Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
La UNAM quiso evaluar conocimientos, pero terminó examinando algo más profundo: qué ocurre cuando miles de jóvenes compiten por un recurso escaso, desconfían de las reglas y descubren que el sistema de vigilancia puede ser burlado. El resultado no fue solamente una irregularidad tecnológica, fue también un juego de incentivos perversos en el que copiar comenzó a parecer, para algunos, una decisión racional.
El examen de admisión suele presentarse como una competencia neutral: todos responden las mismas preguntas y los mejores obtienen un lugar. Pero esa imagen es engañosa. Los aspirantes llegan con condiciones profundamente desiguales. Unos tuvieron escuelas privadas, cursos especializados, computadoras propias y espacios adecuados; otros estudiaron con deficiencias acumuladas, conexiones inestables y la presión de saber que quizá se jugaban en unas horas su única posibilidad de acceder a la educación superior.
La desigualdad explica el contexto, pero no convierte automáticamente el fraude en justicia social. Copiar no redistribuye oportunidades entre los excluidos. Con frecuencia beneficia a quienes pueden pagar respuestas, asesoría clandestina, suplantadores o asistencia tecnológica. La rebelión contra el sistema puede terminar siendo otro negocio del mercado: la venta privada de ventajas dentro de una competencia pública.
Cada aspirante debía decidir entre respetar las reglas o buscar una ventaja indebida. Mientras creyera que la mayoría actuaría honestamente y que la vigilancia sería eficaz, copiar resultaba demasiado riesgoso. Pero si comenzaba a circular la percepción de que otros recibirían ayuda, que las respuestas podían filtrarse y que la probabilidad de castigo era baja, la ecuación cambiaba.
Así aparece el dilema: “Si los demás copian y yo no, quedaré en desventaja; si todos respetan las reglas menos yo, obtendré una ventaja; y si muchos copian, quizá deba hacerlo para no perder”. La desconfianza transforma la trampa en una especie de seguro defensivo. No todos copian por la misma razón. Algunos buscan privilegios; otros creen estar protegiéndose de los tramposos. El resultado colectivo, sin embargo, es desastroso: se destruye la credibilidad del examen.
Por eso resulta cómoda la explicación moralista que reduce todo a jóvenes sin valores. Hubo responsabilidad individual, desde luego. Nadie puede alegar que la escasez de lugares otorga derecho a desplazar fraudulentamente a otro aspirante, pero también hubo una responsabilidad institucional. La UNAM decidió trasladar una competencia de enorme importancia a un entorno susceptible de asistencia externa, filtraciones y mercados clandestinos. Si el mecanismo permitía obtener ventajas mediante controles previsibles o insuficientes, el problema no estaba solamente en los jugadores, sino también en el diseño del juego
La institución impuso reglas, pero no logró garantizar que todos participaran bajo condiciones equivalentes. Y cuando una autoridad exige obediencia sin asegurar la integridad del proceso, erosiona la legitimidad que necesita para sancionar. Esto no absuelve al tramposo, pero impide presentar a la institución como una víctima completamente inocente.
¿Fue copiar una manera de vencer a un sistema diseñado para excluir? Para algunos aspirantes pudo sentirse así. La admisión universitaria ocurre en un país donde la educación pública de calidad es escasa y donde miles son descartados no necesariamente por falta de capacidad, sino por insuficiencia de espacios. El examen administra esa exclusión y la convierte en una clasificación aparentemente objetiva.
Pero hay una contradicción brutal: quien hace trampa para rebelarse contra la exclusión no destruye el mecanismo excluyente; simplemente intenta que el excluido sea otro. No amplía la matrícula, no crea nuevas universidades, no corrige la desigualdad educativa. Sólo altera clandestinamente el orden de la fila.
La trampa fue, entonces, una combinación incómoda: competencia desleal, adaptación racional a incentivos defectuosos y, en algunos casos, justificación rebelde de una ventaja privada. Comprender esa racionalidad no significa legitimarla, sino reconocer que los sistemas también educan mediante sus reglas y, en ese sentido, cuando premian el engaño y castigan la honestidad, producen aquello que después condenan.
