Juan Pablo Zárate Izquierdo*
Recientemente, una noticia de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas capturó mi atención, pues informaba que la UNICACH aporta a la transformación social a través de la música, en la que el director de la Facultad de Música exclamaba que “la música es una profesión que funciona como un eje que conecta a la sociedad y da sentido a los ámbitos sociales, políticos y financieros”, donde docentes de música, consultores artísticos, artistas y productores contribuyen a dicha transformación.
Una frase breve, casi un eslogan, pero que abre una ventana de análisis con profundidad si la observamos desde la ciencia política. ¿Puede la música transformar sociedades? Y si puede, ¿cómo ocurre ese proceso? ¿Es voluntario, espontáneo o deliberado?
Hay que comenzar por lo obvio: la música no es neutra. Nunca lo ha sido. Antonio Gramsci entendió antes que nadie que la hegemonía cultural no se construye únicamente desde los aparatos del Estado, sino desde las trincheras de la sociedad civil, desde los espacios donde se produce sentido, identidad y consenso. La música es, en ese terreno, una de las formas más poderosas de una disputa simbólica. Quien controla los ritmos de una época, en buena medida moldea sus valores. Y asi ha sido.
La ciencia política contemporánea lo confirma: Murray Edelman, en su obra sobre la política como espectáculo simbólico, señaló que los rituales, los mitos y los símbolos compartidos (entre ellos la música) no decoran el orden político: lo construyen.
Desde esta perspectiva, la visión de la UNICACH no es solo una postura pedagógica romántica. Es, en el fondo, una toma de posición política sobre el papel que le corresponde a la institución universitaria en el entramado social chiapaneco.
Reconocer que la formación musical puede ser un vehículo de transformación implica asumir que la universidad no es un espacio desinteresado, desligado de los conflictos y las desigualdades que caracterizan a esta región. Por el contrario, es protagonista con responsabilidades concretas frente a las comunidades que la rodean.
La historia ofrece evidencia abundante de que ese compromiso, cuando se traduce en práctica institucional, produce resultados verificables. El caso más citado es el venezolano: en 1975, el maestro José Antonio Abreu (por cierto músico, economista y político) fundó el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, replicado después en decenas de países.
La clave de El Sistema no era la música en sí, sino su función pedagógica y política: construir ciudadanía desde la práctica colectiva, la disciplina compartida y la experiencia de la excelencia como bien accesible. Siete gobiernos sucesivos de distintos signos políticos financiaron el proyecto porque entendieron que era, ante todo, un programa de desarrollo humano y de formación de ciudadanos. La música como política pública.
La experiencia venezolana no es única. La West-Eastern Divan Orchestra, fundada por Daniel Barenboim y el pensador palestino Edward Said en 1999, convoca anualmente a jóvenes israelíes y árabes para tocar juntos. Los grandes conservatorios europeos (el de París, el Real Conservatorio de Madrid, la Juilliard School en Nueva York) hace décadas dejaron de ser instituciones de élite para convertirse en motores de inclusión social.
La Filarmónica de Berlín opera programas en escuelas de zonas marginadas de la capital alemana. La lección global es consistente: donde hay una institución musical comprometida con su entorno, hay transformación social medible. Hannah Arendt lo formuló de otro modo, pero apuntando a lo mismo: la política nace donde los seres humanos actúan en concierto. Pocas imágenes reproducen mejor esa idea que una orquesta.
Chiapas es un caso especialmente relevante para pensar este nexo entre música y política. Es un estado donde coexisten tradiciones musicales indígenas milenarias con géneros contemporáneos que expresan las tensiones de la migración, la pobreza y la violencia. La marimba, las bandas de viento, los grupos de los Altos, el hip hop de las periferias urbanas de Tuxtla o San Cristóbal, no son simplemente expresiones culturales: son narrativas políticas sobre quién pertenece, quién es excluido, qué se recuerda y qué se borra. Ignorar esa dimensión es reducir tanto el análisis político como la práctica artística.
La transformación social a través de la música es posible. Ocurre cuando los músicos son también ciudadanos críticos; cuando las instituciones culturales se abren a los saberes que históricamente han sido excluidos; cuando la formación artística se entiende no como un privilegio de élite, sino como un derecho vinculado a la dignidad y la participación política.
En ese sentido, la noticia de la Facultad de Música de la UNICACH merece ser tomada en serio, debatida y, sobre todo, traducida en prácticas concretas que estén a la altura del compromiso que enuncia.
* Docente e investigador en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas
