Jorge Fernández Menéndez
Apostar por la credibilidad de Edgar Veytia, apodado por él mismo El Diablo, el ex fiscal de Nayarit, uno de los personajes más tenebrosos que ha pasado por una institución de justicia en las últimas décadas en nuestro país, es un sinsentido.
Sus declaraciones de ayer en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, podrían ser el guion de una mala narcoserie, con capítulos absolutamente inverosímiles, con contradicciones hasta en las fechas y con la intención de reducir una condena de 20 años de prisión que le ha endosado la justicia estadounidense por lavado de dinero y participación en organizaciones del narcotráfico.
Es un hecho que Veytia y el ex gobernador Roberto Sandoval eran personajes ligados a los Beltrán Leyva, pero sobre todo al Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de la desarticulación de los Beltrán. Lo que no tiene sustento alguno es su declaración de que el entonces presidente Calderón y el propio García Luna se reunieron con ellos para decirles que tenían que apoyar al cártel de Sinaloa. Y que eso fue después del 19 de septiembre del 2011, cuando Sandoval asumió la gubernatura de Nayarit y Veytia la procuraduría estatal.
Dejemos de lado el hecho de que Veytia, como otros testigos protegidos que han aparecido en el juicio, no tiene prueba material alguna de sus dichos, pero preguntémonos con un poco de sentido común ¿qué sentido tendría que un presidente saliente, en los últimos meses de su mandato, se reuniera con un gobernador entrante de un partido diferente al suyo, cuando era evidente que el PRI ganaría las elecciones de julio siguiente, para ordenarle que apoyara a un cártel de la droga, a cualquiera? Qué sentido tendría que se le ordenara apoyar al Chapo Guzmán en contra de los Beltrán Leyva, cuando esa organización ya había sido descabezada: Alfredo, El Mochomo había sido detenido desde el 2008; Arturo Beltrán Leyva había muerto, en diciembre del 2009; Carlos Beltrán Leyva, fue detenido días después de la muerte de Arturo; Edgar Valdez Villareal y Sergio Villareal, La Barbie y El Grande cayeron en 2010, y en el 2011 fue detenido Óscar Osvaldo García Montoya, que intentó reagrupar ese cártel que desde entonces se declaró, como tal, desmembrado. Todos esos personajes murieron o fueron detenidos cuando García Luna era secretario de seguridad pública y Calderón presidente.
Veytia para esa fecha ya trabajaba con los remanentes de los Beltrán Leyva, los grupos del H2, un cártel local, pero ya había entragado la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación, como lo establece incluso el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la secretaria de Gobernación, apenas en enero del año pasado.
Durante el periodo de Veytia no sólo el fiscal se coludió con el narcotráfico, fue un azote para la comunidad. Los empresarios hoteleros y constructores de Nuevo Vallarta tenían que pagar extorsiones al fiscal, muchos fueron obligados a entregar sus prpiedades a prestanombres de Veytia y si no lo hacían eran encarcelados o asesinados.
Según el mismo informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, esa estrucuctura criminal en la fiscalía del estado se dedicó a “ejecuciones, desapariciones y torturas, a amenazas, extorsiones y obstrucción de la justicia mediante la creación de delitos, forzando encarcelamientos de contrarios o no actuando ante ciertos crímenes”.
Cuando investigamos esos temas y los difundimos en esta columna, en el programa de radio que tenía entonces en Imagen, y en el programa Todo Personal, fuimos amenazados por el fiscal y su gente, tanto un servidor como mi compañera Bibiana Belsasso, así como los reporteros que habían ido a indagar esas denuncias. El propio Veytia, además, nos amenazó judicialmente, a través de una carta, por haber aireado uno de los muchos casos de corrupción judicial en el estado: uno que fue paradigmático y que cubrimos durante años, el del empresario Eduardo Valencia, despojado de todo su patrimonio, encarcelado, torturado, con dos intentos de asesinato en la cárcel y finalmente liberado cuando cayó el fiscal.
Para esa fecha ya había concluido el gobierno de Calderón y fue el apogeo de poder de Veytia. El fiscal, cuando estaba en funciones, fue detenido en 2017, y durante todo ese período trabajó para esas organizaciones criminales, como está documentado en México y en Estados Unidos. Vuelvo a preguntar qué sentido tendría que un presidente de la república y un secretario de seguridad federal le dijeran personalmente a un personaje de esta calaña con qué cártel tendrían que operar, a cuál proteger y a cuál golpear. Mucho menos, como declaró Veytia, en una reunion del Consejo Nacional de Seguridad, a poco de concluir la administración Calderón.
El ex fiscal de Nayarit no sólo protegía organizaciones criminales sino que convirtió a la fiscalía del estado en una organización criminal en sí misma. Ahora es testigo de cargo cuando hace tres años que busca un acuerdo con la fiscalía estadounidense para reducir su condena. Antes de declarar contra García Luna sirvió como testigo protegido para acusar al general Salvador Cienfuegos, en otra denuncia absolutamente inversoímil y asumida como buena por los mismos miembros de la misma fiscalía neoyorquina. Y ahí sigue Veytia sirviendo de testigo para lo que se ofrezca y lo hace, en todos los casos, sin mostrar una sola prueba. Forme usted su propia opinión.
