Razones
Jorge Fernández Menéndez
Sí, en términos de seguridad el Estado conserva signos vitales, da señales de vida a pesar de los errores del pasado reciente y de los desafíos actuales. Sí, hay una nueva estrategia de seguridad que no se parece en nada a la que se siguió el sexenio pasado. Es diferente en la forma, en el fondo, por los hombres y mujeres que están a cargo de ella y sobre todo porque en Palacio Nacional se tiene la decisión de combatir el crimen, no de simplemente contenerlo.
Hay muchas señales que resultan evidentes. Primero, la dinámica del gabinete de seguridad, mucho más homogéneo y con un sentido operativo que no tenía el pasado, marcado, porque así lo quería el exmandatario, por enfrentamientos personales e institucionales. Los esfuerzos de la Defensa y la Marina van en un mismo sentido y la FGR que casi no participaba el sexenio pasado, se ha integrado, por instrucciones presidenciales, en forma integral. No es una cuestión sólo de forma que todos los comunicados de prensa atribuyan las operaciones realizadas a todas las corporaciones que integran el gabinete de seguridad: ese es el mensaje que se quiere dar.
Si la secretaría de seguridad era hasta octubre una dependencia casi administrativa, para muchos una oficialía de partes, donde incluso se le encargaba a Rosa Icela Rodríguez tareas absolutamente ajenas a esa responsabilidad (López Obrador le encargó hasta controlar el ISSSTE), ahora Omar García Harfuch es el responsable de coordinar en forma real toda el área y todas las acciones. Si antes el principal instrumento de seguridad pública que tenía el Estado, la Guardia Nacional, operaba con incertidumbre institucional, ahora, ya incorporada constitucionalmente a la Defensa, puede tener un despliegue y desarrollo ordenado y con un futuro diseñado acorde con sus intereses y las necesidades del país.
En el operativo Enjambre en el estado de México, llevaban ya, esta semana, 24 detenciones de funcionarios municipales coludidos con los grupos criminales. Hace años que no se realizaba un trabajo de inteligencia y detenciones de políticos locales en funciones de todos los partidos y ligados con distintos cárteles. Un trabajo iniciado por la fiscalía mexiquense de José Luis Cervantes y por el secretario de seguridad, Cristóbal Castañeda, y retomado a escala federal. Es, o debería ser, el preámbulo de muchas operaciones similares.
El problema es que son pocos los estados donde se puede tener colaboración y confianza de las áreas de seguridad y fiscalías locales. Pero para eso se han retomado las reuniones de judicialización que se hacían cuando aún estaba Julio Scherer en la consejería jurídica, para ir ajustando cada uno de los estados.
Pero incluso así, hay realidades muy diferentes. García Harfuch en una buena decisión se instaló unos días en Sinaloa para atender una situación de seguridad que evidentemente está fuera de cauce. Mi amigo Loret de Mola dice que le recuerda la intervención en Michoacán durante el gobierno de Peña. Quizás, pero a mí me recuerda lo que se hizo en Chiapas en 1994, algo mucho más integral y de fondo, o por lo menos espero que los resultados sean mucho más cercanos a lo que sucedió en Chiapas después del levantamiento zapatista, que a lo sucedido en tierras michoacanas hace dos sexenios.
Chiapas, por cierto, es un estado en el que urge una intervención radical, profunda. Este fin de semana se va, por fin, Rutilio Escandón y llegará Eduardo Ramírez, pero más allá de sus intenciones el sólo esfuerzo estatal no alcanzará para recuperar lo que se ha perdido. Hay demasiado daño y división acumulada, demasiado empoderamiento criminal, demasiada penetración social e institucional de los grupos criminales.
Sinaloa sabemos que es un estado crítico en términos de seguridad no sólo por la violencia que se ha desatado en las últimas semanas sino también porque allí se está jugando la reconfiguración del crimen organizado en el país. Pero también porque es donde está puesta la mira de Estados Unidos en el tema del fentanilo. El decomiso de más de una tonelada de fentanilo esta semana, constituye un duro golpe al grupo criminal del Chapo Isidro (heredero de los Beltrán Leyva y actualmente aliado de los mayitos en contra de los hijos del Chapo), y es una señal importante, que viene precedida por una serie de decomisos trascendentes en mar y tierra.
Los programas contra el robo de carreteras y el de la de modernización de puertos son cruciales para frenar la inseguridad. Esas son las vías comunicantes del crimen organizado, sin control sobre ellas no hay control del país.
Hay que abarcar mucho más y no será nada fácil, entre otras razones porque más allá de que los objetivos están alineados, se debe asumir que los resultados no serán inmediatos, pero sí deben ser palpables e ir cambiando la percepción de la ciudadanía e incluso de los propios criminales, que sientan que sí serán combatidos, que lo de los abrazos quedó atrás.
Y tampoco será fácil porque no puede haber una sola estrategia, cada estado o cada región del país requiere una estrategia diferenciada: no es lo mismo Sinaloa que Chiapas, o Tamaulipas que Guerrero. Ese ha sido un acierto en el que mucho tuvo que ver el general Trevilla, secretario de la Defensa, porque desde allí donde se conoce la problemática real. Ahora la estrategia de seguridad se buscará que sea específica para cada región y estado con objetivos claros y diferenciados en cada uno de ellos. No hay otra forma de encarar el actual desafío.
