversos delitos y de sostenerse en el cargo por medio de amenazas, coerción y compra de votos.
Como sucedió en 2018, año en que se reeligió, los agremiados denunciaron que gente de su planilla estaba pagando 500 pesos por cada voto en el Hospital Vida Mejor y de utilizar las oficinas centrales del Instituto para hacer proselitismo. Incluso, acusaron al líder sindical de haber comprado a dos de las cinco planillas que participaron en ese proceso de elección.
Resulta que la Toña, en 2013, le consiguió a Óscar Cuesta y a dicho centro médico un contrato con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por prestación de servicios por una cantidad de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, era un contrato fraudulento.
La cosa estaba así. De los 10 millones pesos, tan sólo dos millones representaban el valor real de la prestación de servicios y el resto era sobreprecio. La condición que impuso Maritoña para ceder el contrato era que los 8 millones restantes fueran facturados a través de sus empresas de outsourcing, quedándose con una comisión del 6 por ciento. Y de esos 8 millones mensuales, menos la comisión correspondiente, se repartía entre los políticos que intervinieron en la realización del contrato y los asociados de mencionada clínica privada, libres de impuestos claro.
La fuente de este columnista, que pidió fuera omitido su nombre por temor a represalias, asegura que esta actividad ilícita se sigue practicando hasta el día de hoy.
Pero eso no termina ahí. A cambio de tremendo favor, Óscar Cuesta utilizó sus influencias para conseguirle a la Toña un contrato para la subrogación de servicios de hemodiálisis ante el Isstech, los cuales se cobran, pero no se otorgan.
Se señala que Maritoña inventó una empresa con domicilio falso en la ciudad de Palenque para poder cobrar dichos servicios.
Derivado de ello, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado giró investigaciones y descubrió que entre los años 2016 y 2017 los contratos de Maritoña Calderón y el Isstech implicaban facturas falsas, cobros indebidos y facturación utilizada para cometer actos relacionados con el delito de lavado de dinero. Sólo en esos dos años, alrededor de 400 millones de pesos fueron lavados a través de la empresa de Calderón, de extracción perredista.
SOCIOS
Como también decíamos ayer, uno de los cómplices de Maritoña en la estafa del Isstech fue Eduardo Thomas Ulloa, en su momento director general del Instituto y actual director financiero del IMSS.
Thomas Ulloa es un contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con una maestría en Finanzas y fue de los funcionarios que ocupó puestos clave en el manejo de recursos durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Pues fue subdirector de financiamiento y director de administración y finanzas de la Secretaría de Salud (agosto 2011-diciembre 2014), asesor de la Secretaría de Hacienda (junio 2015-noviembre 2016) y director general del Isstech (noviembre de 2016-diciembre de 2018).
Durante este último cargo fue señalado de manejar con total opacidad los recursos del instituto, desviar fondos de conceptos específicos y llenar la nómina de aviadores. Además, sus malos manejos ocasionaron problemas económicos a la dependencia, falta de medicamentos, falta de equipo médico y por la carencia de material quirúrgico decenas de cirugías fueron canceladas.
Por otro lado, las prestaciones y derechos que debe otorgar el Isstech a los derechohabientes, como servicio médico, créditos para vivienda, recreación en el Centro Cultural y Deportivo, entre otros, simplemente fueron negados bajo la excusa de falta de dinero.
No obstante, a riesgo de ser repetitivo, Thomas Ulloa se benefició con los jugosos contratos que sostuvo con Maritoña entre los años 2015, 2016 y 2017, por los cuales se presume se desfalcó a la dependencia por más de mil millones de pesos, según estimaciones de la Auditoría Superior del Estado.
Otro de sus cómplices fue Humberto Pedrero Moreno, quien como exsecretario de Hacienda del Estado es señalado como uno de los que autorizó los pagos millonarios a la empresa de Maritoña por la subrogación de servicios de hemodiálisis al Isstech.
FRAUDE EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN
Aparte, la Toña también es señalada de desviar recursos públicos del sector de la construcción de obras públicas, donde contó con la complicidad de diversos actores políticos del sexenio anterior, entre ellos nuevamente Humberto Pedrero.
De acuerdo con las auditorías 069 y 079, ambas practicadas durante el año 2019, pero aplicadas a los ejercicios fiscales de 2016 a 2018, Calderón Mérida provocó un fraude a la Secretaría de Obras Públicas y a la Comisión Estatal de Caminos por arriba de mil 600 millones de pesos.
Para ello se ayudó de diversas empresas fantasma. Una de ellas es Kasto Soluciones en Construcción y Acabados MX, S.A. de C.V., con domicilio en Chiapa de Corzo, pero con domicilio para efectos de negociaciones en calle Presidente Masaryk número 61 interior 901-B, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Su supuesto prestanombres es un tal Moisés Sánchez Santos.
Otra empresa es Diseño Estructural y Obras Hermanos León, S.A. de C.V., cuyos administradores son Francisco Roberto Trujillo León y Javier de los mismos apellidos. Ésta cobró cuatro contratos de la Secretaría de Obras Públicas en 2016 por cerca de 55 millones de pesos, pero que nunca realizó.
También está la empresa Construcciones Silcer, S.A. de C.V., representada por Luis Manuel Cervantes García. Obtuvo dos contratos por más de 27 millones y medio de pesos, mismos que supuestamente le fueron depositados a una cuenta de cheques del banco BBVA Bancomer.
En días recientes, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT está tras la pista de las empresas factureras de Maritoña Calderón, por lo cual anda desesperada haciendo campaña a la diputación federal por el distrito 13. Es decir, busca inmunidad detrás del fuero y una posición de poder para proteger a sus hermanos que cargan denuncias por violación y secuestro.
De los votantes dependerá si esta persona se sale con la suya.
