Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Al menos seis servidores públicos que forman parte del personal de guardia, custodia, médico y directivo del Centro Federal de Readaptación Social número 15 ubicado en Villa Comaltitlán, incurrieron en responsabilidades que derivaron en la muerte de una persona debido a una intervención tardía y negligente de las autoridades del penal.
Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió la recomendación 138/2023 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a la Fiscalía General del estado de Chiapas.
Según lo informado por la CNDH, el 29 de julio de 2022 falleció en el Hospital General de Huixtla, un recluso que había sido golpeado por otras personas también recluidas, “y que no se avisó de inmediato sobre lo sucedido al personal de seguridad y custodia, sino hasta que la víctima solicitó atención médica”.
Sin embargo, una investigación realizada por esta comisión comprobó la omisión en el deber de cuidado en el que incurrieron las siete personas servidoras públicas señaladas como responsables, pues se comprobó que el día de los hechos, dejaron las puertas de las estancias sin cerrar, intervalo en el que ocurrió la agresión, tras lo cual la persona agredida pidió ayuda a través de un botón de emergencia.
No obstante, los responsables del cuidado atendieron este llamado horas después “se pudo comprobar el incumplimiento de las autoridades responsables para realizar sus funciones de seguridad de forma constante”, señala el informe.
Asimismo, se advirtió que las autoridades señaladas como responsables no operaron conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón de que no garantizaron el respeto a los derechos humanos de todas las personas sujetas al régimen de custodia y vigilancia internas en el centro penitenciario.
Derivado de esta recomendación la CNDH solicitó que se investigue y emitan las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de diseñar y ejecutar un plan de recorridos periódicos en las diversas áreas de los módulos, por parte de personal del área médica, para detectar y dar atención a personas privadas de la libertad que hayan sido víctimas de agresiones físicas, y que aquellas a quienes se les observen lesiones, se les canalice y atienda de manera inmediata.
