Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Al señalar que ocho de cada 10 mujeres que están privadas de su libertad en México son madres, la organización Reinserta hizo un llamado a que, más allá del mes para la erradicación de la violencia contra las mujeres, se atienda la realidad que enfrentan las mujeres en las cárceles mexicanas, que no pocas veces son víctimas de tortura sexual, violencia obstétrica y negligencia médica.
En este sentido, esta organización considera que es esencial implementar medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad, especialmente las que son madres.
Por ejemplo, en Chiapas, en el Centro de Reinserción Social y de Seguridad Pública 5, de los Altos, en mayo de 2023 vivían cinco niños de entre un mes y un año de edad con sus madres. Cuatro de los niños nacieron en los primeros meses de ese año.
La situación de estas mujeres es compleja; el 67.8 por ciento tiene hijos menores de edad, pero el 79.6 por ciento permanece al cuidado de algún familiar.
Muchas se encuentran en cárceles mixtas, donde pueden ser víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad o trabajos forzados, además de que hay casos de mujeres detenidas por delitos como robo con cinco hijos menores, robos para conseguir leche o pañales.
Dos son los casos que ejemplifican el problema de la reclusión de mujeres que son madres: Samantha y Dulce Belén.
Tras quedar embarazada estando en una prisión en Aguascalientes, Samantha de 26 años sufrió tortura sexual y una negligencia médica durante la gestación, lo que culminó con la pérdida de su hija, Victoria.
Mientras que Dulce Belén, una expolicía federal en la Ciudad de México, que ha pasado 11 años en prisión por un delito que no cometió, vivió una tragedia aún mayor. Durante su reclusión, sufrió torturas físicas y psicológicas que provocaron la pérdida de sus gemelos, quienes desaparecieron después de que Dulce fuera ingresada al penal, ya embarazada.
“Desde Reinserta hacemos un llamado a las autoridades para que se actúe con urgencia y se garanticen los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad, especialmente las mujeres. “Instamos a que se tomen medidas reales y eficaces que protejan a las mujeres dentro de los penales del país, asegurando que no sean tratadas desde la venganza, por el simple hecho de estar privadas de su libertad, sino como seres humanos con derechos fundamentales”, señaló la organización.
