Letras Desnudas
Mario Caballero
Sabines: ¿Cuándo?
Resulta interesante observar el fenómeno que ocurre en torno a muchos gobernadores en funciones y exgobernadores durante la presente administración federal. Algunos de ellos han sido sometidos a juicio por desafuero, otros acusados por diversos delitos, como desvíos de recursos públicos, peculado, enriquecimiento ilícito, y otros más por imputaciones un poco más graves, como nexos con el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.
Un caso, tal vez el más sonado hasta el momento, es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, al que los legisladores de la Cámara de Diputados le retiraron el fuero constitucional y luego la autoridad judicial le giró una orden de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, Cabeza de Vaca sigue en funciones ya que el Congreso del Estado se negó a quitarle la protección y le permitió que continuara gobernando a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra. En lugar de buscarle un sustituto conforme a lo establecido por el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, los diputados locales optaron por protegerlo.
Ante esta situación, la autoridad federal emitió una alerta migratoria ante su posible fuga del país.
Otro gobernador en funciones, también acusado de diversos delitos, es el priista Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, quien, junto a su padre, el exgobernador oaxaqueño José Murat, está señalado de realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita en Estados Unidos.
Cabe precisar que este señalamiento contra padre e hijo no proviene del gobierno federal, sino de un grupo de expertos que se dedica a la investigación de flujos financieros ilícitos, así como corrupción, lavado de dinero y comercio ilegal. Se denomina Global Financial Integrity, con oficinas en la ciudad de Washington DC.
Este grupo profesional hizo público un documento la semana pasada titulado “Acres de lavado de dinero. Por qué las inmobiliarias son el sueño de la cleptocracia”. Y en él define que México destaca como el principal país en el mundo donde sus políticos desvían más recursos del erario hacia Estados Unidos para invertirlos en bienes raíces.
En la publicación asegura que los Murat, padre e hijo, son dueños de al menos seis propiedades en Nueva York, Florida y Utah, con un valor de seis millones de dólares.
Asimismo, refiere que el exgobernador Tomás Yarrington, de Tamaulipas, quien se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Texas en marzo de este año y que enfrenta una condena de hasta veinte años de prisión, utilizó los 3.5 millones de dólares que recibió de soborno por parte de diferentes grupos del crimen organizado para adquirir bienes inmuebles en Texas, Port Isobel y South Padre Island.
Otro exgobernador priista, que incluso encabeza esta lista, es Javier Duarte, del estado de Veracruz, quien fue acusado en 2016 por la malversación de 26 millones de dólares y de fomentar vínculos con los capos de la droga. Según el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se basó en una red de 400 empresas fantasma para desviar recursos públicos.
De acuerdo con el documento de GFI, Duarte está ligado en la compra de 90 propiedades en México, España y Estados Unidos, entre 2006 y 2014, periodo en el que utilizó abogados y socios comerciales como sus testaferros para establecer una compleja red de empresas fantasma en Texas, Delaware y Florida.
En fin, puras joyitas.
¿Y SABINES CUÁNDO?
Desde luego, no digo que esté mal que estos mandatarios y exmandatarios hayan sido exhibidos como lo que son: políticos corruptos. Y qué bueno que este gobierno, que ha tomado como bandera política la lucha contra la corrupción y la impunidad, los esté citando uno por uno para aclarar lo que malamente han venido haciendo con los dineros de sus estados y con las facultades constitucionales como mandatarios.
Y qué bueno que organismos como Global Financial Integrity, y como muchos otros en México, investiguen estos casos. Pues sólo así nos enteramos de las cochinadas que hacen este tipo de gobernadores con los dineros de los ciudadanos y todo lo documentado puede servir para que sean llevados a la justicia. ¿Por qué no? El que la hace, que la pague. Así de simple.
Pero, ¿y Juan Sabines cuándo? ¿Por qué no está entre la lista de los exgobernadores corruptos? ¿Entre los que en menos de seis años pasaron de pobres a millonarios? ¿Entre los que abusaron del poder para acumular grandes fortunas al margen de la ley e incluso teniendo presuntos vínculos con grupos criminales?
Sin duda, Sabines supera por mucho lo de Yarrington, Duarte, Cabeza de Vaca y los Murat. Para empezar, la deuda pública. Cuando llegó a la gubernatura encontró una deuda de poco más de 800 millones de pesos, pero al final de su sexenio dejó al estado con un sobreendeudamiento por más de 21 mil millones, y se si suma la deuda con proveedores llega hasta los 40 mil millones de pesos. En tan sólo 72 meses aumentó la deuda del estado más pobre del país en 704%, una cifra nunca antes vista en otras entidades.
Igual que Duarte, utilizó una red de 40 empresas fantasma ubicadas en Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, y personas físicas a las que les entregó contratos de manera irregular, que no cumplían los requisitos o que no acreditaron la conclusión de los trabajos por las que fueron contratadas, o bien, recibieron dinero en efectivo sin que existiera un contrato. Esto según la auditoría practicada por la consultora PriceWaterHouseCoopers, que revisó los dos últimos años de la administración de Sabines.
Por otro lado, durante su gobierno fueron bursatilizados los recursos del Impuesto Sobre Nóminas, por alrededor de 5 mil millones de pesos, del cual se obtuvieron dividendos sustanciosos que jamás vimos los chipanecos y que terminaron desapareciendo en su totalidad. Lo mismo que los más de 2 mil 850 millones de pesos que fueron desviados de los fondos de pensiones del Isstech.
En marzo de 2017, el abogado y activista social, Horacio Culebro Borrayas, expuso que había entregado pruebas a la DEA y al FBI de que Sabines y funcionarios de su gobierno recibían 5 millones de dólares mensuales por parte de un cártel del narcotráfico a cambio de protección y facilidades para el trasiego de estupefacientes en el estado.
El mismo abogado expuso que poco después de finalizar el periodo de gobierno de Juan Sabines, uno de sus exfuncionarios viajó a Miami y adquirió 13 departamentos por una suma de mil millones de pesos, de los cuales varios de ellos eran supuestamente propiedad del exgobernador.
CONGRUENCIA
Repito: el combate a la corrupción y la impunidad es lo mejor que puede hacer este gobierno, tanto para mejorar el ánimo social como la salud política del país.
Sin embargo, también se requiere que este combate tenga un poco de congruencia, porque mientras vemos los trapitos al sol de exgobernadores y gobernadores priistas y panistas, algunos ya encarcelados, a Juan Sabines Guerrero no lo molestan ni las moscas en el consulado de Orlando, Florida, cargo que tiene toda la apariencia de ser un premio a la corrupción. O peor aún, un pacto de impunidad.
@_MarioCaballero
