Razones
Jorge Fernández Menéndez
¿Por dónde comenzamos?¿Por la docena de legisladores y gobernadores que se han apresurado en convertirse en colaboradores de la justicia estadounidense ante la sospecha o la convicción de que serían acusados de ser parte de las redes de protección del crimen organizado.?¿O por Víctor Rodríguez, que hasta unos días era el director general de Pemex, al que nadie en el gobierno federal, siendo amigo desde hace décadas de la presidenta Sheinbaum y de muchos de los principales integrantes de la administración federal, supo identificar como lo que es: un brutal golpeador de mujeres, exhibido por su esposa gracias a un video grabado desde marzo pasado?.
O podemos comenzar por los diez de Sinaloa, el primero el gobernador con licencia, Rubén Moya, o el desaparecido senador Enrique Inzunza, o el presidente municipal de Culiacán, Juan de Díaz Gámez, todos acusados por la justicia de Estados Unidos de ser cómplices del cártel de los Chapitos. Dos ya se entregaron: el ex secretario de Finanzas, Enrique Díaz, y el ex secretario de seguridad pública estatal, Gerardo Mérida, que ya están colaborando con la fiscalía del sur de Nueva York, donde se acumulan las acusaciones contra funcionarios y políticos mexicanos.
Lo cierto es que este martes, el status judicial de los ocho que quedan en libertad, protegidos todos ellos por el gobierno federal y el partido en el poder (sólo ver cómo la mayoría de los precandidatos que se registraron por Morena, para las elecciones del año próximo en Sinaloa, han sido colaboradores directos de Rocha y de Inzunza, sirve para comprender el grado de complicidad oficial con estos personajes) y pasarán a tener no sólo pedido de detención con fines de extradición sino ya acusaciones formales en ausencia que obligará a las autoridades estadounidense, con base en la normas antiterroristas, a buscar su detención en donde estén.
Muchos otros ya han perdido sus visas, pero muchos más temen perder su libertad y sus bienes. Varios gobernadores han visto como desde el FINCEN del Tesoro estadounidense se les ha pedido a los bancos tanto de la Unión Americana como de México, que les cancelen las cuentas bancarias y de inversión. Los últimos han sido, según fuentes estadounidenses, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la ciudad de México, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el de Tamaulipas, Américo Villareal. Los tres ya han tenido contacto con las autoridades estadounidenses, en el caso de Durazo desde hace ya un año, en el de Villareal, dicen que esos contactos se han interrumpido por falta de acuerdos. En el caso de Nahle son recientes, como ya ocurrió con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ibarra. Otra gobernadora que no tiene acusaciones pero que ha buscado a las autoridades estadounidenses es Mara Lezama, de Quintana Roo, en su caso de motu propio.
Podríamos comenzar con todos los involucrados en la trama de contrabando de combustibles, que comienza con la Barredora que encabezaba el secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, patrocinado por Adán Augusto López y por Rutilio Escandón, ex gobernadores de Tabasco y Chiapas, hoy senador y cónsul en Miami, respectivamente. Desde el robo de combustible en el sur y centro del país se pasó al contrabando en la frontera norte, primero en sociedad con Sergio Carmona y luego de que éste fuera asesinado, con una trama que involucró a mandos de la Marina, de aduanas, del gobierno de Tamaulipas y de Morena, una trama desde la cual se financiaron campañas y aspiraciones políticas.
O podríamos comenzar por la exhibición de poder y recursos de los hijos del ex presidente López Obrador, por las innumerables denuncias de casos de corrupción que los involucran a ellos y a muchos otros. En el dispendio cada día más evidente que se hizo con el tren maya, el interoceánico o el aeropuerto Felipe Angeles, por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por la megafarmacia, la vacuna patria y una interminable lista de despropósitos y ocurrencias con costo al erario que convirtieron a muchos súbitamente en millonarios.
La lista crecerá porque desde Estados Unidos, la administración Trump, por las razones que sea, seguirá con las denuncias y demandas; porque las traiciones internas en Morena, de cara al 2027 y a más largo plazo al 2030, están a la orden del día; y porque la realidad termina siendo inocultable.
Hace ya varios meses, mi amigo Carlos Salomón hizo un exhaustivo análisis explicando porque la gran derrota de Morena y del gobierno era moral. El lopezobradorismo durante años presumió de su superioridad moral, incluso más allá de la política y de la eficiencia del gobierno, con la que descalificaba a cualquiera que fuera su crítico o adversario. López Obrador lo presumía una y otra vez en las mañaneras. Hoy esa superioridad moral es indefendible.
Su gran derrota es, sobre todo, moral: desde los altos funcionarios, amigos íntimos de los más altos niveles del gobierno que resultaron vulgares golpeadores de mujeres, hasta los políticos corruptos; desde los políticos y funcionarios acusados de narcotráfico y defendidos por el gobierno federal, hasta los que no dudan, para librar las acusaciones en convertirse en confidentes de la justicia estadounidense. Una derrota moral en toda la línea.
