Jorge Fernández Menéndez
Razones
Insistir en que la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al gobierno de Sinaloa fue personal, sin la intervención de ningún otro actor político, es ingenuo. Es pensar que el viernes pasado, Rocha, que siempre ha sido prepotente pero nunca valiente, se levantó, le dijeron que ese día la presidenta estaba enferma y no iría a la mañanera, y no tuvo mejor idea que ir al palacio de gobierno, revocar su licencia y asumir el gobierno del estado, que muchos dicen que nunca había abandonado, porque eran suyos desde la gobernadora interina hasta todos los demás funcionarios estatales.
Así no son las cosas. Rocha reasumió el gobierno porque se lo ordenaron desde donde le mandan: desde los ámbitos más cercanos al expresidente López Obrador y tuvo que volver a pedir licencia porque lo exigió la presidenta Sheinbaum, que había sido desafiada y exhibida por el regreso de Rocha.
El contexto en que se dio toda la telenovela sinaloense es el de la división interna del movimiento de la 4T, acicateada desde que se dio la demanda de la detención del propio Rocha, de su hombre de confianza, el senador Enrique Inzunza, y de otros funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos de ser cómplices de los Chapitos; por la negativa del gobierno federal de proceder en su contra, pese a que incluso dos de ellos (el ex secretario de finanzas, Enrique Díaz, y el ex secretario de seguridad, Gerardo Mérida) se entregaron a la justicia estadounidense para convertirse en testigos colaboradores, lo que derrumbó la narrativa de la falta de pruebas; por la creciente presión estadounidense que hizo eclosión con el retiro de la visa a Andy López Beltrán; las inminentes acusaciones que se presentarán contra otros personajes, como la gobernadora Marina del Pilar Avila; y porque resulta evidente que tanto en lo relacionado con el crimen organizado como con el contrabando de combustible, los dos maxi procesos que se llevan en las fiscalías de Chicago y Nueva York, al final todos los caminos conducen a Andrés Manuel López Obrador.
En el amplio entorno del expresidente, ningún personaje genera tanto rechazo como el secretario de seguridad Omar García Harfuch. López Obrador lo demostró cuando, pese a haber ganado por amplísimo margen la candidatura de la ciudad de México y siendo el hombre de toda la confianza de la entonces candidata y ahora presidenta Sheinbaum, el mandatario le quitó esa posición a Omar para entregársela a Clara Brugada (y así está dos años después la capital del país, peor que nunca). Más allá de los discursos sobre intervencionismo, en el gobierno federal saben que la presión estadounidense continuará, lo mismo que las acusaciones contra funcionarios (se dice que son 236 las carpetas abiertas de políticos mexicanos relacionados con corrupción, huachicol fiscal y narco), los retiros de visas y los pedidos de detención, presiones que se amplían a muchos otros ámbitos, desde el financiero hasta el agrícola o el comercial y diplomático.
La negativa a actuar sólo deja, que es lo que quieren los duros, una presidencia de la república debilitada con imposibilidad de avanzar en cualquier de sus objetivos estratégicos. Ese es el escenario que estamos viviendo hoy: los sectores duros de la 4T, comenzando por el entorno de López Obrador, que conserva posiciones en Palacio, son los que están desafiando a la presidenta y ella debe decidir si reafirma su posición o transita por una ruta de debilidad y fraccionamiento del poder.
Lo que provocó el intento de regreso de Rocha se explica, además de por el retiro de la visa de Andy y su estúpida carta dirigida al presidente Trump, por otro dato: el viaje de García Harfuch a Buenos Aires, a la reunión de la DEA, y los amplios, contundentes, elogios de Terry Cole, el director de la agencia estadounidense, que se ha convertido en la némesis de López Obrador, que sabe que está en la mira de la agencia desde los años en que Cole fue el jefe de la DEA en México, y Christopher Landau, el actual subsecretario de Estado, fue el embajador: pocos saben tanto y tan bien las complicidades, consecuencias y compromisos de la política de abrazos y no balazos que impuso López Obrador durante su sexenio. Y eso es lo que consta en los expedientes de Nueva York, Chicago y otras fiscalías estadounidenses.
El reconocimiento a García Harfuch deviene de haber abandonado esa estrategia que tantos costos generó en México y en Estados Unidos, de haber dado un giro de 180 grados con una nueva estrategia de seguridad que se implementó con la aprobación y el apoyo de la presidenta Sheinbaum y de los mandos militares. García Harfuch es la expresión pública de la misma y cada vez que se festinan los avances, reales, en seguridad, se condena, así sea implícitamente, los terribles resultados del sexenio pasado.
Algo vio López Obrador en la combinación del retiro de la visa de Andy, la detención del chofer de Melesio Cuén, en los acuerdos y elogios de las agencias estadounidenses, para que haya decidido tratar de reventarlos con el regreso de Rocha, desafiando con ello a la presidenta Sheinbaum.
Es muy pronto para saber el final de esta historia, pero su trama principal ya está definida, las opciones trazadas, y será desde Palacio Nacional donde se tendrá que decidir qué curso tomar.
Por lo pronto, respecto a Sinaloa sólo queda una opción que desde hace meses hemos planteado aquí: se deben desaparecer poderes en el estado, no sólo porque todo el gobierno actual está contaminado por el crimen organizado, sino también para dejar en claro quién manda allí. El poder está para ejercerlo.
