Razones
Jorge Fernández Menéndez
Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villareal, fueron despojados de sus visas, informó ayer Los Angeles Times, el mismo medio que había adelantado que se presentarían acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios sinaloenses, muy poco antes de que eso se oficializara. Los dos gobernadores, dice el periódico californiano, tienen visas provisionales para entrar al país del norte con el fin de que colaboren en las investigaciones que los involucran. Como adelantamos después de la reunión Markwayne Mullin en Palacio Nacional, también están en el trance de contar con pedidos de detención, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
La situación legal de los cuatro es diferente: a Marina del Pilar hace ya meses le fue retirada la visa, y es investigada junto con su ahora ex esposo, Carlos Torres, por sus relaciones con grupos el crimen organizado en la entidad. Américo Villareal está en el centro de dos grandes entramados que se relacionan mutuamente: por una parte, fue el encargado por Morena, junto con Ignacio Mier, del proceso electoral de 2021 en Sinaloa, donde ganó Rubén Rocha en una operación coordinada con el cártel de los Chapitos que no sólo financiaron (lo mismo que Ismael El mayo Zambada) la campaña sino también secuestraron a decenas de operadores electorales de la oposición para que no participaran en la jornada electoral.
Esos comicios, como otros de ese año, fueron financiados también por Sergio Carmona, una figura central en la trama del contrabando de combustible (era apodado el rey del huachicol) que fue asesinado poco después, en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Su hermano, Julio, que fue jefe de la aduana de Reynosa, en esa red de complicidades, en cuanto fue asesinado Sergio, se fue a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Carmona se relacionó con Palacio Nacional, e incluso estuvo con el entonces presidente López Obrador vía, entre otros, de Jesús Ramírez, el director de comunicación social y actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum.
Según las fuentes estadounidenses, fue desde el Centro Nacional de Inteligencia y del su jefe Audomaro Martínez, que se reestructuraron las redes de Carmona, con funcionarios de aduana y la marina, entre ellos los hermanos Farías Lagunes, sobrinos del entonces secretario Rafael Ojeda.
Américo Viullareal está involucrado en ambas tramas criminales, como lo estarían sus hijos, estrechamente relacionados con los de Rocha Moya y con los del ex presidente López Obrador. Dicen que Villareal fue contactado por autoridades estadounidenses para que colabore en las investigaciones y que el gobernador rechazó cualquier relación con las agencias de Estados Unidos: desde hace meses no puede ingresar a ese país.
El caso de Alfonso Durazo es diferente. Al actual gobernador y primer secretario de seguridad de López Obrador (y con una larga carrera política en la que pasó por el PRI, el PAN, MC y ahora Morena, partido del que es el presidente del consejo nacional) se le renovó tiempo atrás, su visa por sólo un año. Ahora dice el LA Times, se le otorgó una visa provisional, con el fin de que colabore con las autoridades de ese país. Según fuentes estadounidenses, desde hace meses Durazo ya está colaborando con la justicia de la Unión Americana.
En los tres casos resulta evidente que la prioridad de la estrategia estadounidense es asegurar su frontera sur (nuestra frontera norte). Confían en la colaboración con Chihuahua, de Maru Campos (a la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados ayer se anunció que también le quitaron la visa), con Coahuila de Manolo Jiménez y con Nuevo León, de Samuel García. Por eso están operando en Tamaulipas, Sonora y Baja California cuyos gobiernos ven relacionados con grupos criminales. En el caso de Michoacán, además de las denuncias existentes, están preocupados por las extorsiones a los productores de aguacate y limón, entre otros productos agrícolas que se exportan a EEUU; por las presiones que sufren los inspectores agrícolas estadounidenses; por el secuestro y explotación de minas y, sobre todo por la utilización del puerto de Lázaro Cárdenas para el ingreso de fentanilo a México.
Otro tema que está abierto y en donde continúan las investigaciones dentro de la Unión Americana es el de los consulados mexicanos. Son 28 los que están siendo indagados por el departamento de Estado, con acusaciones de que hacen proselitismo a favor de Morena y en contra del partido republicano.
Hay más políticos y funcionarios investigados, vendrán “oleadas” de acusaciones dijo el lunes la juez Polk en la comparecencia de Gerardo Mérida, pero la estrategia que parecen seguir las instituciones estadounidenses de seguridad pasa por las denuncias sin involucrarse en los debates soberanistas y en señalar, como hizo el embajador Ronald Jonhson, en que la politización de la seguridad deviene en “oportunidades perdidas” en la colaboración bilateral en seguridad.
Según dijo ayer el secretario de Estado, Marco Rubio ante el senado de su país “no permitiremos que un cártel se haga pasar por un gobierno en nuestro hemisferio” y puso una línea roja en su estrategia: colaborar con Estado Unidos en el combate a los grupos que denomina narcoterroristas “no es opcional”. Estados Unidos, concluyó, puede ser “el mejor amigo o el peor enemigo”.
