Puntos Fiscales
José Luis León Robles
En México nos hemos acostumbrado a medir el pulso del país a través de variables macroeconómicas, transiciones políticas históricas o el auge del nearshoring. Nos gusta pensar que el destino de la nación se juega en las mesas de votación o en los tratados comerciales. Sin embargo, hay una realidad subyacente que frena cualquier intento de progreso y que se ha consolidado como el problema más trascendental de nuestra era: el colapso del sistema de justicia y el imperio de la impunidad. No se trata de un asunto meramente estadístico, aunque los números con niveles de impunidad que rondan el 95% en delitos investigados son escalofriantes. Se trata de un cáncer social que altera la vida cotidiana de millones de personas. Cuando la probabilidad de que un delito sea castigado es prácticamente nula, el contrato social se quiebra. La ley deja de ser un escudo para el ciudadano y se convierte en un catálogo de sugerencias. El mayor peligro que enfrenta el México actual no es solo la existencia de grupos criminales que disputan el control territorial al Estado, sino la normalización de esa violencia en el imaginario colectivo. Hemos aprendido a convivir con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas como si fueran parte del paisaje urbano, y a escuchar reportes de extorsiones comerciales como un impuesto más para operar. Atribuir este problema a una sola administración o a un color partidista sería un diagnóstico perezoso. Esta es una crisis estructural de largo aliento. Las fiscalías locales siguen operando con presupuestos raquíticos, Ministerios Públicos saturados y procesos burocráticos que parecen diseñados para disuadir a la víctima en lugar de capturar al victimario. Por otro lado, los intentos de reforma al Poder Judicial suelen centrarse más en la disputa por el control político que en la ingeniería fina que requiere la base de la pirámide de justicia: las policías municipales y las defensorías públicas. Sin una justicia funcional, las demás promesas de desarrollo se vuelven de arena. No habrá crecimiento económico sostenible si las inversiones carecen de certeza jurídica o si los transportistas temen perder la vida en las carreteras. No habrá una democracia plena si ejercer el periodismo o defender el medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo en las regiones más vulnerables del país. Gobernar es priorizar, y la máxima prioridad de México debería ser garantizar que el ciudadano común pueda caminar por la calle con la certeza de que su vida y su patrimonio valen algo ante la ley. Mientras el acceso a la justicia siga siendo un lujo o una lotería, México continuará atrapado en su propio laberinto; un país de enormes posibilidades, pero frenado por el miedo y la indignidad de la injusticia permitida. El futuro no se decide en el tablero económico, se decide en las fiscalías y en los juzgados que hoy le siguen fallando a la gente. Espero este tema haya sido de su interés, y si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana en esta su columna.
