Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Muy buenos días mis distinguidos lectores de este prestigiado diario, es para mí un verdadero gusto compartir con ustedes un tema de interés general: el creciente enfoque del fisco federal en los llamados contribuyentes cautivos. En este contexto, resulta inevitable señalar cómo ciertas empresas vinculadas a figuras políticas parecen estar blindadas frente a las facultades de comprobación fiscal, mientras que otros contribuyentes enfrentan una vigilancia cada vez más estricta. En los últimos años, la autoridad tributaria ha intensificado sus campañas de regularización fiscal. Aunque se presentan como “invitaciones” para corregir irregularidades, lo cierto es que estas notificaciones emitidas a través del buzón tributario tienen carácter de acto administrativo y suelen ir acompañadas de advertencias: en caso de omisión, puede iniciarse una auditoría o un procedimiento formal de comprobación. La resistencia fiscal, entendida como la disposición y capacidad de los contribuyentes para cuestionar o evadir las decisiones impositivas del Estado, va en aumento. Esta actitud no es irracional; responde, en muchos casos, a la percepción de que los recursos públicos se destinan al despilfarro, al nepotismo y a mantener privilegios en los altos niveles del gobierno. Resulta paradójico que quienes promueven la “austeridad republicana” sean, en ocasiones, los mismos que reproducen las prácticas que dicen combatir. ¿Tributar o no tributar? Esa no es la verdadera cuestión. La obligación fiscal es inherente a toda actividad económica formal en México. Lo verdaderamente relevante es cómo los contribuyentes diseñan y utilizan estrategias legales o ilegales para reducir su carga tributaria: desde deducciones y exenciones, hasta la evasión, elusión o simulación de operaciones. Un punto clave en la historia fiscal reciente de México fue el año 2019. Ante la falta de una reforma fiscal integral, el gobierno optó por una vía alterna: la reforma penal. En 2020, delitos como la simulación de operaciones, la emisión de facturas falsas y otras formas de defraudación fiscal fueron equiparadas legalmente con la delincuencia organizada. Esta medida dejó al descubierto dos realidades que por años fueron ignoradas: La fragilidad del fisco federal para financiar el gasto público con ingresos tributarios estables, sin recurrir a la deuda o a los ingresos petroleros. La notable capacidad de los contribuyentes para resistirse legal o ilegalmente al pago de impuestos. La resistencia fiscal, en última instancia, es una reacción lógica en un entorno donde el ciudadano no percibe un retorno justo de su contribución. El gobierno debe hacer algo más que repetir lemas como “no mentir, no robar, no traicionar” o culpar a administraciones pasadas. La verdadera legitimidad fiscal se construye con transparencia, eficiencia y resultados tangibles. Grupos empresariales de nuestro país como Coparmex, CCE o Concamín consideran que las medidas coercitivas constituyen una forma de terrorismo fiscal, especialmente por la criminalización masiva de contribuyentes. Abogados fiscalistas han denunciado a lo largo de los últimos años que el SAT genera «créditos fiscales inexistentes» y actúa de manera prepotente, lo que crea incertidumbre en los contribuyentes. La preocupación principal de los empresarios es y será siempre el terrorismo Fiscal que está implementando el sistema de administración tributaria, generando incertidumbre para el desarrollo económico. Ojalá y el propio gobierno empiece a poner el ejemplo de su eslogan, y quien no lo haga, cumplir con las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley reglamentaria del caso. Agradeciendo sus finas atenciones, espero que este tema le permita observar y analizar, que la responsabilidad es de ambos, no únicamente del gobierno, y recuerde mi distinguido lector que cada tres y 6 años nosotros podemos cambiar el rumbo de la historia a través del voto.
