Razones
Jorge Fernández Menéndez
La carta que publicó Andy López Beltrán protestando porque, en una decisión soberana, Estados Unidos le quitó la visa para ingresar a ese país, es la más estúpida que pudo haber escrito (la haya hecho él o como muchos dicen, su padre) y que se ha podido dirigir al presidente Trump, insultando al mandatario, a sus principales funcionarios, al país y su gente.
Mal escrita, recurre a todos los lugares comunes del antiimperialismo de los años 60 y 70; es que las visitas a Cuba y el asesoramiento de los Monedero, Iglesias, Miguel, Iván, Jesús, dañan. En la carta calificó el retiro de su permiso de ingreso como una decisión propagandística y una «perversa canallada». Afirmó que no existen pruebas ni expedientes delictivos o inmorales en su contra, lo que es absolutamente falso: existen contra él, contra sus dos hermanos, contra su padre y contra muchos otros políticos de Morena.
Restó importancia a la sanción diciendo que al fin él no quiere ir a a Estados Unidos porque detesta el gobierno “apático e ignorante” de Trump. Acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, de ordenar la medida y los comparó con “jefes de pandillas”. Desafió a Trump a aclarar públicamente si estaba enterado de la situación y demandó la destitución de ambos funcionarios.
Si hace unos meses la presidenta Claudia Sheinbaum, en uno de sus más notable gazapos, dijo que “Estados Unidos no es una potencia cultural, porque en ese país lo más importante siempre es el dinero, la acumulación, el tener más», en su carta Andy López Beltrán dice que no quiere visitar Estados Unidos, a donde iba frecuentemente (¡qué vida te dabas Andy cuando vivías de prestado con departamentos y carros de lujo con tus hermanos en Miami, Nueva York y Aspen!¡qué mansión la de tu hermano José Ramón en Houston!) “en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”. Así ven, Andy y la 4T, a Estados Unidos y su gente, a nuestros vecinos, donde viven por lo menos 30 millones de paisanos.
Como todo el establishment de Morena se ha sumado a la solidaridad con Andy, esas consideraciones, el gobierno de Trump las ha tomado como la posición del poder en México, no como el desvarío de un junior con ínfulas sucesorias sin ninguna experiencia política real, más allá de haber abrevado algo de su papá y compartir su nombre.
Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, uno de los hombres más cercanos a Trump y un más que posible candidato para las elecciones de 2030, lo dijo con claridad: “No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Quien entre a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa”.
Y la embajada lo amplió: “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, donde viva o cuales sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho”.
Andy López sí tiene investigaciones en Estados Unidos, sobre todo por tráfico de influencias y por su participación en los mecanismos de contrabando de combustibles. El ex secretario de finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, se ha convertido en colaborador de la justicia estadounidense y en la información que comparte con los fiscales, me imagino que les contará que era uno de los encargados de financiar, junto con un funcionario ahora en la ciudad de México, a Andy y sus hermanos, junto con los hijos de Rocha Moya y de Américo Villareal. Allí habrá muchos datos que aumentarán los expedientes. En ellos se incluye la relación con Adán Augusto López, con el contratista Amilcar Olán (otro que dicen que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos desde que se fue a vivir, con sus millones, a Suiza); con Antonio Martínez Dagnino, el director del SAT del que se acaban de checar en el Capitolio de Washington, 300 empresas estadounidenses con inversiones en nuestro país por “las fiscalizaciones sin precedentes y la falta de certeza jurídica en México”; con Daniel Assaf, que el sexenio pasado fue el jefe de seguridad de AMLO y ahora es, en forma repentina, un muy próspero empresario; con distintos funcionarios de aduanas, entre ellos con Rafael Marín Mollinedo, y Alex Tonatihu Márquez; con el propio ex secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda; con los constructores del Tren Maya, el Interoceánico y Dos Bocas, todas obras deficitarias y que sobrepasaron tres, cuatro veces su presupuesto, con licitaciones de adjudicación directa.
Hay en Estados Unidos unos 236 expedientes de políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado, la corrupción y el contrabando de combustible. Una parte de ellos están en un maxi proceso en Chicago, donde están siendo juzgados, entre otros, los chapitos; otros están en la corte del sur de Nueva York, donde son juzgados el Mayo, Caro Quintero y muchos otros; el fiscal era hasta hace unos días, Jay Clayton, ahora el responsable de las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Aquí, el discurso oficialista y presidencial de que “no hay pruebas” y por eso no se puede investigar a nadie de Morena, se repite como karma y se cae por el propio peso de los hechos. Mientras tanto, el sábado en un post de X, el subsecretario Christopher Landau preguntaba “si estaban disfrutando del show”, y pedía que “rellenen sus palomitas porque van a disfrutar la próxima parte”.
