Refundirían a desplazados

•          Temen familias chiapanecas alojadas en Guatemala ser víctimas de maltrato y vejaciones en la denominada cárcel Siglo XXI

M de R / Diario de Chiapas

El gobierno mexicano pretende trasladar a la Estación Migratoria Siglo XXI a las más de 400 personas refugiadas en Cuilco, Guatemala, tras huir de la ola de violencia en la Sierra de Chiapas.

Dicha determinación ha sido anunciada este miércoles por funcionarios guatemaltecos, que fue informada a las víctimas de desplazamiento y en todo momento se negaron a realizar el viaje hacia Tapachula, ya que afirman no existen las condiciones para llegar a un sitio que ha sido denunciado como centro de tortura, muerte y maltrato de personas migrantes.

Las familias albergadas ahora en la comunidad Ampliación Nuevo Progreso, señalaron que no confían en las autoridades migratorias y gubernamentales, por lo que han rechazados ser trasladados en autobuses hacia el sur de la Entidad.

A esto sumaron el temor de ser víctimas de la red de corrupción que impera en el Inami, donde funcionarios como Farah Gertrudis han sido señalados de cobrar por espacios o permisos de libre tránsito por México.

“Sabemos de la gran red de corrupción que hay en migración y ahora el gobierno pretende meternos en esa cueva de lobo, exigimos al presidente López Obrador que nos dé una solución óptima y no que nos afecte más con esa determinación”, apuntaron.

Según las primeras confirmaciones del gobierno guatemalteco, el operativo de traslado fue propuesto por el comisionado Francisco Garduño y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que lejos de beneficiar con estas decisiones a los afectados, los hunden más en la penuria y la inseguridad.

Ahora, los damnificados y alojados en Guatemala temen que les quieran hasta cobrar los oficios de salida de la estación migratoria, catalogada como un calabozo por activistas defensores de derechos humanos.

Contrario a esto, las autoridades mexicanas deberían de trasladar a los desplazados a terrenos de la propia Sedena o del gobierno federal, ademas de implementar operativos para disuadir o acabar con las células criminales que controlan Chiapas. 

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