Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Es un verdadero gusto dirigirme a ustedes una vez más a través de este espacio de reflexión compartida, donde analizamos los temas que marcan el pulso del país. El pasado 1 de septiembre de 2025, México fue testigo de un hecho sin precedentes: un cambio estructural y simbólico en el Poder Judicial de la Federación. No se trató simplemente de una renovación administrativa, sino del nacimiento de lo que ya muchos llaman una “nueva era” para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por primera vez en la historia, los ministros y ministras de la Corte fueron elegidos directamente por la ciudadanía. Este hecho, en sí mismo, representa una transformación profunda del modelo de justicia. Atrás quedaron los tiempos en que la Corte era percibida como un bastión de élites jurídicas ajenas al pueblo. Hoy, el mensaje es claro: la justicia debe emanar del pueblo y servirle por igual. La nueva integración de la Corte quedó conformada por nueve ministros: Hugo Aguilar Ortiz designado como presidente del máximo tribunal, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa y Arístides Rodrigo Guerrero García. Ellos y ellas asumen una tarea monumental: encabezar un Poder Judicial que no sólo se dice renovado, sino que debe demostrarlo con hechos. Entre los primeros cambios destacables está el nuevo régimen de sesiones. El Pleno sesionará ordinariamente en dos periodos al año y de manera extraordinaria cuando cualquiera de sus integrantes lo solicite, incluso en recesos. Bastará la presencia de cinco ministros para sesionar salvo en casos que la Constitución exige seis. Además, sus resoluciones serán obligatorias para todos los tribunales del país, federales y estatales por igual. Pero más allá de las reglas, lo que ha marcado este cambio es el gesto simbólico del nuevo presidente de la Corte. Al abrir físicamente las puertas del recinto judicial al pueblo de México, Hugo Aguilar Ortiz no sólo rompió una barrera arquitectónica: derrumbó décadas de distancia entre el Poder Judicial y la ciudadanía. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: la Corte “era un lugar cerrado para la gente”, un espacio que parecía hecho sólo para “quienes tenían un carro grande o una invitación especial”. Hoy, en cambio, se busca una justicia sin apellidos ni membresías. Una justicia que no dependa del tamaño de la cartera ni de los contactos. Sheinbaum ha sido tajante: no puede haber más un sistema donde tener más dinero signifique tener más justicia. Ese modelo, dijo, estuvo “sometido a una élite” y debe desaparecer para dar paso a un verdadero Estado de derecho. En ese sentido, el acto de abrir la puerta de la Corte se suma a otra decisión relevante del nuevo presidente del tribunal: recorrer los estados para conocer de primera mano cómo funcionan los tribunales locales, hablar con jueces, observar de cerca. Porque la justicia no puede impartirse desde un escritorio en la capital: la justicia, si ha de ser real, debe pisar tierra. En suma, lo que ocurrió el 1 de septiembre no es una anécdota ni un simple cambio de nombres. Es una apuesta, ambiciosa y profundamente política, por construir una justicia más cercana, más equitativa y más honesta. Queda mucho por ver y por exigir, pero por ahora, el símbolo es potente: la Corte ha abierto sus puertas. Que no las vuelva a cerrar. Espero que este tema haya sido de su total agrado e interés y si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana, en esta su columna.
