Razones
Jorge Fernández Menéndez
El pasado 2 de julio la CNDH, finalmente, decidió excluir a la secretaria de la Defensa Nacional de su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Por una vez estamos de acuerdo con la CNDH, porque como lo hemos sostenido desde 2014, en este espacio, en libros, en documentales, en radio y televisión, los militares el día no intervinieron durante las acciones de la policía municipal de Iguala en contra de los estudiantes, ya que en aquel entonces el Ejército carecía de atribuciones de seguridad pública y por tanto su intervención habría constituido una violación a la competencia de las policías estatales y municipales, responsables de contener los disturbios, y si bien estuvieron enterados de lo que ocurría, por estar presentes personal militar en el C-4, el ejército carecía de facultades legales para intervenir en la situación, que ya estaba siendo atendida por la autoridad civil.
Es algo que hemos investigado a lo largo de todos estos años y era evidente que la consigna de que ese había sido un crimen de Estado, se construyó con falsedades, sin pruebas y con testigos protegidos, con una narrativa que se ha derrumbado hasta dejar la verdad cruda de los hechos: los jóvenes, en un contexto de violencia y de enfrentamientos políticos y criminales, fueron detenidos por policías municipales, entregados a sicarios de Guerreros Unidos en distintos grupos y finalmente asesinados. En ningún momento hubo actuación ni individual ni institucional de elementos militares en ese proceso.
Buena parte de esos datos están en el libro La Noche de Iguala, 2018, Cal y Arena. Ahora lo ratifica la propia CNDH de Rosario Piedra, la más refractaria a los militares que se pueda recordar.
Como lo sostiene un informe militar de fines de 2024, desde el primero de diciembre del 2012 hasta el día de los hechos el 26 de septiembre de 2014, los jóvenes de Ayotzinapa habían realizado, sólo en Guerrero, 108 actos similares (de robo de autobuses y otras acciones violentas, incluyendo el incendio del palacio municipal de Iguala), 20 marchas, cinco mítines, siete bloqueos carreteros, 42 acciones de recolección de dinero (boteo), cuatro caravanas, cinco retenciones de vehículos, tres tomas de instalaciones, 15 extracciones ilegales de combustible y siete reuniones plenarias para coordinar exigencias (uno se pregunta cuándo les quedaba tiempo para estudiar, pero ese es otro tema).
Esa noche, la última llamada con autoridades locales se dio a las 21.55 hs cuando el jefe del 27 batallón, el entonces coronel José Rodríguez Pérez llamó al coordinador operativo de la policía estatal, José Adame Bautista, quien le dijo que ellos no saldrían hasta tener órdenes. Una hora después Rodríguez Pérez habló con el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, quien le dijo que la situación estaba controlada y que no necesitaba apoyo. Todavía salió una patrulla militar para ver qué sucedía en el hospital Cristina, donde se habían refugiado unos jóvenes. Estuvieron con ellos unos minutos (hay video al respecto), pidieron una ambulancia y se fueron. Cuando la ambulancia llegó los jóvenes ya se habían retirado, uno de ellos, se lo identifica en las fotos, minutos después participa en una conferencia de prensa improvisada con un par de medios nacionales y locales.
Fueron los policías municipales los que entregaron a los estudiantes a los sicarios, como ellos lo aceptaron y como lo demuestran entre otras cosas las llamadas intervenidas por la DEA entre distintos capos del grupo criminal que en esas mismas llamadas piden que se oculten hechos a los militares.
El soldado Julio Cesar López Patolzin, que estudiaba en la normal de Ayotzinapa y que fue secuestrado junto con los otros jóvenes, nunca tuvo entrenamiento ni formación en áreas de inteligencia. Solicitó ingresar a la Normal para terminar su licenciatura y se le dio autorización para ello. El soldado López Patolzin no trabajaba en inteligencia y en las pocas semanas que estuvo en la normal no envió reporte alguno a sus mandos militares.
El de Ayotzinapa ha sido un leit motiv para los sectores radicales de la 4T que tienen su principal exponente de poder en Jesús Ramírez y ésta es una más de sus derrotas políticas. A pesar de todas las maniobras fuera de la ley para tratar de imponer la visión de que ese fue un crimen de Estado y aunque siguen insistiendo en que la llamada verdad histórica era una manipulación organizada “por autoridades federales y estatales de los más altos mandos”, lo cierto es que algo muy similar a la verdad histórica es lo que concluyó la investigación que realizó ahora la CNDH.
La mayor manipulación sobre el caso Ayotzinapa, en la que intervino directamente Ramírez, fue el intento, mediante falsos testimonios, de involucrar a militares para justificar el presunto crimen de Estado, una manipulación en la que participó directamente el primer fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que convirtieron a sicarios confesos de Guerreros Unidos, luego de varios años de detención, en testigos protegidos para involucrar a mandos militares a cambio de su liberación.
Finalmente, desde una de las instancias más cercanas a esos grupos radicales, la actual CNDH, se tuvo que aceptar la realidad y deslindar por completo al ejército del secuestros y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Cuando no se aceptan los hechos comprobados sobre lo realmente sucedido y se sigue dando crédito a especulaciones y teorías de la conspiración, lo único que se logra es que la tragedia que nunca pueda tener un cierre, una salida, política, social y humana. Ojalá eso ahora ocurra.
