Janet Hernández Cruz / San Cristóbal de Las Casas
Integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunciaron que la construcción de la autopista San Cristóbal–Palenque avanza sin una consulta libre, previa e informada, además de señalar presuntos actos de despojo que afectan a comunidades indígenas de los municipios de Chilón y Ocosingo.
La manifestación se llevó a cabo en la Plaza de la Resistencia, en el centro de San Cristóbal de Las Casas, donde representantes de las comunidades expresaron su rechazo al proyecto carretero. Jacinto Hernández López, representante de MODEVITE en Ocosingo, aseguró que trabajadores vinculados con la obra han ingresado a parcelas para realizar mediciones y afectaciones sin el consentimiento de sus propietarios.
Indicó que al menos 23 comunidades de Chilón y cinco de Ocosingo enfrentan afectaciones directas por el proyecto. Asimismo, denunció que existen pagos incumplidos y que varias familias campesinas han perdido parte de sus tierras, de las cuales dependen para su sustento.
Durante el pronunciamiento, Domingo Miranda López, originario de Chilón, afirmó que la defensa del territorio responde a la necesidad de proteger la tierra, el agua y los recursos naturales que garantizan la alimentación y la continuidad de la vida comunitaria.
A la protesta también se sumaron jóvenes defensores del territorio y la directora del Frayba, quien señaló que la movilización busca hacer valer el derecho de los pueblos indígenas a expresar su postura frente a una obra que aseguran pone en riesgo su patrimonio ambiental, cultural y comunitario.
Las denuncias coinciden con la documentación presentada por la Caravana de Documentación, integrada por CEDIAC, Frayba, DESMI, Brigada Común y MODEVITE, la cual sostiene que el proyecto denominado Ruta de las Culturas Mayas presenta presuntas irregularidades en los procesos de consulta, además de riesgos para sitios sagrados, fuentes de agua, bosques, parcelas campesinas y especies protegidas.
Las organizaciones también cuestionaron que las manifestaciones de impacto ambiental fueran publicadas después de las consultas públicas y señalaron que mantienen recursos legales para impugnar el procedimiento.
