Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
En medio de los esfuerzos por enfrentar el fenómeno de la gentrificación y con la mira puesta en mejorar la recaudación fiscal, el gobierno de Clara Brugada ha comenzado a poner bajo la lupa un negocio que creció silenciosamente durante la última década en la Ciudad de México. Se trata de los llamados “hoteles clandestinos”, edificios completos que operan mediante plataformas de hospedaje de corta estancia y que, según estimaciones de las autoridades capitalinas, dejan de aportar cada año cerca de mil millones de pesos en impuestos y contribuciones.
El tema adquiere especial relevancia porque esta semana comienza el Mundial de Futbol 2026, uno de los eventos que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros a la capital del país. La demanda de hospedaje aumentará de manera significativa y el gobierno local busca evitar que quienes operan actividades equivalentes a las de un hotel continúen haciéndolo bajo esquemas regulatorios y fiscales mucho más laxos.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso esta columna, las autoridades tienen identificados al menos 30 inmuebles residenciales que ofrecen sus espacios a través de plataformas como Airbnb y Booking. En conjunto suman alrededor de 750 unidades entre habitaciones, departamentos y suites de lujo. La mayoría son operadas por empresas que han profesionalizado el negocio y que cuentan incluso con respaldo de fondos de inversión.
La discusión pública sobre las rentas de corta estancia suele centrarse en la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de residentes en zonas como Roma, Condesa, Juárez o Polanco. Sin embargo, detrás de ese debate existe otro fenómeno igual de relevante. Lo que originalmente nació como una alternativa para que personas particulares obtuvieran ingresos adicionales mediante la renta temporal de sus propiedades evolucionó hacia una industria dominada cada vez más por grandes operadores inmobiliarios.
Los datos recopilados por Inside Airbnb, una organización dedicada a monitorear el impacto de estas plataformas en los mercados de vivienda, confirman esa transformación. Ocho de cada diez anfitriones registrados en Airbnb ofrecen una o dos propiedades. Son usuarios que efectivamente utilizan la plataforma para complementar sus ingresos. Sin embargo, ese universo representa apenas el 44% de los espacios disponibles.
El resto del mercado está concentrado en operadores de mayor tamaño. El 56% de las propiedades anunciadas corresponde a anfitriones con tres o más inmuebles bajo administración. Más revelador aún resulta que menos del 3% de los anfitriones concentran el 23% de toda la oferta disponible. Ahí se ubican las empresas que administran decenas o incluso cientos de unidades y que, en los hechos, realizan una actividad prácticamente idéntica a la hotelera.
Entre los operadores identificados aparecen compañías como Wynwood, Niu y Kukun, firmas que se presentan como empresas de “neo-hospitalidad”. En el caso de Kukun, fundada por Heberto Taracena, la empresa ha recibido inversiones de fondos como Bridge Partners, Antelo Capital, View Capital y FJLabs, reflejo del atractivo financiero de un mercado que ha crecido aceleradamente en México y en otras ciudades de América Latina.
Para las autoridades, el problema no radica únicamente en la concentración del negocio. También existe una dimensión regulatoria que comienza a generar problemas con la industria hotelera tradicional. Muchos de estos complejos operan sin cumplir requisitos que sí deben observar los establecimientos formales, entre ellos licencias de funcionamiento, certificados de uso de suelo comercial, registros turísticos, verificaciones de protección civil y diversas obligaciones fiscales asociadas a la actividad de hospedaje.
La consecuencia es una competencia desigual. Mientras hoteles, hostales y otros establecimientos formales enfrentan inspecciones permanentes, costos regulatorios y obligaciones tributarias específicas, algunos de estos desarrollos inmobiliarios pueden operar con estructuras considerablemente más ligeras y márgenes de rentabilidad superiores.
Paradójicamente, quienes también terminan pagando parte de los costos de esta situación son los pequeños propietarios. La regulación aprobada recientemente en la Ciudad de México establece límites para la renta temporal mediante plataformas digitales y restringe la ocupación a un máximo de 50% de las noches al año. La medida busca contener los efectos de la gentrificación, pero corre el riesgo de colocar en la misma categoría a quienes rentan ocasionalmente una propiedad y a quienes administran verdaderos complejos de hospedaje.
El Mundial vuelve más urgente la discusión. La Ciudad de México espera una afluencia extraordinaria de visitantes y el hospedaje será uno de los sectores más beneficiados. El gobierno capitalino tiene la oportunidad de ordenar un mercado que ha crecido durante años sin reglas claras, pero también corre el riesgo de castigar a miles de pequeños propietarios que utilizan estas plataformas para complementar sus ingresos y que nada tienen que ver con los grandes operadores inmobiliarios.
Posdata 1
Por cierto que la inauguración del Parque Elevado de Tlalpan exhibió la presión con la que el gobierno de Clara Brugada llegó a la recta final de las obras comprometidas para el Mundial de Futbol. El proyecto, que originalmente debía entregarse el 30 de mayo, abrió sus puertas una semana después, en medio de reportes sobre trabajos de última hora, personal realizando acabados, áreas verdes en proceso de rehabilitación y maquinaria que permanecía en la zona hasta horas antes de la ceremonia oficial.
La obra es una de las piezas centrales de la estrategia de movilidad y renovación urbana con la que la Ciudad de México busca presentarse ante millones de visitantes durante la Copa del Mundo. El corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros sobre la Línea 2 del Metro conecta puntos clave del centro de la capital y forma parte de un paquete de infraestructura que también incluye la rehabilitación de esa línea del Sistema de Transporte Colectivo. El problema es que ambas intervenciones llegaron prácticamente al límite del calendario.
Durante semanas se observaron cuadrillas trabajando contrarreloj tanto en el Metro como en el propio parque elevado, mientras la fecha de apertura se movía una y otra vez. El gobierno logró entregar la obra antes del inicio del Mundial, pero la premura con la que se concluyeron los trabajos alimenta las dudas sobre si la prioridad fue garantizar calidad y funcionalidad o simplemente cumplir con una fecha políticamente inaplazable.
Posdata 2
El gobierno de Claudia Sheinbaum ya puso fecha y precio a uno de sus proyectos industriales más emblemáticos. El Olinia 1, el vehículo eléctrico impulsado por la administración federal, comenzará a comercializarse en el verano de 2027 con un precio estimado de 150 mil pesos. Esta semana la presidenta condujo el prototipo y encabezó una nueva presentación pública del proyecto, con la que busca demostrar que México puede desarrollar su propio coche eléctrico.
La apuesta, sin embargo, todavía enfrenta varios desafíos técnicos y financieros. Aunque el proyecto presume más de un año de desarrollo y la participación de universidades, centros de investigación y especialistas del sector automotriz, aún deberá demostrar su capacidad para fabricar a escala, integrar proveeduría nacional y competir frente a fabricantes chinos, estadounidenses y europeos que dominan el mercado de vehículos eléctricos.
Para Sheinbaum, el Olinia representa algo más que un automóvil. Es uno de los pocos proyectos productivos concebidos desde el actual gobierno con aspiraciones de convertirse en una política industrial de largo plazo. La viabilidad del modelo dependerá de su capacidad para atraer inversión y consolidar una cadena de suministro competitiva para poder colocar miles de unidades en las calles mexicanas.
Posdata 3
Tras varios meses de demandas de comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero por mejores servicios públicos y atención médica, los gobiernos federal y estatal anunciaron la construcción de un nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Atlixtac, uno de los municipios con mayores niveles de rezago social y carencias en infraestructura de salud del país. El proyecto fue presentado por la gobernadora Evelyn Salgado y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, durante un encuentro con autoridades y habitantes de la región.
La obra busca atender una de las principales exigencias de las comunidades de la Montaña, donde miles de habitantes deben recorrer largas distancias para acceder a servicios médicos especializados. La nueva unidad hospitalaria permitirá ampliar la cobertura de atención en una zona caracterizada por altos índices de pobreza, dispersión poblacional y dificultades de conectividad, factores que históricamente han limitado el acceso efectivo a la salud.
El anuncio también refleja una estrategia que el gobierno de Guerrero ha buscado consolidar en los últimos meses: privilegiar la negociación directa con las comunidades para destrabar conflictos sociales y canalizar inversiones federales hacia las regiones con mayores rezagos. En este caso, la coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum y el modelo IMSS-Bienestar permitió concretar un proyecto largamente solicitado en una de las zonas más marginadas del estado, donde la demanda de infraestructura hospitalaria se ha mantenido durante años sin una respuesta de fondo.
@MarioMal
