Razones
Jorge Fernández Menéndez
La torpeza con la que se mueve el gobierno federal en todo el tema de la detención de El Mayo Zambada sólo parece comparable con lo indefendible que resulta la causa de los políticos acusados de su relación con el narcotráfico, comenzando con el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y siguiendo con los muchos que temen estar entre la oleada de denuncias que se preparan, incluyendo, dicen en Washington, una investigación contra el ex presidente López Obrador. Todo ello derivado, en buena medida, de la colaboración de distintos criminales que se han convertido en testigos de la justicia estadounidense.
En apenas tres días, el gobierno federal se ha enredado en forma notable en un tema, la detención de El Mayo, del que dicen no tener información ni tampoco, agreguemos nosotros, defensa. Primero la presidenta Sheinbaum resucitó el tema a partir de que se exhibiera en un museo local en Nuevo México, la avioneta en la que fue traslado y detenido el Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024. No hay una declaración implícita, pero se puede desprender de esa exhibición que el Mayo, fue extraído como parte de una operación encubierta del FBI, ordenada por el Homeland Security. Eso ya lo sabíamos todos desde hace dos años, menos el gobierno federal. Lo que no sabemos es qué características tuvo esa operación. No lo dijo ni lo dirá el gobierno estadounidense porque precisamente por eso se llama operación encubierta.
Como quedó demostrado en las mañanera de esta semana y en la conferencia de prensa de ayer de la FGR, el gobierno federal tampoco lo sabe y a partir de las notas de prensa impulsa un conflicto diplomático con Estados Unidos. Mientras aquí hacen declaraciones insustanciales, el Mayo Zambada recibirá el 20 de julio condena, luego de haberse aceptado su culpabilidad, su colaboración con las autoridades y su cadena perpetua a cambio de pedir un mejor trato carcelario.
En la misma narrativa de Palacio Nacional, especulan con que el gobierno de Trump negocia con criminales, sin comprender que es lo mismo que hace cualquier gobierno, incluyendo el de México, cuando tiene un testigo colaborador (sin ir más lejos esos intentaron hacer con Emilio Lozoya, por ejemplo) incluso olvidando que el propio López Obrador pedía públicamente a García Luna que se convirtiera en testigo protegido para denunciar, decía, a Calderón y Peña Nieto. El problema que tienen es que esos testigos están declarando y dando elementos a la justicia estadounidense para judicializar los casos que, como el de Rocha Moya, apuntan a personajes de poder en México.
Mientras piden pruebas de Estados Unidos sobre la caída de El Mayo, en la mañanera anuncian que se ha reservado, bloqueado, hasta el 2031, por razones de seguridad nacional, toda la información relacionada con el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los demás acusados en el caso Sinaloa. El bloqueo de información incluye todo, desde sus declaraciones ministeriales hasta el intercambio diplomático entre México y Estados Unidos sobre el tema. Ante la reacción mediática, horas después, la cancillería, como si no hubiera existido el anuncio anterior, informa que a pedido de la presidenta la información intercambiada por los dos gobiernos se dará a conocer, pero evidentemente no lo relacionado con la investigación que debería haber ordenado el propio gobierno federal sobre todas estas complicidades e historias.
Un poco después, la fiscal Ernestina Godoy dice que sí existen investigaciones en México, que hay siete carpetas de investigación por la detención de El Mayo y por el homicidio de Héctor Melesio Cuén, por la desaparición de los escoltas de Zambada, y por alterar la escena del crimen, pero que no pueden dar más detalles por la secrecía de la investigación, que lleva ya dos años sin resultado alguno y con los involucrados directos, como el propio Rocha Moya, protegidos por el gobierno.
Pero, además, informan que identificaron al piloto (al que en la mañanera le pidieron a Estados Unidos que identificara), que Estados Unidos lo deportó a México, que aquí fue detenido y que lo regresaron, expulsado, a Estados Unidos (sic). Y al final la culpa de todo pareciera que la tiene, dicen, el ex embajador Ken Salazar que cometió el pecado de anunciar su libro y divulgar con demasiada antelación que López Obrador tenía miedo de lo que pudiera decir Zambada luego de ser detenido. Salazar había perdido la confianza del gobierno de Biden por su insistente apoyo a López Obrador y por eso no supo del operativo con anterioridad, y nunca ha tenido el apoyo de Trump. El embajador, en última instancia, debe haber dicho lo que le ordenaron que dijera.
Como escribimos hace días, la enunciada es una estrategia suicida, que busca una confrontación directa con Estados Unidos en un momento en que es evidente que vienen más y mayores acusaciones contra políticos y funcionarios del oficialismo. Y recordemos, el viernes 10 es la audiencia de Ovidio Guzmán y el 20 la sentencia del Mayo Zambada.
Salgado
Félix Salgado Macedonio sigue siendo uno de los mayores desafíos para la dirigencia de Morena. Luego de que le fue prohibido registrarse para buscar la candidatura de Guerrero, ha organizado grandes reuniones con militantes en Chilpancingo, y las prepara en Iguala y Taxco este fin de semana. Está demostrando que él será el gran elector en el estado.
