Razones
Jorge Fernández Menéndez
Decía un célebre senador estadounidense, que “todo el poder es local”. En muchas ocasiones se pone el foco de atención en el ámbito federal o estatal, pero olvidamos que es en los municipios donde se opera la política a nivel territorial. El crimen organizado lo entendió desde hace tiempo y controla la seguridad a ese nivel y ha ampliado sus operaciones a muchos otros ámbitos. La principal sin duda es la extorsión. Los municipios se han convertido en la base de operaciones de la extorsión una trama en la que participan muchas autoridades locales.
Con los operativos Enjambre y Liberación se puso de manifiesto que no había producto que se consumiera en muchos municipios, desde materiales de construcción hasta tortillas, que no pagara el “impuesto” de la extorsión con incrementos respecto a su precio de mercado de hasta un 400 por ciento, una red que no podría haber funcionado sin muchas complicidades en las áreas municipales.
En Tequila, la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, fue importante porque permitió develar cómo un gobierno municipal podía adoptar el mismo método operativo del crimen organizado: utilizar las facultades de la autoridad para ejercer presión sobre empresas, imponer sanciones, amenazar con clausuras y después convertir esa presión en una oportunidad de negociación. El tradicional derecho de piso, pero administrado desde el poder público, con complicidad, por otra parte, con el propio crimen organizado.
En Sinaloa ese modelo se implementó desde hace años, pero se consolidó con la administración de Rubén Rocha Moya. Aquí hemos explicado, desde 2022, como se utilizó como elemento de negociación con los chapitos, a partir de otorgarles el control del agua y de muchas plataformas municipales. Quien operó esa negociación fue el entonces secretario de finanzas, Enrique Díaz, hoy testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.
Pero el modelo se ha desarrollado hasta otros niveles mucho más preocupantes y con total impunidad. En el municipio de Salvador Alvarado, se encuentra Guamúchil, uno de los históricos centros de operaciones del cártel de Sinaloa. Por su ubicación en el estado, los municipios de la región del Évora (incluyendo Guamúchil) son utilizados frecuentemente para el trasiego de drogas y el repliegue de grupos armados. En Guamúchil en los últimos meses ha habido incursiones de caravanas de vehículos blindados de los cárteles, ataques a viviendas en zonas céntricas, bloqueos en vías de comunicación y enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad.
Mientras todo eso sucede, la presidenta municipal Guadalupe López González, de Morena y cercana colaboradora de Rocha Moya, al que ha defendido públicamente hasta el día de hoy, siguiendo el modelo del detenido presidente municipal de Tequila ha emprendido una campaña de extorsión en contra de la industria de las telecomunicaciones.
En Tequila, el alcalde Diego Rivera se inventó un impuesto predial multimillonario contra la industria tequilera que “condonaba” con pagos, extorsiones en realidad, que pretendía recibir el propio alcalde. Si las empresas se negaban les envíaba sicarios a “presionar” a sus empleados e instalaciones.
En Salvador Alvarado, Sinaloa, el Ayuntamiento pretende ilícitamente calificar como obra en la vía pública el cableado aéreo tendido sobre la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para extorsionar a los proveedores de servicios (Megacable, Telmex y Totalplay) exigiendo un cobro ilegal sobre un servicio cuya regulación es materia de competencia exclusivamente federal y el cual es parte de las redes de telecomunicaciones nacionales.
Ante la negativa de las empresas a pagar esa virtual extorsión, han aplicado multas reiteradas a las tres empresas de telecomunicaciones con montos desproporcionados: al día de hoy, las multas impuestas a Telmex, Megacable y Totalplay superan los mil 500 millones de pesos. Pero la operación va más allá: ante la negativa empresarial de pagar las multas y las extorsiones, el municipio, con órdenes directas de la presidenta municipal López González, ha cortado y removido ilegalmente fragmentos de la red de telecomunicaciones federal, dejando a miles de ciudadanos sin servicios.
A través de uno de sus asesores, Pedro Molineros Urías, la presidenta municipal ha ofrecido la condonación de entre el 60 y el 70 por ciento de las multas, condicionándolo al pago de cientos de millones de pesos al Ayuntamiento. Un esquema de evidente extorsión. Por ello los proveedores de servicios de telecomunicaciones han denunciado los hechos ante la FGR (carpeta de investigación: FED/SIN/GUAM/0000898/2026).
En este caso las víctimas principales ni siquiera son las empresas: son los ciudadanos. Cuando se corta una red de telecomunicaciones quienes pierden telefonía e internet son hospitales, escuelas, pequeños comercios, sistemas financieros, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y miles de familias que dependen diariamente de esa infraestructura. El gobierno deja de ser garante de los derechos de la población para convertir a esa misma población en rehén de una estrategia de presión económica, de una extorsión.
Las telecomunicaciones forman parte de la infraestructura crítica del país. Sobre esas redes descansa buena parte del funcionamiento cotidiano de las instituciones y de la sociedad. Utilizarlas como instrumento de presión compromete servicios esenciales. Imagínese usted estar incomunicado en uno de los municipios más inseguros del país, donde desde hace meses la lucha interna del cártel de Sinaloa ha generado todo tipo de afectaciones y donde son constantes, por otra parte, las operaciones de las fuerzas federales de seguridad.
La pregunta es si la Federación permitirá que un gobierno municipal invada sus propias competencias para convertirlas en mecanismos de presión económica y extorsión que además afectan sus propias actividades estratégicas.
Cuando la extorsión comienza a ejercerse desde las instituciones deja de ser un problema de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad interior, como lo vimos en Tequila o en municipios mexiquenses, de Michoacán, Guerrero y en la propia Sinaloa. Eso sucede hoy en Salvador Alvarado, en Sinaloa.
La visa de Clara
Me informan desde el gobierno de la ciudad de México que Clara Brugada tiene vigente su visa de Estados Unidos, que incluso la usó para hacer escala en su reciente viaje a Azerbaiyán. Ayer hablé en este espacio de cuentas, no de visas. Me dicen que no han tenido tampoco información al respecto.
