Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas
El emplazamiento a juicio ante el Tribunal Electoral, mediante el “juicio para la protección de los derechos del ciudadano”, en contra del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, podría resolverse en los próximos días.
Esto luego de que dos ciudadanos emplearan la nueva Ley de Participación Ciudadana del estado de Chiapas, que permite al ciudadano actuar de manera coercitiva en contra de las autoridades cuando se ignora una petición, dándose en el contexto de la audiencia Pública para las autoridades que omiten dar respuesta.
En este caso, por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al no recibir peticiones de audiencia o atender en tiempo y forma las peticiones que se generan en la población.
Dicho mecanismo tiene la ventaja de que el ciudadano al ser restringido por acción u omisión, como es el caso de haber fenecido el tiempo del presidente municipal, con intención o sin ella, de obstaculizar, menoscabar o anular la petición de audiencia del ciudadano, se puede llegar hasta interponer un Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano, algo que, en tiempos de precampaña nadie quiere.
Estas malas prácticas se dan sistemáticamente en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al no recibir peticiones de audiencia o atender en tiempo y forma las peticiones que se generan en la población.
Como sucedió con los agraviados, que han tenido que esperar cuatro años y 126 días, en un contexto de intolerancia, para ser atendidos
Tras una reunión celebrada este jueves, en la que participaron la Secretaria General del ayuntamiento y el defensor municipal de Derechos Humanos, quien apeló a la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 49, para señalar que la autoridad responsable tiene hasta 15 días para responder mediante un acuerdo o convenio que ponga fin a la petición de los ciudadanos.
En dicha convocatoria también participaron servidores públicos en representación de sus directores, que han diferido con la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y diferenciado la solución del dictamen emitido por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, conculcando la solución por parte de servidores públicos de nivel medio.
Y es que las interpretaciones personales a las Leyes por encima de la Carta Magna han menoscabado la dignidad de los ciudadanos, desde el 11 de junio de 2018 cuando la autoridad municipal resultó responsable, por la negativa de dar seguridad jurídica y actualmente por no garantizar medidas de no repetición.
